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¿Un 'outsourcing' de la justicia en México? Lo que revela el caso García Luna en EE.UU.

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En la Corte de Brooklyn, la Fiscalía norteamericana dio voz a criminales confesos para intentar demostrar ante el jurado los nexos del exsecretario de Seguridad con el Cártel de Sinaloa.
¿Un 'outsourcing' de la justicia en México? Lo que revela el caso García Luna en EE.UU.

El juicio en Nueva York contra el exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, está llegando a su etapa final y este jueves dará inicio a la fase de deliberaciones del jurado, en donde siete mujeres y cinco hombres decidirán unánimemente si el exfuncionario es culpable o inocente de cada uno de los cinco cargos que se le acusan (tres por conspiración para traficar cocaína, otro por delincuencia organizada y uno más por mentirle a un agente de inmigración).

Durante las cuatro semanas de juicio en la Corte de Brooklyn, la Fiscalía de EE.UU. presentó a 26 testigos para intentar demostrar ante el jurado que durante los Gobiernos de Vicente Fox (2000-2006) y Felipe Calderón (2006-2012), García Luna presuntamente recibió millones de dólares en sobornos a cambio de permitir al Cártel de Sinaloa operar con impunidad en México.

Los testigos colaboradores

Así, la Fiscalía utilizó las declaraciones de siete testigos que han cumplido alguna condena en EE.UU. y que aportaron su versión a cambio de beneficios carcelarios como la reducción de sus penas. Ellos fueron la carta fuerte de las autoridades norteamericanas para demostrar los presuntos nexos de García Luna con el Cártel de Sinaloa.

Entre los testigos 'estrella' de la Fiscalía figuró el lugarteniente Sergio 'El Grande' Villareal, quien afirmó que entre 2001 y 2004, cuando García Luna era titular de la Agencia Federal de Investigación (AFI) durante el sexenio de Fox, el capo Arturo Beltrán Leyva pagaba un millón de dólares mensuales al exfuncionario a cambio de que les proporcionara información de inteligencia que beneficiara al Cártel de Sinaloa.

Óscar 'El Lobo' Nava Valencia, líder del Cártel del Milenio y aliado del Cártel de Sinaloa, declaró que pagó personalmente a García Luna cinco millones de dólares por información de inteligencia de un decomiso de drogas a la organización criminal y por el que sufrieron reclamos de parte de socios colombianos. Según esa versión, el exfuncionario mexicano les explicó que la Agencia para el Control de Drogas de EE.UU. (DEA, por sus siglas en inglés) dio seguimiento al cargamento desde que partió de Sudamérica.

Después, 'El Lobo' confesó que se reunió con García Luna en un lavado de automóviles en la ciudad mexicana de Guadalajara y que le pagó otros tres millones de dólares a cambio de protección.

Otro de los testigos fue Jesús 'El Rey' Zambada, hermano del líder del Cártel de Sinaloa, Ismael 'El Mayo' Zambada.

Según 'El Rey' en el restaurante Champs-Élysées de la Ciudad de México hizo dos entregas de dinero, por un monto total de cinco millones de dólares, a un intermediario de García Luna, el abogado Óscar Paredes.

Estrategia de García Luna

El abogado de García Luna, César de Castro, intentó utilizar el pasado criminal de los testigos como argumento principal para desacreditar los testimonios, afirmando que los individuos "son capaces de hacer todo lo que sea para conseguir sus objetivos".

"Su testimonio es su manera de escapar (...) Para gente que ha participado en todos estos crímenes, ¿cómo va a resultar difícil mentir?", dijo de Castro.

Frente al jurado, de Castro señaló que la Fiscalía no presentó evidencia sólida, como fotografías, videos, audios, conversaciones telefónicas o documentos bancarios, "que prueben que Genaro García Luna pertenecía" al Cártel de Sinaloa.

"La falta de evidencia es impresionante", añadió el defensor.

Valor de los testimonios

"En EE.UU. hay un sistema de cooperación y de testigo protegido en el que, si tú cooperas con el sistema norteamericano, es más fácil que puedas rebajar tu sentencia. En muchos de estos casos, son testigos colaboradores que se encuentran ya apegados a algún programa, y otros están intentando reducir esta sentencia", explica la periodista de investigación mexicana, Laura Sánchez Ley, en entrevista con RT.

Sánchez Ley pone como ejemplo el caso del 'Lobo' Nava Valencia, quien en 2012 llegó a un acuerdo de culpabilidad con la Fiscalía estadounidense.

"Desde entonces, él se compromete a tener un 'fully cooperate', que es como le llamaron en este acuerdo de culpabilidad, y entonces se convierte en un testigo recurrente del Gobierno estadounidense. Tenemos que en 2018, 'El Lobo' ya había declarado contra miembros de su organización delictiva e incluso revela los nexos del Cártel Jalisco Nueva Generación con las FARC", dice. Por ese proceso de cooperación, másuna multa de cuatro millones de dólares, es que Nava Valencia obtuvo su primera reducción de sentencia.

Laura Sánchez Ley, periodista independiente
Laura Sánchez Ley, periodista independiente
Si tú cooperas con el sistema norteamericano, es más fácil que puedas rebajar tu sentencia.

En el caso de 'El Grande', Sánchez Ley refiere que el narcotraficante se acogió al sistema de cooperación, y por lo tanto, ya no está en una prisión norteamericana.

Pendiente de justicia en México

Así, pese a que hay narcotraficantes con penas de hasta 35 años, mucho de ellos logran acogerse a un acuerdo con las autoridades norteamericanas y obtienen beneficios. Todo ello en detrimento de la justicia y de las víctimas en México, en donde esos criminales cooperantes no pagan por sus crímenes.

"El asunto tiene que ver con la política mexicana y sobre todo con los sexenios pasados. Las Fiscalías (de México) no lograron construir averiguaciones previas fuertes, firmes, para llevar a la Justicia a este tipo de narcotraficantes", reflexiona Sánchez Ley.

A finales de enero, la Fiscalía mexicana reiteró que tiene dos órdenes de aprehensión contra García Luna, independientemente del proceso judicial en EE.UU.

Una es por el caso de la introducción ilegal de armamento, denominado 'Rápido y Furioso', que tuvo como objetivo traficar ilegalmente más de 2.000 armas de fuego de los EE.UU. a México, con el supuesto objetivo de identificar a los usuarios. La otra orden de captura tiene que ver con el daño patrimonial en la privatización de los penales federales. 

"El tema de 'Rápido y Furioso' lleva muchísimos años y no ha pasado absolutamente nada, no hay un solo sentenciado, no hay una sola persona detenida por el caso. Eso sucede cuando haces 'outsourcing' de la Justicia mexicana a EE.UU.", reflexiona la periodista. 

Durante la audiencia de este jueves, el juez Brian Cogan dará instrucciones al jurado sobre las reglas y procedimientos para analizar, discutir la evidencia y testimonios para que inicie la fase de deliberación sobre la culpabilidad o inocencia de García Luna.

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