La política migratoria del presidente de EE.UU., Joe Biden, parece no haber experimentado grandes cambios 10 meses después de su llegada a la Casa Blanca, a pesar de una campaña en la que el entonces candidato presidencial tachó las política migratorias de Donald Trump de crueles e inhumanas y abogó abiertamente por su anulación.
Aunque desde un principio se apostó por borrar la huella de Trump de la manera más rápida posible, la nueva administración se ha encontrado con multitud de problemas para llevar a cabo sus planes: la persistencia de la crisis del covid-19, la llegada masiva de menores migrantes no acompañados y el cambio en los patrones de migración, con los países centroamericanos y Haití como principales orígenes.
De hecho, después de que Biden asumiera la Presidencia el pasado 20 de enero, la cantidad de migrantes llegados a la frontera sur estadounidense superó las expectativas y las cifras previas, lo que dio al traste con algunas de las intenciones del nuevo presidente, como reanudar plenamente el procesamiento de solicitudes de asilo en los puestos fronterizos.
Niños y adolescentes no acompañados
Uno de los elementos que han caracterizado este año ha sido la enorme cantidad de menores no acompañados entre los migrantes que han cruzado la frontera. En marzo llegaron a ser la mayoría de las 4.500 personas alojadas en tiendas de campaña con capacidad para 250 personas. En junio y julio se volvieron a batir récords.
Las escenas vividas en marzo dieron lugar a una situación paradójica: el Ejecutivo de Biden reactivó el programa de asilo para menores de Centroamérica, mediante el cual niños y adolescentes de El Salvador, Guatemala y Honduras se pueden reunir con sus padres residentes en territorio estadounidense; mientras, mantenía cerrada la frontera sur e instaba a no cruzarla.
Según la normativa, los menores no podían estar detenidos más de 72 horas, tiempo a partir del cual debían ser entregados a un progenitor o familiar, por lo que la llegada masiva de niños no acompañados supuso un gran problema para la administración de Biden. Ya en febrero había más de 500 niños en un complejo de tiendas de campaña en Río Bravo, en el espacio previsto para 32.
En esa época los niños podían estar detenidos hasta 20 días y la media era de 133 horas. La situación obligó a habilitar nuevos espacios. A finales de abril el Departamento de Salud y Servicios Humanos, al cargo de la situación, tenía más de 22.000 menores a su cuidado.
Además, en marzo hubo otra novedad, la Patrulla Fronteriza comenzó a dejar en libertad a familias detenidas bajo la única advertencia de que debían comparecer ante una oficina de inmigración en el plazo de 60 días. El 10 de septiembre la Patrulla había dejado en libertad a más de 107.000 personas, el 72 % de ellas acudió a una oficina.
Desde el inicio de la pandemia se calcula que 16.000 niños que viajaban sin uno de sus padres han sido expulsados de EE.UU. en virtud del Título 42. Tras la llegada de Biden, esta norma siguió en vigor, si bien eximió a los menores no acompañados. Así, los niños que cruzan con miembros de su familia extensa –que no son sus padres o hermanos mayores de edad– no se consideran parte de unidades familiares, por lo que pueden ser separados en la frontera, clasificados como menores no acompañados, y se les permite el ingreso.
Refugiados de Haití
Otra pieza a tener en cuenta en este puzle es la llegada masiva de refugiados provenientes de Haití. Alrededor de 15.000 llegaron en septiembre y acabaron acampados bajo un puente del poblado fronterizo de Del Río, en el estado de Texas. Fue allí donde se tomaron las imágenes que escandalizaron al mundo en las que se veía a agentes migratorios a caballo tratando de controlar a los migrantes con sogas, como si fueran ganado.
En este contexto, el Gobierno de EE.UU. optó por expulsar masivamente a los ciudadanos haitianos, aunque también permitió que miles de ellos se quedaran en el país. De nuevo, la paradoja.
Además, durante los últimos tiempos México se ha negado a acoger migrantes expulsados de EE.UU. que no sean de México, Guatemala, Honduras o El Salvador, lo que ha ocasionado que desde el pasado 19 de septiembre EE.UU. haya repatriado a Haití a alrededor de 8.000 refugiados, lo que constituye una de las repatriaciones más grandes del país.
Lo cierto es que en los últimos años ha cambiado el paradigma. Si antes la cara del migrante que cruzaba la frontera de EE.UU. era la de un mexicano adulto, ahora las nacionalidades mayoritarias provienen de Guatemala, El Salvador y Honduras, con la novedad de Haití; además las familias completas representan prácticamente la mitad del flujo migratorio, mientras que los niños son un porcentaje muy elevado.
Un ineficaz sistema de asilo
La dificultad de revertir las políticas de Trump estriba también en la carencia de un sistema de asilo eficaz. Por ejemplo, existe un enorme retraso en los tribunales de inmigración, que tardan años en resolver los procesos, ya que el sistema no estaba preparado para la llegada masiva de solicitantes de asilo.
Así, el cambio de paradigma va a llevar un tiempo. "Después del caos, la crueldad y las prioridades invertidas características de los cuatro años de Trump, estamos construyendo un sistema migratorio justo, ordenado y humano y eso no ocurrirá de un día para otro", dijo a AP el portavoz de la Casa Blanca, Vedant Patel, que sostiene que "en un breve espacio de tiempo la administración continua haciendo considerables progresos para cumplir su plan".
Título 42
Detrás del último año y medio de política migratoria de EE.UU. se encuentra el Título 42, una política de salud pública de la década de 1940 desempolvada por la administración de Trump para hacer frente a la amenaza sanitaria del coronavirus. Esa política ha permitido la deportación de casi 1,3 millones de migrantes en los últimos 18 meses expulsándoles directamente en la frontera sin darles la oportunidad de solicitar asilo u otras figuras análogas. Un protocolo que ha dejado en papel mojado el resto de la normativa estadounidense sobre migración.
Sin embargo, la persona expulsada no sufre ningún tipo de sanción, lo que para muchos supone un incentivo a la reincidencia y estaría detrás de que los migrantes rechazados realizasen inmediatos intentos.
En el año fiscal 2021, finalizado el 30 de septiembre, 1,7 millones de personas fueron detenidas en la frontera sureste por la Patrulla Fronteriza, la cifra más alta en un solo año, de acuerdo a los datos recientemente publicados por el Servicio de Aduana y Protección Fronteriza de EE.UU. (CBP, por sus siglas en inglés). En julio, el número alcanzó las 212.000 migrantes detenidos, convirtiéndose en la cifra más alta en 21 años.
'Permanecer en México'
Otra de las polémicas políticas que Biden prometió anular es la del Protocolo de Protección de Migrantes, conocido como 'Permanecer en México', bajo cuyo paraguas alrededor de 70.000 solicitantes de asilo se quedaron esperando fuera de territorio estadounidense hasta su cita con los tribunales de inmigración.
Los migrantes se veían obligados a permanecer en poblados fronterizos mexicanos en condiciones muy precarias, por lo que la aplicación de esta normativa hizo disminuir sensiblemente los cruces en la frontera.
La administración de Biden optó por una eliminación paulatina de este procedimiento, por lo que se organizó la logística para permitir que alrededor de 26.000 solicitantes de asilo permanecieran en suelo de EE.UU. en libertad mientras se tramitaban sus casos. En este marco, el 1 de junio ya habían regresado a EE.UU. más de 11.000 solicitantes de asilo. En esa misma fecha se declaró anulado el Protocolo.
En todo este tiempo, el Gabinete de Biden tan solo ha aplicado cambios menores, como la agilización de las solicitudes en casos de familias o el restablecimiento de la norma que permite a menores en Centroamérica solicitar reencontrarse con sus padres en EE.UU., o como asignar oficiales especializados en asilo a la frontera, para facilitar los procesos.
Siguiendo esta senda, según las pautas emitidas el pasado miércoles por el Departamento de Seguridad Nacional, las autoridades de inmigración de EE.UU. ponen fin a los arrestos en hospitales, escuelas, y otras áreas "protegidas".
Sin embargo, los activistas en favor de los derechos de los migrantes denuncian que tras cerca de un año en la Casa Blanca Biden no ha cumplido sus promesas hacia este sector y que las políticas establecidas por Trump todavía siguen en marcha.
Nuria López
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