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¿Bolsonaro contra las redes sociales? Brasil prepara un polémico decreto que limitaría el poder de las compañías para vetar contenidos

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La propuesta, a la que tuvo acceso Folha, propone impedir que las empresas retiren unilateralmente contenido que consideren violatorio de sus términos.
¿Bolsonaro contra las redes sociales? Brasil prepara un polémico decreto que limitaría el poder de las compañías para vetar contenidos

Las redes sociales que sirvieron de portaaviones para el ascenso del ultraderechista Jair Bolsonaro, ahora podrían ser limitadas por el propio mandatario, quien estaría preparando un decreto para impedir que esas plataformas retiren contenido que consideren violatorio de sus términos, sin una orden judicial.

La propuesta de decreto, a la que tuvo acceso Folha, no solo limita la capacidad de las empresas para eliminar contenidos, sino que establece que esto solo sea posible con una orden judicial. Para analistas consultados por ese mismo diario, la medida es "inconstitucional".

Esta iniciativa, cuyo desarrollo aún no ha sido confirmada oficialmente por el Gobierno, se plantea después de que algunas publicaciones del mandatario y sus adeptos fuesen limitadas en Twitter por considerar que difundían información falsa o engañosa, en el contexto de la pandemia, que ha provocado más de 400.000 muertes y más de 15,8 millones de contagios.

"Estamos restringidos"

A principios de este mes, el presidente de Brasil aseguró que su Gobierno preparaba una iniciativa de esta envergadura, tras alegar una supuesta censura por parte de las redes sociales.

"Mi red social es quizás la que más interactúa a nivel mundial. Estamos restringidos, muchos de los que me apoyan están restringidos. Estamos al borde de un decreto para regular el Marco Civil de Internet, dando libertad y castigos a quien no lo respete", aseguró el mandatario en un evento en Planalto.

Aunque los asesores del presidente negaron que ese proyecto estuviera en marcha, el documento que cita Folha habría sido redactado en la secretaría de Cultura, a cargo de Mario Frías, y ya tendría el visado del Ministerio de Turismo. 

De acuerdo a la investigación periodística, una cartera supeditada a Frías sería la encargada de fiscalizar a las empresas de redes sociales. Entre las excepciones que tendrían las compañías para eliminar de manera unilateral los contenidos, sin orden judicial, se establecen: la violación al Estatuto del Niño y del Adolescente, la solicitud de usuarios o terceros, los casos que constituyan delitos, la difusión de información "de práctica o enseñanza" de técnicas para robar datos o vulnerar sistemas.

Sin embargo, el actual decreto deja lagunas para determinar cómo deberían proceder las compañías en caso de perfiles falsos o suplantación de identidad.

¿Inconstitucional?

Si bien hay un debate abierto sobre la discrecionalidad y el poder que tienen las redes sociales sobre los contenidos que se divulgan en sus plataformas, analistas consultados por Folha consideran que ese debate debería darse en el Congreso Nacional en vez de imponerse una normativa por decreto. Además, califican la normativa como ilegal e inconstitucional.

Para esos mismos expertos, el problema es que si la autorización para el retiro de contenidos va a depender casi exclusivamente de una orden judicial, lo más probable es que colapsen antes de poder atender todas las solicitudes que se interpongan. 

Además, la situación plantea varios dilemas, como por ejemplo, la libertad (o no) que tienen esas plataformas para gestionar sus entornos en línea; las trabas que tendrían quienes denuncien cuentas por discursos de odio; o las capacidades que debería tener el Poder Judicial para atender con celeridad la avalancha de recursos que podrían presentarse.

Según el medio a cargo de la investigación, está sobre la mesa la propuesta de multas a las empresas que infrinjan la ley, que podrían ir desde sanciones administrativas hasta penalidades de 10 % de sus ingresos en el país o la prohibición de operar. El proyecto ya habría sido enviado a los Ministerios de Comunicaciones, Justicia y Ciencia y Tecnología, aunque desde el Ejecutivo niegan, hasta ahora, que se esté considerando. 

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