El Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia expresó su condena al "doble rasero" empleado por la Organización de Estados Americanos (OEA) para descalificar el proceso judicial contra la expresidenta de facto, Jeanine Áñez, cuando el propio organismo no se pronunció ante las violaciones a los derechos humanos cometidas después del golpe de Estado de 2019.
En un comunicado de prensa, la Cancillería boliviana acusó al secretario general de la OEA, Luis Almagro, de polarizar al país con base en "mentiras", pretendiendo "reavivar el camino de la violencia y la confrontación entre bolivianos".
"El señor Almagro no tiene la autoridad moral ni ética para referirse a Bolivia, después del daño profundo que le hizo al pueblo boliviano con su injerencia colonialista durante el proceso electoral del 2019", apuntó la Cancillería boliviana.
La cartera de Exteriores instó a Almagro a preocuparse por las consecuencias de la Misión de Observación Electoral de la OEA, que determinó en un cuestionado informe que era "estadísticamente improbable" que Evo Morales evitara la segunda vuelta presidencial y resultara ganador de los comicios de 2019.
En ese sentido, la Cancillería señaló que el "informe manipulado y sin elementos ni pruebas de un supuesto fraude" contribuyó a la "convulsión social" y a la "generalización de hechos de violencia", incluyendo la represión de manifestaciones pacíficas por parte del gobierno de facto.
Así respondió la Cancillería al comunicado de la OEA, en el que el organismo expresó su "preocupación" por el supuesto "abuso de mecanismos judiciales que nuevamente se han transformado en instrumentos represivos del partido de Gobierno", en referencia a la detención de Áñez, acusada por los delitos de "terrorismo, sedición y conspiración" en el marco del golpe de Estado que depuso a Morales.
En este sentido, la Cancillería boliviana denunció que Almagro utiliza un discurso sobre derechos humanos para "favorecer a los intereses particulares y políticos que representa", mientras que calla ante "las gravísimas violaciones de derechos humanos cometidas por el gobierno de facto, que abusó de su poder para perseguir, torturar y asesinar" a sus enemigos políticos.
Además de perseguir judicialmente a un centenar de personas del círculo cercano de Morales, Áñez enfrenta acusaciones por su presunta responsabilidad en las matanzas ocurridas en Senkata, Sacaba, Montero y la Zona Sur de La Paz, entre noviembre 2019 y noviembre de 2020.
"Daño al gobierno democrático"
La OEA alimentó las denuncias de fraude con un cuestionado informe preliminar de la jornada electoral del 20 de octubre de 2019, que fue clave para el recrudecimiento de la crisis política. Tras el golpe de Estado y la autojuramentación de Áñez, el organismo calló ante la persecución política de los exfuncionarios y exdirigentes del Movimiento Al Socialismo (MAS), partido de Morales, por parte del gobierno de facto.
Por ese motivo, la Cancillería boliviana acusó a Almagro de aplicar un "doble rasero", al buscar "dañar a un gobierno democráticamente elegido", cuando evitó pronunciarse sobre las violaciones de derechos humanos del gobierno de facto.
"Sus acciones costaron vidas humanas y debe rendir cuentas por su comportamiento parcializado y alejado de la objetividad, que ha desprestigiado a tan importante instancia", apuntó la Cancillería boliviana.
El Gobierno de Luis Arce ha anunciado que tomará iniciativas para que las acciones de Almagro "no queden impunes".
El politólogo Hugo Siles dice que el papel que Almagro desempeñó en las elecciones de 2019 "es calificado como funesto, injerencista y fue un hecho motivador que propició finalmente el golpe de Estado en Bolivia". También destaca que "curiosamente", durante el Gobierno de facto de Jeanine Áñez, el secretario general de la OEA "nunca se pronunció por ningún tipo de persecución o acción contra los derechos humanos".