El Tribunal Supremo Electoral de Bolivia (TSE) presentó una querella penal por supuestos delitos cometidos durante las elecciones generales de 2019, entre los que se menciona una posible "alteración de resultados", informó el sitio oficial Fuente Directa.
Aquellos comicios, celebrados en octubre del año pasado, dieron como ganador reelecto al expresidente Evo Morales, quien luego resultó depuesto por un golpe de Estado, en medio de violentas manifestaciones opositoras.
La denuncia, presentada la semana pasada ante el Ministerio Público, apunta a quienes resultasen autores, cómplices, instigadores y/o encubridores de la presunta comisión de los delitos electorales de "falsificación de documentos", "manipulación informática" y "alteración y ocultación de resultados".
El TSE refiere a la polémica desatada tras la suspensión momentánea del recuento provisional oficial, cuyos resultados parciales, con el 83,76 % del total de votos, daban como ganador a Morales.
Tras retomar el chequeo de datos, el escrutinio definitivo arrojó una ajustada victoria del líder del MAS sobre el opositor Carlos Mesa, que le permitiría al presidente iniciar un cuarto mandato consecutivo sin pasar por el balotaje.
¿Una elección doblemente postergada?
El viernes, la presidenta de facto Jeanine Áñez, quien tomó el poder luego del golpe, se negó a promulgar la ley que establece la fecha de elecciones para el 6 de septiembre, alegando un riesgo para la población debido a la pandemia de coronavirus.
La oposición, especialmente el MAS, cuyo candidato Luis Arce lidera las encuestas aventajando por 15 puntos a Mesa, su rival más cercano, reclaman a Áñez que permita la realización de los nuevos comicios lo antes posible. La fecha original, del 2 de agosto, fue descartada por la crisis del coronavirus.
La mandataria de facto es también postulante en la contienda electoral —está tercera en los sondeos—, por lo que la postergación de la jornada democrática podría servirle para ganar tiempo en la construcción de una nueva estrategia de campaña.
Este lunes, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Choque, adelantó que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) promulgará la ley de postergación de las elecciones generales, si es que no lo hace la presidenta de facto.
La Constitución boliviana establece que la mandataria tiene 10 días para pronunciarse, rechazando o aceptando esta ley. El plazo vence el próximo 24 de junio. "Si la rechaza, tendremos que ser nosotros nuevamente quienes la aprobemos, tal cual el pueblo boliviano lo está pidiendo", dijo Choque en una rueda de prensa.
Añez condicionó la promulgación de la ley mediante un pedido realizado a la titular del Senado, Eva Copa, a quien le solicitó un informe epidemiológico que demuestre que será seguro votar el día 6 de septiembre.
La semana pasada, un estudio llevado a cabo por investigadores independientes arrojó que el informe sobre un supuesto fraude en las elecciones presidenciales de Bolivia, hecho por la Organización de Estados Americanos (OEA) tras la auditoría de los resultados, fue "deficiente", estuvo basado en "datos incorrectos" y "técnicas estadísticas inapropiadas".