Sanciones, activos confiscados y fuego cruzado: los cuellos de botella de la segunda ronda de diálogo entre el Gobierno y la oposición venezolana

Después de haber alcanzado dos acuerdos parciales en su primer acercamiento, el diálogo entre la oposición y el Gobierno Venezuela emprende una segunda fase de negociación que tiene sobre la mesa dos puntos claves: la recuperación de los fondos y activos del país, confiscados en el extranjero, y la renovación del sistema de justicia.

Estas conversaciones, a diferencia de las anteriores, llegan con plomo en el ala. En las últimas semanas, la convulsa agenda política nacional y las presiones internacionales de actores decisivos, como EE.UU., marcan varias turbulencias que deberán sortearse para avanzar de cara a un pacto más amplio.

En el medio del diálogo están las elecciones regionales del próximo 21 de noviembre, unos comicios que han devuelto a la facción más radical de la oposición a la vía electoral, y que –al menos hasta ahora– implican un triunfo estratégico para el Gobierno. El problema es que son tantas las diferencias por discutir y los intereses implicados (internos y externos) que ese trecho hasta las urnas está minado de escollos que podrían condicionar o incluso impedir que se lleve a término de la negociación: ¿cuáles son los principales?

Conflicto de intereses

El presidente Nicolás Maduro ha dejado claro que se ha tenido que tragar varios "sapos" en el proceso de diálogo con la oposición, como la presencia en la mesa de políticos como Freddy Guevara –quien fue liberado e incorporado a la negociación, a pesar de ser indagado por su presunta vinculación con hechos de desestabilización–, o el hecho mismo de sostener interlocución con actores que han pedido invasiones extranjeras al país o incluso avalaron el magnicidio en su contra.

Por eso, en víspera de la nueva ronda, el golpe de efecto del Gobierno fue la inclusión del diplomático Álex Saab, actualmente preso en Cabo Verde, a la mesa de negociaciones. El anuncio no fue bien recibido por la oposición venezolana y tensó el ambiente, sin que se sepa hasta ahora qué pasará con el también empresario, cuya extradición es solicitada por EE.UU.

Mientras tanto, del lado opositor la situación tampoco está muy en calma. Si bien la delegación llega a México unificada en torno a la petición de exigir reformas en el sistema judicial, tiene posturas encontradas respecto al destino de los fondos confiscados a la República en el exterior: una parte exige que se destinen a un fideicomiso, y la otra (controlada por el partido del exdiputado opositor Juan Guaidó, Voluntad Popular) insiste en mantener la administración de varios de esos activos, a pesar de las denuncias por la nula rendición de cuentas.

Así, mientras las directivas 'ad hoc' designadas por Juan Guaidó están acusadas de presuntas irregularidades en el manejo de Monómeros en Colombia, y han permitido que las autoridades de ese país tomen control de la empresa, miembros del partido Voluntad Popular aplaudieron que la  Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro emitiera una orden que podría autorizar la venta de acciones de Citgo Petroleum, propiedad de la estatal venezolana Petróleos de Venezuela (PDVSA) en EE.UU., a partir de enero 2022.

Para el Gobierno, ambos gestos constituyen una violación a los acuerdos parciales firmados a principios de septiembre y una muestra de "la naturaleza criminal de la operación de saqueo y robo al patrimonio" que habría emprendido Guaidó. No obstante, tendrán que verse las caras desde hoy y hasta el próximo lunes.

Presiones externas

Aunque los que tienen que ponerse de acuerdo son el Gobierno y la oposición venezolana, el peso de actores externos en ese pacto no es menor. Los intereses de EE.UU. y la Unión Europea –que han impuesto medidas coercitivas unilaterales contra el país suramericano– le marcan un ritmo particular a estas conversaciones. 

Esta semana, por ejemplo, EE.UU. anunció que destinaría financiamiento a los países de la región que son receptores de la migración venezolana, a través de la USAID, al tiempo que otorgaría recursos a sectores de la "sociedad civil" dentro de Venezuela, que en su totalidad responden a la oposición política.

En paralelo, el jefe del Comando Sur, Craig Faller, estuvo de visita en Colombia y Brasil, y desde allí no solo vertió acusaciones contra Caracas de presunto amparo a grupos irregulares, sino que también acusó al Gobierno de Maduro de ser "abrigo" para el narcotráfico.

Por el contrario, en un tono menos beligerante se pronunció el Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, quien esta semana consideró la posibilidad de levantar las sanciones contra Caracas, si el diálogo fructifica.

Esa postura, más proclive a la concertación, es la que mantiene el bloque de los 27 al menos desde principios de este año, cuando le retiró el reconocimiento a Guaidó como "mandatario interino" y empezó a dar pasos concretos, aunque tímidos, para destrabar el juego con Venezuela. De hecho, Borrell no descartó la posibilidad de que una misión de observación de la UE acompañe los comicios regionales de noviembre en el país. 

Con respecto a las negociaciones entre el Gobierno y la oposición, a diferencia de EE.UU., la UE se ha mostrado más optimista públicamente. "Nos parece muy bien la iniciativa que tomaron los noruegos con el apoyo de México", dijo Borrell ayer.

Y, en esa línea, añadió: "A nosotros no nos gusta sancionar por sancionar. No tenemos ningún interés en poner sanciones. Las sanciones son un instrumento alternativo a la falta de diálogo".

Apoyos y 'boicot'

En el contexto regional, los posicionamientos con respecto a la cuestión venezolana son mixtos. México, que ha sido un actor clave en las conversaciones, no ha dudado en defender la iniciativa por considerar que es mucho más efectiva y beneficiosa que la imposición de medidas de fuerza.

Duque aprovecha la Asamblea General de la ONU para arremeter contra el diálogo entre el Gobierno de Venezuela y la oposición

"Consideramos que es a través del diálogo y la negociación que se encontrará una solución por los venezolanos sobre el futuro de Venezuela", sostuvo el jueves canciller mexicano, Marcelo Ebrard, durante su intervención en la Asamblea General de la ONU.

Buena parte de los países de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) también han dado un espaldarazo a las conversaciones, cuestión que quedó asentada en la cumbre que celebró el bloque a mediados de septiembre, y que significó un resurgimiento simbólico de ese bloque, en contraparte al ocaso que ha sufrido el llamado Grupo de Lima, que nació en el seno de la Organización de Estados Americanos (OEA) para intentar "aislar" a Venezuela y desconocer a Maduro.

No obstante, la pieza suelta en esa ecuación es Colombia. El socio clave de EE.UU. en la región ha sido el único que, al menos públicamente, se ha manifestado en contra del acercamiento entre las partes. Esta semana, el presidente Iván Duque se mostró escéptico ante los resultados del diálogo y aseguró que cualquier salida que incluya a Maduro  "agudizará el mayor desastre humanitario que conozca el continente".

Esas palabras fueron interpretadas por Maduro como la constatación de que Colombia lidera "una conspiración dura contra el diálogo de México" y estaría detrás de una "guerra pagada con dólares" para atentar contra "la paz y la tranquilidad" de los venezolanos mientras se dan las negociaciones.

Duque negó esos señalamientos pero no dio vuelta atrás a su decisión de intervenir la empresa Monómeros, filial venezolana de Pequiven en Colombia (cuya recuperación se debate en México), y esta semana su Gobierno fue acusado por Caracas de violar su espacio aéreo con un dron del Ejército colombiano.

Nazareth Balbás