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España reformará el delito de sedición, que pasará a llamarse de "desórdenes públicos agravados"
Se ha propuesto rebajar las penas por ese delito, que actualmente se castiga con entre 10 y 15 años de cárcel y el mismo tiempo de inhabilitación.
El Gobierno de España reformará el delito de sedición, que pasará a llamarse de "desórdenes públicos agravados", según lo anunció el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, durante una entrevista concedida este jueves a La Sexta.
Concretamente, se ha propuesto rebajar las penas por ese delito, que actualmente se castiga con entre 10 y 15 años de cárcel y el mismo tiempo de inhabilitación, a entre 3 y 5 años y de 6 a 8 años de inhabilitación, según el documento de ley orgánica, al que ha tenido acceso Europa Press.
Homologable con Europa
El mandatario explicó que el PSOE y Unidas Podemos presentarán esta jornada una iniciativa legislativa en el Congreso de los Diputados para reformar ese tipo de delito para que sea "más o menos homologable" con otros países de Europa, tales como Alemania, Francia, Italia, Bélgica y Suiza.
Sánchez recordó que están revisando un texto que "fue redactado en 1822", en una época en la que en el país ibérico se producían alzamientos militares. "Afortunadamente España ha cambiado a mejor, hoy pertenecemos a un espacio de libertades, de democracia, de derechos civiles, como es la Unión Europea, y creo que es bueno que España dé un paso definitivo hacia la homologación de este tipo de delitos con las principales democracias europeas", señaló.
Cuando se le preguntó si la medida se debe a una exigencia del partido independentista catalán ERC para aprobar los Presupuestos Generales del Estado, lo negó, detallando que en las últimas semanas varios grupos parlamentarios han dicho que estarían dispuestos a acometer esta reforma.
"Distender la situación en Cataluña"
En este sentido, el presidente afirmó que el independentismo no pide una reforma del código penal, sino una amnistía, algo que —subrayó— su Gobierno "no va aceptar" porque no forma parte de la legislación ni de la Constitución española.
Asimismo, aclaró que esta modificación no evitará que rinda cuentas ante la Justicia el expresidente catalán Carles Puigdemont, considerdo como prófugo desde octubre 2017 tras celebrarse un referéndum de autodeterminación y proclamar de manera unilateral la independencia de esa comunidad autónoma.
Por último, Sánchez defendió que esta iniciativa servirá para "distender la situación en Cataluña" y "superar este contencioso" heredado de la administración anterior, encabezada por el presidente Mariano Rajoy, del PP, partido que actualmente se encuentra en la oposición.
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