EE.UU. anuncia la entrada en vigor de los acuerdos de asilo firmados con Guatemala, Honduras y El Salvador para frenar el flujo migratorio

El Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. (DHS, por sus siglas en inglés) informó que este martes 29 de diciembre entraron en vigor los Acuerdos de Cooperación de Asilo (ACA), firmados con los Gobiernos de Guatemala, Honduras y El Salvador, para reducir el flujo migratorio hacia el país norteamericano. 

La implementación de ACA faculta al Gobierno estadounidense para seleccionar a los migrantes que buscan protección humanitaria en sus fronteras para transferirlos a cualquiera de las tres naciones centroamericanas.

Esta atribución de Washington deberá realizarse "en coordinación con el país participante correspondiente", según reza un comunicado de prensa publicado en el sitio web de DHS. 

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De acuerdo con palabras del secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional, Chad F. Wolf, la implementación de estos acuerdos con Guatemala, Honduras y El Salvador fortalecerán "las capacidades generales de asilo" de las naciones del Triángulo Norte y "permitirá a los solicitantes de asilo acceder a la protección más cerca de su hogar". 

Wolf destacó que la Administración de Donald Trump, a través del Departamento de Seguridad Nacional, está utilizando "todas las herramientas disponibles a su disposición para mitigar la actual crisis humanitaria y de seguridad en la frontera". 

Durante el año fiscal 2019, que comprende del 1 de octubre de 2018 al 30 de septiembre de 2019, más del 71 % de los migrantes detenidos en la frontera sur de EE.UU. provenían de Guatemala, Honduras y El Salvador, según información del Gobierno estadounidense. 

Acuerdos de cooperación

Además de ACA, Washington tiene otros convenios de cooperación en materia de seguridad con los países del Triángulo Norte. Uno de ellos faculta a los funcionarios de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para asesorar a las autoridades de las naciones centroamericanas. 

Otro convenio establece el intercambio de información biométrica y datos personales para detectar a "migrantes irregulares" e identificar "las actividades de organizaciones transnacionales criminales, traficantes ilegales de personas y criminales buscados por la ley", según explica el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense.