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Etchecolatz y 'Tigre' Acosta, emblemáticos represores de la dictadura argentina, tienen coronavirus
Por lo menos 22 condenados por delitos de lesa humanidad obtuvieron el beneficio de prisión domiciliaria a partir de la pandemia.
Jorge 'el Tigre' Acosta y Miguel Etchecolatz, dos de los represores más emblemáticos de la última dictadura militar argentina, se contagiaron de coronavirus, y con ellos ya suman más de 40 los condenados por delitos de lesa humanidad que tienen la enfermedad.
Fuentes del Servicio Penitenciario Federal confirmaron que ambos criminales, quienes cumplen condenas a cadena perpetua, quedaron aislados en unidades médicas especiales, al igual que ha ocurrido en el resto de los casos.
Acosta, de 79 años, fue uno de los jefes de la Escuela de Mecánica de la Armada, la ESMA, uno de los centros clandestinos de detención más grandes de América Latina que estaba en Buenos Aires y donde fueron secuestradas, torturadas, asesinadas y desaparecidas alrededor de 5.000 víctimas.
Etchecolatz fue trasladado a la Unidad 21 -- Hospital Muñiz -- y Acosta al Hospital Naval. Acosta está internado allí con otros dos represores de ESMA. El TOF 5 ordenó que permanezca allí aun cuando esté en condiciones de alta médica.
— Luciana Bertoia (@LucianaBertoia) August 6, 2020
El marino, al que le retiraron el cargo de capitán de fragata, fue condenado a perpetua en 2011, y desde entonces cumplía su pena en el Complejo Penitenciario de Ezeiza, ubicado en las afueras de la capital argentina, en donde hay un pabellón especial para criminales de lesa humanidad.
Ahí también se encontraba Etchecolatz, un expolicía de 91 años cuyo nombre se convirtió en símbolo de terror ya que fue autor de múltiples crímenes gracias al cargo que ocupó como director de Investigaciones de la Policía de Buenos Aires. Ha sido condenado en cinco juicios por los delitos de secuestros, asesinatos, desapariciones, torturas y apropiación de menores.
Desde que comenzó la pandemia, Acosta y Etchecolatz y decenas de represores más aprovecharon para tramitar en reiteradas ocasiones el beneficio de prisión domiciliaria con el argumento de que temían contagiarse, pero la mayor parte de las peticiones fueron denegadas.
Contagios en cascada
El primer caso confirmado de represores con Covid-19 fue Luis Muiña, un civil de 65 años que formó parte del grupo de represores que transformaron un sector del Hospital Posadas, ubicado en Buenos Aires, en un centro clandestino de detención en donde decenas de trabajadores fueron secuestrados y desaparecidos.
Muiña, quien torturaba a sus víctimas aplicándoles la picana eléctrica, quemándoles el cuerpo con cigarrillos y metiendo sus cabezas en agua, y también las desaparecía, fue condenado en varios juicios, uno de ellos a cadena perpetua.
La confirmación se dio a fines de abril y reabrió el debate sobre los trámites de prisiones domiciliarias en favor de los represores, ya que los organismos de derechos humanos se resisten a que se les beneficie con este derecho porque nunca han confesado sus crímenes, ni dónde están y qué hicieron con los 30.000 desaparecidos que dejó la dictadura.
Genocidas usan #COVID19 para pedir impunidad. X años burlaron la justicia y luego en la cárcel recibieron privilegios, mientras presos comunes sufren hacinamiento y condiciones sanitarias deplorables. Q se tomen recaudos, pero q no se habilite la impunidad #NoDamosVueltaLaPagina
— Myriam Bregman (@myriambregman) March 24, 2020
La Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad reveló que 177 condenados han solicitado su traslado de las prisiones a sus casas para prevenir el contagio.
De acuerdo con el último reporte de este organismo, actualizado al 26 de junio, el número de detenidos por estos delitos aumentó de 884 a 905 en el último año.
El incremento también se ha registrado en las prisiones domiciliarias, ya que bajo esta modalidad se encuentran 649 personas, a diferencia de las 608 que había el año pasado.
"Ese incremento se debe, en parte, al contexto de pandemia y a la entrada en vigencia del Decreto 260/20, a partir del cual muchos detenidos solicitaron la morigeración de la modalidad de prisión con arresto domiciliario, de los cuales 22 personas obtuvieron este beneficio", señaló.
El informe detalló que actualmente hay 3.316 personas investigadas por delitos de lesa humanidad, de las cuales 995 están condenadas. A ellas se les suman 605 procesados, 540 imputados, 181 con falta de mérito, 162 absueltos, 91 sobreseídos, 71 indagados y 26 prófugos.
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