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Keiko Fujimori se enfrenta a la Justicia peruana por corrupción tras su derrota en las elecciones presidenciales
Podría ser condenada a 30 años de cárcel por los presuntos delitos de lavado de activos y crimen organizado, entre otros.
Un tribunal peruano realizará este martes la audiencia preliminar del juicio contra la excandidata presidencial derechista Keiko Fujimori, quien podría ser condenada a 30 años de cárcel por el presunto delito de lavado de activos y otros cargos de corrupción.
Esta fase será iniciada por Víctor Zúñiga Urday, al frente del Cuarto Juzgado Penal de Investigación Preparatoria Nacional Especializado en Crimen Organizado, tras concluir la etapa intermedia donde se examinó la denuncia contra Fujimori y otras 41 personas.
Según una resolución del Poder Judicial, difundida por La República, se convocará al fiscal José Domingo Pérez, del equipo especial de Lava Jato, y deberán participar de manera obligatoria los abogados de los acusados. Fujimori, sin embargo, no acudirá al juzgado.
¿Qué se investiga?
El pasado 11 de marzo, Pérez pidió una condena de 30 años y 10 meses de prisión contra la hija del expresidente Alberto Fujimori por los delitos de lavado de activos, crimen organizado, obstrucción a la justicia y falsa declaración en procedimiento administrativo.
Esta decisión está relacionada con el caso 'cócteles', eventos organizados por el partido derechista Fuerza Popular para supuestamente financiar la campaña presidencial de la excandidata en 2011 y 2016. Sin embargo, las investigaciones apuntan a que estas actividades habrían sido una fachada para introducir aportes de empresas, entre ellas la brasileña Odebrecht.
De hecho, os directivos de Odebrecht confesaron a fiscales peruanos que repartieron ilegalmente millones de dólares entre Fujimori y cuatro expresidentes, entre los que se encuentra el fallecido Alan García.
Por este caso, Fujimori, que niega los cargos, cumplió prisión preventiva de casi año y medio, que fue levantada en abril de 2020 en plena pandemia. Los jueces determinaron que aunque la investigación tenía sustento y elementos que corroboran su imputación en el lavado de activos, "la sospecha de culpabilidad" no era suficiente por sí misma para dictar prisión preventiva.
En esa oportunidad se estableció que no podría ausentarse de su ciudad de residencia ni mudarse de casa "sin previa autorización". Asimismo, debía comparecer cada 30 días.
¿Qué ocurrirá?
En esta fase de la investigación, el juez evaluará la acusación del fiscal de Lava Jato y decidirá si la acepta total o parcialmente. El tiempo estimado para tomar la decisión puede ser de días o semanas.
Previamente, Zúñiga Urday dictó comparecencia con restricciones contra la abogada de Fujimori, Giulliana Loza Ávalos, y otros investigados por presunta obstrucción a la justicia en el caso.
En junio pasado, en pleno conteo de los votos de la segunda vuelta presidencial, Pérez le pidió a Zúñiga Urday que se revocara la orden de comparecencia con restricciones que se había dictado contra la entonces candidata y que le dictara prisión preventiva, debido a que habría incumplido con la resolución judicial de no comunicarse con los testigos que serían parte de la investigación. Esta petición fue declarada "infunda" por el magistrado.
La derechista, quien aspiraba a ganar la presidencia de Perú en las pasadas elecciones –lo que le habría otorgado inmunidad durante los cinco años de mandato–, habría sostenido comunicación con el testigo Miguel Torres Morales, quien sería parte de la investigación sobre el presunto financiamiento ilegal a la candidata cuando emprendió sus campañas en 2011 y 2016.
La semana pasada se conoció que el Ministerio Público desistió del recurso de apelación que interpuso contra la decisión de un jurado que negó ordenar prisión preventiva contra Fujimori.
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