Venezuela no autoriza visita de la CIDH a ese país
El canciller venezolano, Jorge Arreaza, publicó una comunicación donde ratifica la negativa de ese país de recibir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) debido a que la visita "no está autorizada".
Arreaza compartió en su cuenta de Twitter el documento, fechado el pasado 27 de enero y dirigido al secretario ejecutivo de la CIDH, Pablo Abrao, donde se recuerda que el país suramericano no pertenece a la Organización de Estados Americanos (OEA), por lo que no ha invitado a ese órgano consultivo del organismo regional al país.
"El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela no ha invitado o aceptado visita de delegación alguna de la CIDH. La visita anunciada en medios no está autorizada".
¿Qué dice la carta?
En el texto, Caracas recuerda que desde abril de 2019 entró en vigencia la denuncia de Venezuela a la OEA y que "en ningún momento" ha invitado o "dado anuencia" a la CIDH para que visite el país suramericano.
Del mismo modo, explica que "desconoce y no otorga valor jurídico alguno a las actuaciones ante la OEA y la Comisión Interamericana" por quienes usurpen a las autoridades venezolanas.
Esta aclaratoria la realiza el Gobierno del país suramericano ante la difusión a través de los medios de comunicación de una supuesta "visita in loco" para observar los estándares de protección de los derechos humanos entre el 3 y el 8 de febrero de este año.
“La visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) entre el 3 y 8 de febrero es importante, tocarán la alimentación, cárceles, salud, derechos vulnerados de los venezolanos” Carlos Nieto Palma (ONG Una ventana a la libertad) en vivo desde #SonDerechos
— PROVEA (@_Provea) January 29, 2020
En octubre pasado, Venezuela obtuvo una banca en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Previamente, Caracas había firmado un acuerdo con ese organismo internacional para permitir la estancia de dos oficiales de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en el país suramericano.
El documento firmado por Arreza y Bachelet permitirá, en primera instancia, el acceso de oficiales de derechos humanos a las cárceles en Venezuela y se les dará "libertad de movimiento a lo largo del país".