Gobierno de México inhabilita por 10 años al excanciller Luis Videgaray por "falta de veracidad en sus declaraciones patrimoniales"

Luis Videgaray Caso, exsecretario de Hacienda y de Relaciones Exteriores durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), no podrá ocupar ningún cargo público en 10 años por haber mentido en sus declaraciones patrimoniales. 

"La Secretaría de la Función Pública determinó sancionar con inhabilitación por 10 años para ocupar empleos, cargos o comisiones en el servicio público a Luis 'V', por acreditarse la falta de veracidad en sus declaraciones patrimoniales de tres años consecutivos", comunicó la dependencia mexicana este martes. 

Tras el anuncio de la sanción, Videgaray Caso respondió a la Secretaría de la Función Pública, asegurando que sí informó en su declaración patrimonial sobre las tarjetas de crédito a su nombre, solo que en un apartado de observaciones. 

En ese sentido, el exfuncionario aseguró que sus declaraciones patrimoniales de 2015, 2016 y 2017 son "veraces", ya que no ocultó pasivos. Por lo tanto, Videgaray Caso informó que impugnará la resolución de Función Pública. 

Videgaray Caso fue la mano derecha de Peña Nieto desde que este último se desempeñó como gobernador del Estado de México (2005-2011) y, posteriormente, asumió la Presidencia de México por el Partido Revolucionario Institucional (PRI). 

Investigación al peñismo

Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de México en diciembre de 2018, las instituciones mexicanas comenzaron a investigar los delitos de corrupción presuntamente cometidos por los altos funcionarios de Peña Nieto.

En junio de 2019, la Secretaría de la Función Pública inició una investigación patrimonial contra Videgaray Caso por su "posible participación" en la compra irregular que hizo Petróleos Mexicanos (Pemex) de la planta chatarra de fertilizantes Agro Nitrogenados, la cual se efectuó con un sobreprecio de 250 millones de dólares.

Por esta operación también se ha responsabilizado al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, quien fue imputado por la Justicia por asociación delictuosa, lavado de dinero y cohecho en el marco del caso Odebrecht.

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No obstante, Lozoya enfrenta su proceso fuera de prisión debido a que se encuentra negociando con la Fiscalía General de la República (FGR) el criterio de oportunidad, un mecanismo alternativo a la cárcel a cambio de ofrecer información que compruebe que fue parte de un "aparato organizado de corrupción al mas alto nivel del gobierno". 

El 19 de agosto de 2020, Lozoya presentó una denuncia de hechos ante la FGR, en donde acusó a Peña Nieto y a Videgaray de orquestar la entrega de recursos provenientes de Odebrecht para comprar votos de legisladores durante la aprobación de distintas reformas peñistas y favorecer a la constructora brasileña con distintos contratos con Pemex.

En particular, Lozoya aseguró que Videgaray Caso le ordenó usar 1,6 millones de dólares provenientes de Odebrecht para pagar a consultores extranjeros durante la campaña presidencial de Peña Nieto en 2012. Además, el exsecretario de Hacienda presuntamente lo instruyó para entregarle 6,8 millones de pesos (unos 344.894 dólares al tipo de cambio de hoy) a Ricardo Anaya, expresidente del Partido Acción Nacional (PAN), durante la aprobación de la reforma energética en la Cámara de Diputados.

En respuesta, Videgaray acusó a Lozoya de hacer imputaciones "falsas", "absurdas", "inconsistentes" y "temerarias" en su contra. 

"No voy a permitir que por una venganza política se me difame", apuntó Videgaray Caso en un comunicado de prensa publicado el 20 de agosto de 2020. En el texto, el exsecretario de Hacienda señaló que atendería el llamado de las autoridades para "dirimir" las imputaciones en su contra y defender su "honorabilidad".

A raíz de la denuncia penal de Lozoya, la FGR inició una investigación que busca probar que Peña Nieto y Videgaray Caso encabezaron una presunta asociación delictiva con el fin de entregar coimas por 97,1 millones de pesos (4,9 millones de dólares) a un grupo de legisladores mexicanos para aprobar la reforma energética de 2013.