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La Guardia Nacional de México desaloja a campesinos que mantenían un plantón contra la termoeléctrica de Huexca
Cerca de 300 uniformados intervinieron para que la Comisión Federal de Electricidad retomara las obras, detenidas por un conflicto agrario en el estado de Morelos.
Integrantes de la Guardia Nacional desalojaron a un grupo de campesinos que mantenían un plantón que buscaba impedir la culminación de las obras de la termoeléctrica de Huexca, Morelos, en el centro de México.
La situación revivió un conflicto que significó el primer choque entre el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador con organizaciones campesinas. El desalojo ocurrió alrededor de las 2:15 horas de la madrugada de este lunes 23 de noviembre, en la localidad de Apatlaco.
De acuerdo con el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala (FPDTA) -la organización de campesinos que protesta contra la instalación de la central eléctrica-, cerca de 300 elementos de la Guardia Nacional sacaron a 10 personas del plantón que sostenían desde hace 4 años los ejidos de Ayala, a ambos lados del Río Cuautla.
Denuncian "traición"
"El Gobierno federal aprovecha la contingencia generada por el virus covid-19 para imponer este megaproyecto", señaló el FPDTA, a través de un comunicado al cual RT tuvo acceso.
Según esa organización, existen 19 amparos vigentes para impedir la construcción de la termoeléctrica, de los cuales nueve implican suspensiones para uso del agua, uno el aplazamiento de un gasoducto, y otro con una medida para que no contaminen el Río Cuautla con las aguas de purga de la central.
La construcción de la termoeléctrica de Huexca es parte del Proyecto Integral Morelos (PIM), que pretende transportar diariamente 9.000 millones de litros de gas natural, a través de un gasoducto de 160 kilómetros de longitud. Ese gasoducto pasa por las faldas del volcán Popocatépetl y atraviesa 60 comunidades campesinas de los estados de Tlaxcala, Puebla y Morelos.
Por ese motivo, los campesinos inconformes acusaron al presidente López Obrador de "traición" por impulsar un megaproyecto de infraestructura, con el argumento de que ya se han invertido 25.000 millones de pesos (1.239 millones de dólares) en la termoeléctrica de Huexca.
"Hoy se culmina la traición de López Obrador al pueblo campesino de Morelos y pueblos originarios que son afectados por el Proyecto Integral Morelos", señaló el FPDTA.
"No existe impedimento"
Por su parte, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó en un comunicado que "actualmente no existe ningún impedimento legal para el reinicio de las obras ni para el inicio de operaciones de la central generadora, ya que no existe orden alguna de jueces que lo impida".
En este sentido, la dependencia federal señaló que "por tratarse de instalaciones estratégicas, en el reinicio de labores participó la Guardia Nacional con el propósito únicamente de salvaguardar el patrimonio nacional".
La CFE aseguró que la intervención de los uniformados se realizó "con total respeto de los derechos humanos", certificada ante notarios.
Se prevé que, en caso de entrar en operación, la central generará electricidad para satisfacer la demanda del 80 % del estado de Morelos, sin depender de empresas privadas.
Historia de un conflicto
A inicios de 2019, durante los primeros meses de la administración de López Obrador, un grupo de campesinos protestó contra la reanudación de la termoeléctrica de Huexca, a pesar de que en 2014 el mandatario mexicano se había pronunciado en contra del proyecto.
En medio de las protestas, Samir Flores, líder comunitario opositor a la termoeléctrica, fue asesinado en su domicilio, lo que detonó la molestia de los ejidatarios.
Con el fin de retomar las obras, el Gobierno federal impulsó de forma apresurada una consulta ciudadana donde se aprobó el proyecto. El proceso fue desconocido por los campesinos inconformes, que alegaron que había sido poco transparente, lo que derivó en una serie de recursos legales para tratar de frenar el proyecto.
Sin embargo, en septiembre pasado, López Obrador señaló ya no había impedimentos legales para continuar con las obras, una declaración que ha sido negada por los campesinos y que explica la vigencia del conflicto.
Manuel Hernández Borbolla
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