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"No cuenten conmigo para torcer la Justicia": La fiscal general de Ecuador denuncia presiones en una causa que involucra al Gobierno de Moreno
El caso 'Las Torres' investiga presuntos hechos de 'delincuencia organizada' en una trama de corrupción y sobornos instrumentada desde la Contraloría General del Estado (CGE), la estatal Petroecuador y la Secretaría de la Presidencia.
La fiscal general de Ecuador, Diana Salazar, denunció este lunes que exfuncionarios del Gobierno de Lenín Moreno han intentado incidir en una resolución sobre el caso de corrupción conocido como 'Las Torres'.
"Mientras los procesados sigan en el poder será muy difícil que la justicia haga su trabajo con celeridad y transparencia. Veo con preocupación cómo algunas personas continúan gozando del respaldo de quienes les deben favores. Impensable", escribió la autoridad judicial en su cuenta personal de Twitter.
Y añadió: "Insisto: No cuenten conmigo para torcer la justicia, yo no le debo favores a nadie. Ningún procesado debe gozar de privilegios, en ninguna circunstancia, peor si es por cobrar favores que se hicieron con dineros del pueblo ecuatoriano".
Insisto: No cuenten conmigo para torcer la justicia, yo no le debo favores a nadie. Ningún procesado debe gozar de privilegios, en ninguna circunstancia, peor si es por cobrar favores que se hicieron con dineros del pueblo ecuatoriano.
— Diana Salazar M. (@DianaSalazarM2) June 14, 2021
Sus declaraciones motivaron al actual presidente, Guillermo Lasso, a responderle, creyendo que aquella denuncia implicaba a algún integrante de su gestión: "Señora fiscal, con relación a su denuncia, le solicito precisar si algún funcionario de mi Gobierno ha ejercido algún tipo de presión, para proceder en consecuencia", escribió Lasso.
Más tarde, Salazar aclaró que se refería a miembros de la administración anterior: "Señor Presidente, es legítima su preocupación, pero no son funcionarios de su Gobierno, sino exautoridades y personal de otras funciones y 'ciudadanos ilustres' quienes han querido incidir en favor de la revisión de medidas dispuestas al procesado Pablo C.".
'Pablo C.' es el contralor ecuatoriano Pablo Celi, quien fue detenido en prisión preventiva en abril, en el marco de la investigación que la Fiscalía General del Estado (FGE) ha denominado 'Las Torres'. Sin embargo, oficialmente no ha dejado de ser titular del organismo.
La defensa de Celi busca que se revoque la medida cautelar de prisión preventiva que pesa sobre él, pero la fiscal pidió diferir la audiencia de este lunes por un problema de salud. "Espero que la justicia no sienta presión al procesar a una autoridad de control en funciones", dijo.
La causa por 'presunta delincuencia organizada' está relacionada con una trama de corrupción y pedidos de sobornos en la Contraloría General del Estado (CGE), en la estatal Petroecuador y en la Secretaría de la Presidencia.
Además de Celi, la investigación involucra a José Augusto Briones, exsecretario de la Presidencia en el gobierno de Lenín Moreno; su hermano Luis Adolfo Agusto Briones; el hermano del contralor, Esteban Celi; Natalia Cárdenas y Raúl de la Torre Prado, quienes fueron asesores del entonces gerente de Petroecuador, Pablo Flores; así como otras tres personas, identificadas como Silvia L., Ángelo R. y Andrés L.
El proceso se inició en junio de 2019 a raíz de la detención en EE.UU. de ciudadanos ecuatorianos supuestamente vinculados a una investigación por lavado de activos. Ese mismo mes, en el aeropuerto de Miami fue capturado Raúl de la Torre Prado –sobrino de Celi– cuando llevaba consigo 250.000 dólares.
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