¿Por qué Filipinas anuló un acuerdo de exploración petrolífera conjunta con China, y cuáles son las consecuencias?
El Tribunal Supremo de Filipinas ha anulado un pacto del 2005 entre el país, China y Vietnam para explorar conjuntamente una zona del mar de la China Meridional en busca de recursos petrolíferos. Esta decisión podría poner en duda futuros acuerdos de cooperación conjunta en estas aguas.
De acuerdo con un comunicado oficial, el 10 de enero, el Tribunal Supremo dictaminó por 12 de los 15 jueces que lo integran, que el acuerdo trilateral sobre la Empresa Sísmica Marina Conjunta (JMSU) de la zona de 142.886 kilómetros cuadrados firmado entre las compañías estatales de las tres naciones, China National Offshore Oil Corporation (CNOOC), Vietnam Oil and Gas Group (Petrovietnam) y Philippine National Oil Company (PNOC), era inconstitucional. En el marco del acuerdo, que expiró en el 2008, China se encargaba de recopilar datos sísmicos, Vietnam procesaba la información y Filipinas se encargaba de interpretarlos.
"El Tribunal dictaminó que la JSMU es inconstitucional por permitir que empresas de propiedad absoluta extranjera participen en la exploración de los recursos naturales del país sin respetar las salvaguardias previstas en la Sección 2 del Artículo XII de la Constitución de 1987", reza el comunicado, en referencia al hecho de que en el proyecto fueron involucradas compañías de propiedad al 100% de China y Vietnam, mientras que, según se cree, alrededor del 80% del área se encuentra dentro de la zona económica exclusiva de Filipinas.
Se subraya que, según la Constitución, "la exploración, el desarrollo y la utilización de los recursos naturales deben estar bajo el control y la supervisión plenos del Estado", por lo que tales operaciones pueden llevarse a cabo solo por los filipinos o empresas "cuyo capital pertenezca al menos en un 60%" a ciudadanos del país.
Aunque los partidarios del acuerdo sostuvieron que la ley no podía aplicarse en este caso, ya que el proyecto fue destinado solo a actividades previas a la exploración, el Tribunal declaró: "Lo que las partes designan 'investigación conjunta' como una 'actividad previa a la exploración' no tiene importancia. Tal designación no resta valor al hecho de que la intención y el objetivo del acuerdo es descubrir petróleo, lo que equivale a 'exploración'".
"Grave limitación" para la futura cooperación entre los países asiáticos
Cabe destacar que la sentencia del Tribunal fue adoptada después de que el presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., que asumió su cargo en junio del año pasado, expresara la semana pasada su voluntad de reanudar las negociaciones con Pekín sobre la exploración petrolífera conjunta en una reunión con su homólogo chino, Xi Jinping.
En este sentido, el orden judicial traerá incertidumbre a la cooperación entre los países asiáticos, que llevan décadas enzarzados en disputas territoriales en torno a la zona: mientras que Pekín reclama más del 80% del mar de la China Meridional, estas reivindicaciones son acaloradamente contestadas por Filipinas, Vietnam, Malasia, Brunéi y Taiwán (China).
Aunque la decisión no tendrá un impacto significativo en las relaciones con Pekín, supondría una "grave limitación" para futuros acuerdos sobre proyectos petrolíferos y gasísticos, ya que el riesgo de infringir la Constitución impediría a las autoridades filipinas llevar a cabo tales proyectos, afirma el director adjunto del Centro de Investigación sobre Derecho y Política Oceánicos del Instituto Nacional de Estudios sobre el mar de la China Meridional, Ding Duo.
Subrayó que incluso si el presidente filipino quisiera discutir con China la cooperación en las aguas en disputa, tendría que ser "muy cuidadoso" para asegurarse de que cualquier acuerdo futuro no fuera en contra de la ley. "Desde este punto de vista, esta decisión se convertirá en una importante limitación para la futura cooperación en la exploración de petróleo y gas en el mar de la China Meridional", dijo.
"Sea esto una advertencia al Sr. Marcos para que no juegue con las disposiciones constitucionales que reservan la explotación de nuestros recursos naturales exclusivamente a los filipinos", escribió en su cuenta de Twitter el exlegislador filipino Teodoro Casiño, uno de los demandantes en este caso.