El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, informó este martes que la semana pasada su país consignó un documento ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) para actualizar los fundamentos de la denuncia hecha en febrero de 2020 por crímenes de lesa humanidad contra EE.UU., por las sanciones contra Caracas.
Arreaza publicó en Twitter la carta enviada a Fatou Bensouda, fiscal de la CPI, donde detalla que el documento contiene un informe de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental de los EE.UU. (GAO, por sus siglas en inglés), del 8 de febrero de 2021.
También incluye otro informe con las conclusiones preliminares de la visita a Venezuela de la Relatora Especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos, Alena Douhan, del 12 de febrero de este año.
La documentación que se pone a disposición de la Fiscalía de la CPI confirma, según la carta, que "existen motivos razonables para creer que las denominadas sanciones, adoptadas por las autoridades de los EE.UU. de América contra Venezuela, constituyen un crimen de lesa humanidad".
El contenido de los informes
En la carta enviada a Bensouda, Venezuela destaca que el informe de la GAO "admite expresamente los elementos subjetivos del crimen [las sanciones]" y, además, "reconoce el impacto negativo generado por las medidas coercitivas unilaterales sobre la economía y los derechos humanos".
En efecto, el informe señala que las sanciones, especialmente las impuestas contra Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) en 2019 durante la Administración de Donald Trump, "probablemente contribuyeron al mayor declive de la economía venezolana, principalmente al limitar los ingresos de la producción de petróleo".
Tras salir a la luz este documento, el presidente Nicolás Maduro se refirió a él y consideró que las conclusiones de ese informe constatan que "las sanciones han sido contra todas las empresas públicas y privadas, contra toda la sociedad venezolana, contra el pueblo. Y eso ha vulnerado el estado de bienestar porque ha vulnerado el ingreso nacional".
Sobre el otro informe, Venezuela indica que se trata del análisis realizado en el terreno por un mecanismo especializado de la ONU, que "ha podido constatar directamente las consecuencias devastadoras" de las sanciones "sobre la vida y otros derechos humanos" de la población civil venezolana.
Justamente, cuando presentó sus conclusiones sobre esta visita, Douhan dijo que el "efecto devastador" y "catastrófico" que han tenido las sanciones sobre toda la población venezolana, se ha dado especialmente sobre "los sectores de extrema pobreza, mujeres, niños, trabajadores de la salud, discapacitados, pacientes con enfermedades crónicas y la población indígena".