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Revelan supuestas negociaciones del gobierno de Bukele con tres pandillas salvadoreñas (y cómo intentó borrar las evidencias)
El objetivo de esas negociaciones, según una investigación de El Faro, fue conseguir que el número de asesinatos en el país centroamericano mantenga su histórico desplome; y, a cambio, las pandillas recibirían beneficios.
Una investigación del portal El Faro reveló que el actual Gobierno de El Salvador presuntamente entabló negociaciones con las organizaciones criminales Mara Salvatrucha-13 (MS-13), Barrio 18 Revolucionarios y Barrio 18 Sureños, dentro de penales de máxima seguridad del país.
Según el medio, el objetivo de esas negociaciones fue conseguir que el número de asesinatos en El Salvador mantenga su histórico desplome; y, a cambio, las pandillas recibirían beneficios en las condiciones de vida carcelarias y también para sus miembros en libertad.
La información se desprende de documentos de la Fiscalía General de la República, que abrió una investigación al respecto, luego de que el mismo medio, El Faro, publicara en septiembre de 2020 otro artículo en el que reveló que el gobierno de Nayib Bukele llevaba un año negociando con la MS-13 para reducir los homicidios en el país centroamericano y en busca de apoyo electoral de cara a las elecciones legislativas de 2021.
El caso fue bautizado por los fiscales como 'Catedral' y las investigaciones arrancaron el 7 de septiembre de 2020, con el allanamiento de varias cárceles, así como de las oficinas centrales de la Dirección General de Centros Penales (DGCP).
Los fiscales habrían descubierto que las negociaciones, que supuestamente se llevaron a cabo en el Penal de Máxima Seguridad de Zacatecoluca y en el Complejo penitenciario de Izalco, además de a la MS-13, incluían a esas dos facciones de Barrio 18.
Según el portal, se destapó que hubo visitas irregulares de personas encapuchadas a las cárceles de máxima seguridad, que eran autorizadas por el director general de Centros Penales, Osiris Luna.
"Luna autorizaba a personas encapuchadas a ingresar a los penales para reunirse con líderes de las tres pandillas, saltándose todos los protocolos legales de ingreso, incluyendo los registros, e incluso dejándoles entrar sin siquiera identificarse", señala el medio.
Los misteriosos encapuchados, detalla El Faro, "eran generalmente funcionarios de la actual Dirección de Reconstrucción del Tejido Social, dirigida por Carlos Marroquín —quien también acudió a las negociaciones—, y líderes pandilleros en libertad que entraban a recibir instrucciones y a transmitir información a sus líderes encarcelados".
Además, según el citado medio, acudieron a los encuentros Dennis Fernando Salinas Bermúdez, quien también trabajó en Tejido Social y actualmente es diputado nacional, y Víctor Manuel Martínez Santana, que se desempeñó como director de Cultura Ciudadana en la misma dirección dirigida por Marroquín.
Entretanto, de parte de los pandilleros, se nombran como participantes de estas reuniones a Carlos Alberto Rivas Barahona ('Chino Tres Colas'), Douglas Geovany Velásquez Navas ('Payaso'), Carlos Ernesto Mojica Lechuga ('Viejo Lyn') y Erick Saúl Villalobos, ('Pitoreta'), de Barrio 18 Sureños; Víctor García Cerón, ('Duke'), Jeffrey Isaac Pérez López ('Xochi') y Rubén Arnoldo Toledo Cea ('El Humilde'), de Barrio 18 Revolucionarios; y Borromeo Enrique Henríquez ('Diablo de Hollywood'), Tiberio Ramírez Valladares ('Snyder de Pasadena'), Elvis Enrique Mejía ('Sayco') y Daniel Jeremías Brizuela Soriano ('Kilo de City Paraísos'), de la MS-13.
En las investigaciones, la Fiscalía habría conseguido fotografías que implicarían a los funcionarios mencionados, ya que se aprecia a Luna caminando junto a los encapuchados, además de escuchas y libros con novedades de las reuniones.
Audios y peticiones de las pandillas
También obtuvieron el teléfono de uno de los pandilleros de la MS-13 involucrado en las negociaciones, concretamente el de alias 'Sayco', donde encontraron mensajes de audio sobre la planificación de las reuniones, incluyendo el disfraz que usarían.
El Faro cita uno de los presuntos audios, en los que un pandillero le comenta a otro que hay nerviosismo de parte de los funcionarios sobre estos encuentros: "A ellos les preocupa el más mínimo error que podamos cometer de parte de nosotros y también ellos tienen el cuidado de no cometer el más mínimo error para que esto no fracase y no salga a la luz pública que hay un entendimiento".
En esos mismos audios, conocieron cuáles eran las peticiones que hacían las pandillas en las negociaciones, que incluyeron el cese de operativos masivos del Ejército y la Policía, el financiamiento para microempresas y empleo para sus miembros, visitas de sus familiares en las cárceles y modificaciones en el régimen de máxima seguridad, la creación de comisiones que evalúen el actuar de los aparatos de seguridad y de los custodios de centros penales, la remodelación de celdas, la mejora de los sistemas de salud, alimentación y educación de las cárceles y que se apoye la creación de iglesias, entre otras.
Intento de no dejar rastros
De acuerdo con los documentos de la Fiscalía que cita el medio, Luna intentó borrar los rastros de las reuniones de los funcionarios con los pandilleros y de los ingresos irregulares de personas encapuchadas a los centros de detención.
El funcionario habría dado la orden, días después de la anterior publicación de El Faro, en septiembre de 2020, de retirar 221 libros de novedades de la cárcel de Zacatecoluca y discos duros de computadoras de las fechas en las que había ingresado con encapuchados a Izalco.
El pasado 1 de mayo, la nueva Asamblea Legislativa de El Salvador, controlada por el partido de gobierno Nuevas Ideas, removió de su cargo al fiscal general Raúl Melara.
Desde entonces, la investigación denominada 'Catedral' quedó en manos de Rodolfo Delgado, el nuevo fiscal nombrado por la Asamblea Legislativa, quien, según El Faro, desmanteló la unidad de la Fiscalía que había conseguido los hallazgos sobre las negociaciones con las pandillas.
La respuesta oficial
Bukele ha respondido a la nueva publicación de El Faro a través de su perfil oficial de Twitter, donde ha sostenido que las nuevas informaciones son un "refrito" y que "no hay pruebas de nada". Además, ha acusado a la prensa de incurrir en contradicciones: "Primero que les violamos los derechos humanos [a los pandilleros], luego que les damos beneficios, luego que les violamos los derechos humanos y así, probando a ver qué les pega", ha escrito.
Por su parte, al ser preguntado por un grupo de periodistas, el presidente del Congreso de El Salvador, Ernesto Castro, desmintió la investigación de El Faro y aseguró que el Gobierno de Bukele "nunca ha negociado con pandillas". Respecto a la reducción de los homicidios, afirmó que se debe al plan 'Control Territorial", desarrollado por el gobierno.
La jefa de Estado de Derecho y Seguridad de Cristosal, Zaira Navas, opina que estos contactos de Bukele son ilegales.
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