¿Hay 'normalidad democrática' en España? Pablo Iglesias agita el debate desde el seno del Gobierno

En una entrevista concedida el pasado 8 de Febrero al diario catalán Ara, el vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030 del Gobierno de España, Pablo Iglesias, declaró que en su país "no hay una situación de plena normalidad democrática", estableciendo el epicentro de un terremoto político cuyas réplicas se han dejado sentir diariamente en las últimas semanas.

Esta polémica declaración formaba parte de la contestación a una pregunta sobre la manera en que el ministro ruso Serguei Lavrov confrontó al jefe de la diplomacia de la Unión Europea, el español socialista Josep Borrell, a propósito del opositor ruso Alexéi Navalny. Lavrov reprochó a Borrell la existencia de presos políticos en España, en referencia a los dirigentes independentistas encarcelados. 

"No hay una situación de plena normalidad política y democrática en España cuando los líderes de los dos partidos que gobiernan Cataluña, el uno está en la cárcel [Oriol Junqueras] y el otro [Carles Puigdemont] en Bruselas", dijo exactamente el vicepresidente Español, que en la misma respuesta se refirió también a la condena de prisión al rapero Pablo Hasél, por el contenido de algunas de sus canciones y de varios tuits: "Como demócrata entiendo que no beneficia a la imagen de España que alguien pueda acabar en la prisión por cantar, diga lo que diga en sus canciones", manifestó.

Desde entonces, Podemos, partido del que Iglesias es Secretario General, y que es parte de la formación Unidas Podemos, que gobierna España en coalición con el PSOE, se ha vuelto especialmente combativo en esta particular denuncia, y se mantiene firme en ella pesar de la tormenta de críticas que está generando su postura. 

Con este cuestionamiento del sistema político nacional, la formación morada reactiva uno de los motores del que fuera su discurso político inicial, con el que irrumpió en la arena política del país seduciendo, a mediados de la década pasada, a un número de votantes suficiente para convertirse en una importante fuerza parlamentaria y en una referencia izquierdista que parecía amenazar la propia hegemonía del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en ese lado del espectro.

Hechos que parecen síntomas

Los últimos acontecimientos no han hecho sino echar gasolina a las incendiarias palabras de Iglesias, y aportar argumentos a su favor: el citado encarcelamiento de Pablo Hasél; la impunidad con la que se desarrolló un acto abiertamente neonazi en pleno centro de la capital de España; y el insólito fallo de un tribunal que exculpó a la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes, a pesar de que se benefició de un delito técnicamente cometido por otras funcionarias, que sí resultaron condenadas.

La idea aparece ahora una y otra vez en el discurso de Iglesias y de su partido, que se muestran enérgicamente dispuestos a demostrar que están en lo cierto cuando niegan que la democracia de España sea una realidad plena.

Sin embargo, esta vez, ese cuestionamiento directo de la democracia española no lo ejerce Iglesias en calidad de líder carismático de un partido joven y combativo, sino desde la propia vicepresidencia del Gobierno de coalición, en cuyo seno, como era previsible, se registraron enseguida las primeras convulsiones: inmediatamente, varias voces del PSOE se lanzaron a tapar las posibles grietas que pudieran surgir tras las declaraciones de su socio. 

La vicepresidenta primera y ministra de la Presidencia, Carmen Calvo, se apresuró a afirmar que España tiene "la normalidad propia de un Estado de Derecho" y aseguró que discrepa "absolutamente" de la opinión de Iglesias al respecto; el ministro de Transportes y secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, aseveró que la española "es una de las democracias de mayor calidad que existen en el mundo"; y la ministra de Defensa, Margarita Robles, instó a los ciudadanos a sentirse "muy orgullosos de España" porque es un país "con una democracia plena" y "de las más avanzadas del mundo, con instituciones sólidas, con derechos y libertades consolidadas". 

Un elefante en el Congreso  

Como varios analistas y el propio Iglesias han señalado en los últimos días, la premura con la que el PSOE ha salido al paso de las declaraciones del vicepresidente, así como el hecho de que el asunto haya asumido el protagonismo de la actualidad política del país, casi indica por sí solo que el tema está cargado de tensión, que muy probablemente apunta a un asunto irresuelto en la historia política de España y que, como tal, podría estar manifestándose con cierta insistencia en el presente.

Tanto es así que el tema, de una manera natural y aparentemente inevitable, ha copado la primera parte de la sesión de control parlamentario al Gobierno de este miércoles, en la que la práctica totalidad de los grupos de la cámara hicieron mención, de una forma u otra, a la desafiante afirmación de Iglesias, en sucesivas intervenciones que obligaron a varios miembros socialistas del Gobierno a defenderse, citando incluso estudios que acreditarían la buena salud democrática del país ibérico. 

Una de las más directas menciones se materializó en una pregunta formulada al vicepresidente Iglesias por el diputado y secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea: "¿Sigue creyendo que España no es una democracia plena?".

Como respuesta, Pablo Iglesias le recomendó la lectura del libro 'No pienses en un elefante', del investigador y lingüista norteamericano George Lakoff, que expone la relación entre el lenguaje y el pensamiento, y explica su mecanismo de funcionamiento en el ámbito de la política.

"La palabra 'elefante' hace que evoquemos automáticamente a un animal de trompa flexible y orejas grandes. Incluso cuando le pedimos a alguien que no piense en uno, lo estamos evocando. No solo eso: estamos dando carta de validez a esa palabra para referirnos a ese animal en concreto", escribe Lakoff, en una explicación que en cierta manera refleja lo que está ocurriendo ahora mismo en España: cuanto más se discute la noción de que existen anomalías democráticas en el país, más omnipresente se vuelve el asunto en la agenda política nacional, y más se consolida como un marco interpretativo desde el que analizar determinados acontecimientos de su actualidad.

"No sé si usted también tiene la sensación de que el tema de discusión fundamental en esta sesión de control es si hay plena normalidad democrática en España", dijo Iglesias a García Egea, al que invitó a plantearse "lo que significa que ése sea el principal tema de discusión en el Congreso de los Diputados". "Respondiendo a su pregunta: ojalá hubiera plena normalidad democrática", agregó el vicepresidente.

Un rapero en la cárcel, neonazis por las calles y un fallo judicial sorprendente

Lo cierto es que Podemos no es la única organización preocupada sobre el estado de la democracia española. El ya referido encarcelamiento de Pablo Hasél ha hecho saltar las alarmas de varias organizaciones civiles en defensa de los Derechos Humanos.

Una de ellas es Amnistía Internacional, que insiste en que los delitos delito de enaltecimiento del terrorismo y los de injurias a las instituciones del Estado –los dos tipos penales por los que ha sido condenado el rapero– deben desaparecer del Código Penal, porque "no cumplen con los estándares internacionales de Derechos Humanos sobre libertad de expresión".

Desde Amnistía Internacional creen que "usar el Código Penal con el propósito o efecto de inhibir la crítica legítima a las instituciones viola la libertad de expresión", y que España "tiene todavía un camino que recorrer para convertirse en un país libre de violaciones de Derechos Humanos", afirmación que entra en sintonía con las tesis de quienes lamentan carencias democráticas en el país. 

Otro de los acontecimientos que han puesto sobre la mesa el mismo debate ha sido la celebración, con impunidad, sin trabas y a plena luz del día, en el centro de Madrid, de una ceremonia neofascista en honor de la División Azul, la unidad militar española que luchó al servicio de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial.

En ella, una oradora llegó a declarar al pueblo judío como "el enemigo" al que hay que combatir para defender España y Europa, y otro de los participantes animó a su audiencia a incumplir deliberadamente las medidas sanitarias contra el coronavirus. 

"Hace falta que incumpláis el toque de queda, que os reunáis con vuestros familiares y amigos, que seáis más de seis como somos hoy aquí; y que os abracéis, y que cantéis y que viváis alegres, porque el fascismo es alegría", dijo este último, que no era otro que Ignacio Menéndez, conocido en España por ser el abogado del ultraderechista Carlos García Juliá, recién excarcelado coautor de la Matanza de Atocha en 1977, uno de los más sangrientos episodios del terrorismo tardo-franquista, en el que fueron asesinados cinco abogados laboralistas del Partido Comunista de España.

Las imágenes de este acto fascista trascendieron el lunes, pocas horas después del momento en el que la Policía accedía al recinto donde se hallaba encerrado Pablo Hasél para llevárselo detenido y ejecutar su ingreso en prisión. 

El contraste entre las dos noticias no pasó desapercibido para muchos usuarios de las redes sociales, que lo conectaron irónicamente con el concepto de "normalidad democrática".

Pero el lunes 15 de febrero aún daría para más: la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, acusada de falsificar su Trabajo de Fin de Máster en una universidad española para obtener ilícitamente el título y engrosar así sus credenciales académicas, resultaba absuelta en un fallo judicial que, no obstante, sí impuso penas de cárcel a la profesora universitaria que falseó sus notas y a una asesora de la exmandataria también implicada en la trama.

En otras palabras: se cometió un delito de manera flagrante en beneficio único de la expresidenta Cifuentes, pero solo pagarán por él quienes incurrieron en su ejecución técnica, mientras la política saldrá de la causa libre y sin cargo alguno.

La desconfianza en la "normalidad democrática" de España volvía a verse torpedeada desde la propia actualidad informativa del país.

De alguna manera, el mantra sarcástico de la "normalidad democrática" se había convertido ya en el 'elefante de Lakoff' al que hacía referencia Pablo Iglesias en el Congreso, y una vez evocado por la opinión pública, comenzaba a ser una explicación plausible para muchos de los acontecimientos del país.

Por ejemplo, las recientes cargas de la policía en la localidad de Linares (Jaén), tras las protestas de los lugareños ante los excesos cometidos por dos de sus agentes: "normalidad democrática".

La excarcelación (en régimen de libertad condicional) del exministro y exvicepresidente español Rodrigo Rato –condenado en 2018 a cuatro años y medio de cárcel por corrupción–, por tener más 70 años y mostrar un "pronóstico favorable" de reinserción: "normalidad democrática".

El traslado a Emiratos Árabes del rey emérito Juan Carlos I, exjefe de Estado cuyo nombre aparece en varias investigaciones de tramas corruptas: "normalidad democrática".

Parece evidente que el cuestionamiento abierto por Pablo Iglesias ha calado ostensiblemente en una parte de la sociedad española, que lo ha incorporado con fluidez a su mirada crítica de la realidad.

Sin embargo, en un examen efectuado en función de estándares globales de medición de la calidad democrática, España saca buenas notas.

La 22º mejor democracia del mundo

El estudio que citó este miércoles Pedro Sánchez para defender la solvencia democrática de su país en el Congreso de los Diputados no es otro que el elaborado a principios de este mes de Febrero por la revista The Economist, que otorga a la democracia española una puntuación de 8,12 sobre 10.

Con esta puntuación, España obtiene la calificación de "democracia plena" y se sitúa en el puesto 22º del ránking mundial, por encima de países como Francia o EE.UU., que situadas ligeramente por debajo del país ibérico –en el puesto 24º y 25º respectivamente– aparecen ya como "democracias defectuosas".

El estudio, en conjunto, refleja un declive de la democracia a nivel global, precisando que en el último año la puntuación global promedio ha caído unas décimas, del 5,44 al 5,37.

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El trabajo de The Economist tiene en cuenta cinco criterios básicos para elaborar su ránking: procesos electorales y pluralismo; legitimidad y funcionalidad del Gobierno; participación política; cultura política, y libertades civiles. De estos aspectos se derivan puntuaciones en función de las cuales se califica a cada Estado examinado como "democracia plena", "democracia defectuosa", "régimen híbrido" o "régimen autoritario".

En cualquier caso, la calificación de España en ese estudio externo contrasta con la aparente percepción interna de sus habitantes. Según refleja el último Eurobarómetro del Parlamento Europeo, difundido el pasado viernes, más de la mitad de los ciudadanos del Estado español no están satisfechos con el funcionamiento de su democracia.

Exactamente el 53% de los españoles se muestra poco o nada satisfecho en este sentido, mientras la media de insatisfacción de los 27 países miembros de la Unión Europea se sitúa en el 41%.

Solo el 46% de los ciudadanos de España se declara satisfecho con el funcionamiento institucional de su país, una proporción que se eleva hasta el 57% en el promedio de la UE.

David Romero