Tres días pasaron para que la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) se pronunciara sobre la decisión del gobierno de El Salvador de romper el acuerdo para combatir la corrupción con la Comisión Internacional contra la Impunidad (Cicies).
La OEA dijo este lunes que lamentaba "profundamente" tanto "el Comunicado de Prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador", como "las razones expuestas" por el gobierno de Nayib Bukele para poner fin al convenio con la Cicies.
El Salvador consideró "un despropósito completo" que el secretario general, Luis Almagro, sumara a Ernesto Muyshondt —actualmente procesado por la justicia de ese país— como asesor de su oficina, por lo que decidió romper el acuerdo con la comisión de la OEA.
"Cometimos el error de confiar en la OEA", señaló Bukele el viernes. "Es un despropósito completo que estemos tratando de combatir la impunidad con, precisamente, las personas que están promoviendo la impunidad en El Salvador", agregó el mandatario en referencia al nombramiento de Muyshondt en la oficina de Almagro.
La reacción se produjo luego que Almagro —sumamente cuestionado en su gestión, sobre todo por sus acciones en Venezuela y Bolivia— informara en Twitter que había acordado incluir a Muyshondt como asesor de su despacho. Sin embargo, ahora la Secretaría General dice que "no fue contratado", sino que solo se le había ofrecido "un contrato honorario" que "nunca se firmó".
La oficina de Almagro alegó que "Muyshondt no tuvo, no tiene y no tendrá contrato en la Organización" y aseguró que antes de "hacer público el ofrecimiento", ellos notificaron a la cancillería salvadoreña, y "en ningún momento" obtuvieron "ninguna discrepancia".
"Semejantes errores argumentales"
La OEA no solo lamentó la decisión de Bukele, sino que también criticó que la postura de El Salvador estuviera fundamentada en "errores argumentales". Alegan que aunque se hubiera dado la contratación de Muyshondt, eso no le hubiese otorgado ni inmunidad y "mucho menos" impunidad ante los tribunales salvadoreños.
No obstante, la secretaría insistió en que "no desea" que lo sucedido sea utilizado "como excusa" para la salida del país centroamericano de la Cicies.
El organismo también advierte que Muyshondt no será perjudicado si "eventualmente" tuvieran que "considerar" las denuncias que él ha realizado sobre una supuesta "violación de garantías del debido proceso" que se lleva en su contra. Según la OEA, esas indagatorias estarían relacionadas al "prejuzgamiento del caso por integrantes del poder Ejecutivo, linchamiento en redes, convocatoria de militancia política para hacer presión sobre la sede judicial, etc".
Muyshondt es investigado por la presunta negociación de una serie de beneficios económicos con pandillas a cambio de votos para la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena), en los comicios presidenciales de 2014.
El exfuncionario fue detenido el pasado viernes 4 de junio por la Policía Nacional Civil, luego de que la Fiscalía General le imputara un nuevo cargo "por el delito de apropiaciones indebidas de retenciones en perjuicio de la Hacienda Pública".
Las "diferencias" de la OEA
La oficina de Almagro insistió en que estaba en el "deber de hacer públicas" las diferencias con el Gobierno de El Salvador, y aseguró que ya eran del "conocimiento de Donantes" y del despacho de Bukele, a quienes informaron "que hacían imposible la continuación de los trabajos" de la Cicies.
Según la secretaría de la OEA, la primera diferencia con El Salvador se originó el pasado 5 de mayo, cuando ese país aprobó —por decreto legislativo— una ley para el uso de productos para tratamientos médicos en situaciones excepcionales de salud para atender la pandemia del covid-19. Según el organismo, esa normativa "eventualmente" daría beneficios a personas vinculadas en actos de corrupción, "por la inmunidad que se establece en el artículo 4 de dicha ley", lo que genera "un marco de eventual impunidad" en el que la Cicies "no podía seguir trabajando".
El organismo también reclama "la necesidad" de que El Salvador apruebe "una reforma al código procesal penal" para que organismos extraterritoriales –como la Cicies– puedan ejercer y ser parte de la acción judicial dentro del país, específicamente, "en los procesos penales e investigaciones que la Fiscalía General de la República realizase en aquellos casos de corrupción que afectaran derechos difusos de la población".
Otra diferencia de la OEA se relaciona con la decisión del gobierno de Bukele "de no hacer público el Primer Informe Descriptivo sobre la Calidad Efectividad y Legitimidad del uso de Fondos Públicos en atención a la pandemia covid-19". Según la oficina de Almagro, en ese informe se constatan "una serie de irregularidades de apariencia delictiva que es necesario investigar". También denuncia que la Fiscalía General salvadoreña habría realizado "en las últimas semanas", un "asfixiamiento" contra la Cicies para cercenar "completamente sus posibilidades" para investigar.
Postura de El Salvador y lo que dice EE.UU.
Para Bukele, la decisión de no seguir la cooperación con esa comisión de la OEA se fundamenta en "la importancia de tener principios". "Nosotros pudimos haber seguido trabajando con ellos y hacer como si nada pasaba. Pero nosotros no trabajamos así", dijo el mandatario, tras manifestar su disposición de colaborar con "otra organización que sí quiera combatir la impunidad".
La OEA, por su parte, asegura que seguirá adelante "sin importar los seguros costos políticos". Entretanto, la embajada de EE.UU. en El Salvador, encabezada por la encargada de negocios, Jean Elizabeth Manes, lamentó la decisión de la Administración de Bukele. "La lucha contra la corrupción es esencial y fundamental. Vamos a seguir buscando la forma de reducir y combatir la corrupción y la impunidad", escribieron desde la embajada norteamericana en el país centroamericano.
Las diferencias y choques entre el gobierno de Bukele y la administración de Joe Biden se han profundizado desde enero de este año, debido al rechazo de Washington a distintas acciones del Estado salvadoreño. El punto más crítico se produjo el 1 de mayo, cuando la Asamblea Nacional de El Salvador destituyó a cinco miembros de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y al Fiscal General, Raúl Melara.
Ahora surge esta nueva rencilla entre la administración de Bukele y el despacho de Almagro que, por ahora, coloca el tema del combate a la corrupción como eje central. Las tensiones, sin embargo, podrían ir en aumento porque la agenda de transparencia de las instituciones es uno de los pilares de la relación de Washington en Centroamérica.