Las protestas, que estallaron el pasado 2 de enero a raíz del aumento de los precios de gas licuado, fueron adquiriendo con los días un cariz político, desembocando en violentos disturbios en varias regiones del país pese a las concesiones de las autoridades, la dimisión del Gobierno kazajo y la fijación de los precios del combustible.
Miles de personas han sido detenidas en el país centroasiático tras una serie de saqueos masivos, asaltos e incendios en edificios administrativos y enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y manifestantes, algunos de ellos armados.
El presidente kazajo, que calificó los disturbios de "actos de agresión" por parte de "las bandas terroristas" que recibieron entrenamiento en el extranjero, decretó el estado de emergencia en todo el territorio nacional y solicitó el apoyo de la OTSC para devolver la estabilidad al país.

