El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Argentina no suscribió este martes la declaración del Grupo de Lima, en la que 14 países expresaron su "rechazo" a la celebración de elecciones parlamentarias en Venezuela.
A través de un comunicado, la Cancillería aclaró que la Casa Rosada no coincide con la posición adoptada por el cónclave, hostil con el gobierno de Nicolás Maduro, y reiteró que no reconoce al diputado opositor Juan Guaidó como autoridad máxima del país suramericano, ya que "nunca tuvo el ejercicio efectivo del gobiernode la República Bolivariana de Venezuela", señala el texto.
La cartera que dirige el canciller Felipe Solá expresó además su preocupación por el "llamado a una intervención extrarregional", ya que "no se corresponde con la gravedad de los problemas ni con el tipo de desafíos que enfrenta Venezuela". En ese sentido, señala Argentina que esa vía de acción podría generar "un precedente de consecuencias impredecibles para América Latina y el Caribe".
En relación a las elecciones parlamentarias, el Gobierno de Alberto Fernández abogó por su realización, y sostuvo que confía en "la gran vocación democrática del pueblo venezolano". "Creemos que solo por la vía electoral puede establecerse de manera pacífica y racional una ruta consensuada e inclusiva para resolver las diferencias políticas en Venezuela, respetando su Constitución", dice el comunicado.
Por otra parte, la Casa Rosada expresó que comparte con la comunidad internacional la "profunda preocupación por la situación de violaciones a los derechos humanos y exhorta al Gobierno venezolano a investigar, juzgar y castigar a los responsables". Al mismo tiempo, manifestó su apoyo al trabajo de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien desde 2019 analiza una serie de denuncias.
Según la Declaración firmada por el Grupo de Lima, los comicios, previstos para el 6 de diciembre, no cuentan con "garantías democráticas".
En ese documento, además, la agrupación "renueva" su respaldo a Guaidó como "presidente interino" de Venezuela, a pesar de que el político perderá la investidura de legislador después de los comicios, tal como lo establece la Constitución venezolana.
Tensión en Buenos Aires por la política exterior
La semana pasada, Argentina emitió un voto contrario a Venezuela en el consejo de Derechos Humanos de la ONU, decisión que tuvo un impacto político tanto fuera como dentro del país.
En el exterior, el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, lamentó que la administración peronista se dejara "arrastrar por las pretensiones intervencionistas y hostiles del Grupo de Lima".
La propuesta que apoyó Argentina planteaba la permanencia por dos años de una misión independiente de la ONU —que ya ha sido cuestionada por Caracas— en Venezuela, para hacer seguimiento del tema de los derechos humanos.
Sin embargo, Buenos Aires no respaldó la otra resolución -planteada por Irán, Siria, Turquía y Venezuela-, que buscaba fortalecer la cooperación entre la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos con Caracas. Esta propuesta fue la que finalmente se impuso.
A nivel interno, dicha votación generó un conflicto en el Gobierno en Argentina, ya que el ala más dura del kirchnerismo no estuvo de acuerdo con la decisión. Tanto es así, que la embajadora argentina en Rusia, Alicia Castro, decidió presentar la renuncia al cargo por no estar de acuerdo con la "política exterior" de Buenos Aires.