Nuevo choque de López Obrador con el Poder Judicial por la reforma energética: ¿los intereses privados contra el Estado?

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, desató críticas de integrantes del Poder Judicial, después de que pidiera indagar al juez que suspendió la 'contrarreforma energética' que daba prioridad a la empresa estatal en la generación de electricidad, frente a compañías privadas.

Este nuevo roce puso en evidencia las presiones políticas desde el Ejecutivo contra el Poder Judicial y las estructuras jurídicas actuales, que algunos seguidores de López Obrador califican como un nuevo caso de 'lawfare'. 

¿Cómo surgió la polémica?

El pasado 11 de marzo, apenas un día después de que entrara en vigor la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, Juan Pablo Gómez Fierro, juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa, especializado en Competencia Económica, otorgó una suspensión temporal de la norma al argumentar que la medida aprobada por el Congreso afectaba "la competencia y el desarrollo del sector".

La suspensión se otorgó a solicitud de dos empresas privadas: Parque Solar Orejana y Eoliatec del Pacífico­.

Tras darse a conocer la medida, López Obrador pidió investigar si había corrupción en la suspensión expedida por el juez, porque consideró sospechosa la celeridad con la que se había resuelto el tema en el tribunal.

Ante los señalamientos del mandatario, jueces y magistrados consideraron que esas posturas del Ejecutivo "ponen en duda la actuación de las y los juzgadores", al tiempo que aseguraron que el "único compromiso" de los magistrados es "con la Constitución y la independencia para garantizar un efectivo Estado de derecho".

Por su parte, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, respaldó la autonomía de los integrantes del Poder Judicial y defendió las resoluciones del Consejo de la Judicatura Federal (CJF, organismo encargado de supervisar la labor de los jueces).

"Sus fallos pueden ser recurridos, pero siempre respetados bajo la óptica de la independencia judicial", dijo Zaldívar en un mensaje en redes, publicado el 13 de marzo. 

El mensaje de Zaldívar llamó la atención debido a su cercanía y alianza con López Obrador, cuya administración promovió nombramiento como ministro al frente de la SCJN, como parte de un esfuerzo conjunto para "limpiar" el Poder Judicial.

La carta de López Obrador

Este lunes, López Obrador anunció que había enviado una carta a Zaldívar para que, "de manera respetuosa, en observancia al principio de separación de poderes", el CJF "determine e informe si a la autoridad judicial mencionada le correspondía o no aplicar de manera oficiosa a quienes no lo solicitaron y si es de su competencia o no resolver sobre este caso".

El presidente también pidió que el CJF lleve a cabo una investigación para "esclarecer la actuación del juez Gómez Fierro en este episodio".

"No omito manifestarle, que alrededor de este asunto actúan personas, organizaciones y empresas afines al antiguo régimen, que en función de sus conocidos intereses económicos y políticos, tenían como modus operando, la corrupción y el influyentismo, con lo que han afectado gravemente la Hacienda Pública y la economía de la mayoría de los mexicanos, en especial, de los más pobres", dijo el presidente en su carta.

Durante la lectura del documento, el mandatario mexicano acusó al empresario Claudio X. González, allegado a la oposición, y al exministro José Ramón Cossío, de formar parte de un "buró legal" que busca entorpecer la construcción de obras y los cambios dentro del proyecto político que impulsa en el país, al que ha denominado como la "Cuarta Transformación".

¿'Lawfare' o arrebato autoritario?

El choque entre el presidente mexicano y el Poder Judicial desató un debate con opiniones divididas sobre las implicaciones políticas de este asunto.

Por un lado, algunos políticos y analistas consideraron que las presiones políticas de López Obrador contra un juez, que dictó una sentencia contraria a los intereses del Gobierno, forma parte de un arrebato autoritario del presidente.

En contraparte, algunos usuarios en redes consideraron que la resolución del juez que suspendió la reforma eléctrica es parte del entramado de una supuesta "guerra judicial", que buscaría preservar los intereses de las grandes empresas y las élites que han detentado el poder económico en México durante las últimas décadas.

De acuerdo con el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG), el 'lawfare' o guerra judicial se define como la "supremacía y abuso del aparato judicial, articulada con la manipulación de la opinión operada por los medios de comunicación para expulsar de la política a determinados líderes y grupos, con el objetivo inmediato de restaurar el orden neoliberal".

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Sin embargo, los choques entre la administración de López Obrador y el Poder Judicial no se han dado únicamente en el terreno económico, ya que, en 2020, el Ejecutivo pidió investigar a un juez que ordenó la liberación de José Ángel Casarrubias Salgado, 'el Mochomo', implicado en la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa. En este caso en particular, la Fiscalía mexicana dijo contar con pruebas de que el magistrado que autorizó la liberación del presunto criminal recibió un soborno millonario. 

El 18 de marzo, el juez Juan Pablo Gómez deberá ratificar la suspensión de la Ley de la Industria Eléctrica, tras escuchar a las dos partes involucradas en el proceso judicial. En caso de que esta proceda, se prevé que tanto el Ejecutivo como el Congreso interpongan una serie de recursos legales para que el tema sea resuelto en otras instancias del Poder Judicial, por lo que el caso podría llegar hasta la Suprema Corte.

Manuel Hernández Borbolla