Mejoras, deficiencias y recomendaciones: Los puntos claves del informe final de la Misión de Observación de la UE sobre las regionales en Venezuela
Este martes, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE), que participó en los comicios regionales y municipales del pasado 21 de noviembre en Venezuela, presentó el informe final de ese organismo que afirma que observó "mejores condiciones electorales", en comparación con otras votaciones, y "deficiencias estructurales que deberían abordarse en futuros procesos".
En una rueda de prensa desde Bruselas, la jefa de la MOE, Isabel Santos, manifestó que entre las mejoras que pudieron percibir se encuentra "el papel del Consejo Nacional Electoral (CNE)", la realización 16 auditorías en diferentes etapas del proceso comicial y una actualización "más amplia del registro" de votantes.
En cuanto a "los aspectos a mejorar", se refirió a la "falta de seguridad jurídica", lo que para la MOE, "provocó la inhabilitación arbitraria de candidatos" y la repetición de las elecciones en el estado Barinas; el "amplio uso" de recursos por parte del Estado en la campaña electoral; el acceso "desigual" de los candidatos a los medios de comunicación y "la entrega de los símbolos y de la tarjeta electoral" por parte del Tribunal Supremo de Justicia "a facciones internas disidentes" y "minoritarias" de algunos partidos políticos.
Santos calificó como un "hecho clave" que la UE haya sido llamada a Venezuela para observar unas elecciones después de 15 años. En 2020, el Gobierno venezolano invitó a la Misión a acompañar las elecciones parlamentarias de ese año, pero el organismo se negó a asistir aludiendo que el país no reunía "las condiciones" para un proceso electoral "transparente, inclusivo, libre y equitativo".
"Esperamos que este informe final, particularmente sus recomendaciones, contribuya a mejorar futuras elecciones", dijo la jefa de la Misión.
El papel del CNE
En el informe final, de 88 páginas, se destacó en varios párrafos la actuación del árbitro electoral venezolano y de su junta directiva, nombrada en mayo de 2021, como uno de los acuerdos entre el Gobierno y la oposición más moderada.
La Misión refirió que el organismo comicial había sido "descrito con frecuencia por interlocutores de la MOE UE y comentaristas políticos como el más equilibrado de los últimos 20 años".
En el texto se afirmó que aunque "los tres rectores cercanos al gobierno tuvieron el control de los órganos ejecutivos del CNE, el Consejo logró mejorar las condiciones técnicas de las elecciones a través del diálogo interno".
Asimismo, se manifestó que el órgano electoral venezolano "llevó a cabo la mayoría de sus actividades de manera eficiente" y que una de las "medidas de transparencia más importantes" fue la realización de 16 auditorías de diferentes etapas del proceso electoral.
Finalmente, se aseveró que "el marco legal electoral venezolano garantiza la igualdad de derechos y la plena participación política de mujeres, grupos indígenas y personas con discapacidad". Sin embargo, para la MOE UE, las mujeres presentan "retos económicos" para postularse y las elecciones hechas en las comunidades originarios con su propia normativa, basada en la votación de segundo grado, fue "criticada por ser opaca".
¿Cuáles son las recomendaciones?
En el texto se incluyeron 23 recomendaciones entre las que se destacaron siete, casi todas relacionadas con la separación de poderes; la necesidad de una cobertura "más equilibrada" de los medios de comunicación estales durante las campañas y de mayor información a los votantes sobre su selección como miembros de mesa, y sobre la "confianza en la integridad y el secreto del voto electrónico".
Además, se sugieren cambios en varios aspectos relacionados con los poderes públicos venezolanos y leyes de ese país, que han sido cuestionados por la Misión en su informe.
En el texto, se plantea la necesidad de "una reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia", para "asegurar una selección de jueces transparente, apolítica y basada en el mérito". Sobre este tema, en enero pasado la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad una reforma a la ley del máximo tribunal con la finalidad de reducir el número de magistrados de las salas y establecer concursos públicos de oposición para su nombramiento.
La MOE UE también pidió la supresión de la "prerrogativa de la Contraloría General de despojar a ciudadanos de su derecho fundamental a presentarse a las elecciones mediante un procedimiento administrativo y sin notificación oportuna", con referencia la inhabilitación de postulantes que, según los opositores fue "discrecional", mientras que el organismo estatal sostiene que se debió a que los aspirantes no declararon oportunamente su patrimonio.
Del mismo modo, se pide que se refuercen "las facultades sancionadoras del CNE" y se propone "derogar" la Ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, "para promover la libertad de expresión y evitar la autocensura".
La Unión Europea desplegó una misión de observación electoral en Venezuela del 14 de octubre al 5 de diciembre para observar las elecciones regionales y municipales del 21 de noviembre de 2021. Esta delegación estuvo compuesta por 134 observadores el día de las elecciones y fue cubrió los 23 estados y el Distrito Capital.
Cuando la jefa de la MOE UE presentó el informe preliminar, el pasado 23 de noviembre, hizo señalamientos similares a los contenidos en este escrito final. En esa oportunidad, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, dijo que sus miembros habían tratado de "manchar" el proceso electoral venezolano sin conseguirlo y que andaban por el país suramericano como "espías" y "enemigos".