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La CIDH denuncia "uso excesivo de la fuerza" durante el estallido social en Chile
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó este martes un informe sobre las violaciones a los derechos fundamentales durante el estallido social iniciado en octubre de 2019 en Chile.
Según observó el organismo durante su visita en el lugar de los hechos entre el 25 y el 31 de enero de 2020, se produjeron cinco muertes por acción directa de los uniformados y otras 26 como resultado de la violencia durante las manifestaciones.
De acuerdo a la entidad, que responde a la Organización de los Estados Americanos, se registraron además cientos de heridos, en particular, con lesiones oculares.
#CIDH publica el informe Situación de Derechos Humanos en #Chile que analiza la institucionalidad democrática; las demandas históricas de la sociedad durante las protestas sociales, y la respuesta estatal en dicho contexto. https://t.co/sSUrizb4aupic.twitter.com/IWvgJVMJPH
— CIDH - IACHR (@CIDH) January 25, 2022
La CIDH destaca en el informe que hubo un uso excesivo de la fuerza por parte del Estado, en detrimento del ejercicio al derecho a la protesta pacífica.
"El accionar de los Estados democráticos debe considerar que las protestas no constituyen una amenaza al orden público; estas fortalecen la participación política y la construcción de mayores niveles de participación ciudadana", indica la comisión, que a la vez reconoce la existencia de "actos de violencia que excedieron los límites de la protesta pacífica".
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Más allá de esos excesos, la CIDH calificó los hechos como incompatibles con los estándares y obligaciones internacionales adoptados por Chile, y señaló que las demandas sociales que se produjeron en el país sudamericano se centraron en "el acceso y ejercicio de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, con un llamado a asegurar la igualdad y no discriminación, así como el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas".
Entre las recomendaciones, se planteó garantizar el derecho a la protesta pacífica y restringir el porte de armas letales o menos letales por parte de los agentes de seguridad en las manifestaciones.
El informe de la CIDH se suma a los análisis ya presentados por Amnistía Internacional, Human Rights Watch (HRW) y la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la expresidenta chilena Michelle Bachelet.
En octubre de 2019 se inició en Chile una crisis social y política sin precedentes, durante la cual sucesivas y masivas movilizaciones con decenas de reclamos sociales pusieron en tensión el segundo mandato del presidente Sebastián Piñera.
De hecho, la crisis ha llevado a Piñera a cambiar sus políticas de gobierno e inclusive a llamar a un plebiscito para modificar la Constitución, vigente desde 1980, cuando aún gobernaba el país la dictadura cívico militar de Augusto Pinochet (1973-1990).