Las protestas que se iniciaron hace tres meses en Perú, tras la destitución del presidente Pedro Castillo, parecieran trascender la exigencia de la renuncia de Dina Boluarte y haber sentado las bases de un movimiento social profundo surgido lejos de Lima, centro del poder político.
Este martes, cuando se cumple un trimestre de la juramentación de Boluarte como presidenta, la mandataria deberá presentarse ante la Fiscalía para responder por los señalamientos de "genocidio, homicidio calificado y lesiones graves", en el contexto de las protestas donde hasta el momento han muerto 65 personas y 1.301 han resultado heridas, según cifras de la Defensoría del Pueblo.
En este transitar, las manifestaciones tuvieron su pico en enero y perdieron fuerza en febrero, a pesar de que el malestar social se mantuvo, al igual que las denuncias de uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad. Con el inicio de marzo, las movilizaciones han tenido un nuevo impulso y se han presentado hechos de violencia en el sur del país, en los días recientes.
En estos tres últimos meses han quedado en evidencia aspectos que trascienden ese lapso y que están ligados a la historia del país: el apoyo de los indígenas y campesinos a Castillo, antes y después de su triunfo, y la reacción de rechazo de los sectores empresariales, conservadores y de derecha tras su aparición en la vida política.
Para dar una mirada a fondo a la composición de ese movimiento social que se ha mantenido en las calles desde el 7 de diciembre de 2022, RT conversó con el escritor, catedrático y excanciller peruano Héctor Béjar, quien estuvo en Caracas en el contexto del 'Encuentro Mundial por la Vigencia del Pensamiento Bolivariano del comandante Hugo Chávez en el siglo XXI'.
El detonante
La destitución de Castillo ha sido el detonante de las protestas, sin embargo, el catedrático considera que ha habido una "actitud muy especial" de los manifestantes que se identifican con él, que se cohesiona alrededor de una misma idea: "Él es de nosotros, y si él ha sido humillado, nosotros hemos sido humillados".
Béjar dice que, por otro lado, la derecha peruana no calculó el impacto que tiene la muerte en esos pueblos, donde "la hermandad es muy fuerte, porque debajo de cada una de esas comunidades están las familias entrecruzadas".
Además, resalta que la disminución de las movilizaciones en febrero fue producto de factores como la época del año (verano) y celebraciones tradicionales como el Carnaval, en algunas de las provincias. Según explica, en esa manifestación cultural también hubo expresión de "mensajes de repudio y de ridiculización al Gobierno, como de protesta por las muertes ocurridas".
"Este es un momento que podríamos llamar de transición de un tipo de movimiento a otro, sin que eso signifique que terminó", expresa el catedrático.
La pausa, del mismo modo, también sirvió para la elección de las nuevas delegaciones que irán a Lima y la reconfiguración del movimiento. "Los manifestantes no son individuales, son delegados de las comunidades".
¿Sin liderazgo?
Sobre la ausencia de líderes visibles, el sociólogo sostiene que los hay, pero que son de carácter local. Sin embargo, el movimiento, que es "múltiple" no acepta un liderazgo general "poco flexible".
El resguardo de los liderazgos también es un asunto de seguridad. En un contexto represivo como el que ha caracterizado al Gobierno de Boluarte, podría resultar peligroso que una figura que se muestre como cabeza del movimiento, ya que correría el riesgo de ser detenida por las autoridades. "Es un juego a las escondidas con el Gobierno, porque en este momento hay muchos presos y enjuiciados".
Recientemente, el Alto Comisionado para la Paz de la Organización de Naciones Unidas pidió al Gobierno informar sobre uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, estigmatización de la protesta, violación al debido proceso, además de "un elevado número de muertes potencialmente ilícitas".
Un nuevo movimiento
El extitular de Relaciones Exteriores también se refiere al "nuevo movimiento" que se ha sumado a la protesta, que está conformado por los estudiantes de universidades públicas, como la Nacional Mayor de San Marcos.
"Muchos de ellos –continúa Béjar– son provincianos y viven en barrios populares, entonces ahora han generado un nuevo movimiento para 'invadir' Lima desde Lima".
La semana pasada, el Congreso de Perú aprobó por mayoría la moción de interpelación del ministro del Interior, Vicente Romero, para que responda por la intervención policial ejecutada en esa casa de estudios en enero pasado durante las manifestaciones.
En esa oportunidad, 193 personas fueron detenidas. Al día siguiente, el Ministerio Público informó que había ordenado la liberación de 192.
Los "factores externos"
Desde el Ejecutivo ha habido insistencia en estigmatizar e invisibilizar la fuerza del movimiento popular, a través de acciones como señalar a supuestos factores internacionales de financiar acciones terroristas para desestabilizar al país.
"Ellos saben que no son factores externos", dice Béjar y agrega que en Perú, en este momento, "hay dos clases en colisión".
De un lado, considera que hay un sector "que busca hacer surgir un nuevo país popular, una nueva Constitución" y del otro, se encuentran aglutinados "el Opus Dei, los sectores más reaccionarios del Ejército y bandas de políticos ladrones que generan violencia para mantener un Gobierno e imponerse por la fuerza".
"Creen operar en la Guerra Fría. Para ellos no ha habido globalización, aunque ya estamos en la desglobalización. Es lo asombroso, es la brutalidad que tienen, que surge de una impresionante falta de cultura y de conocimiento", apunta el excanciller.
"Han invertido el derecho"
El escritor habla de un tipo de represión que no se vale únicamente de la policía, sino que acude al enjuiciamiento como estrategia para sofocar la protesta. "Es el uso de la Fiscalía, especialmente, para que te abran un expediente, con el que pueden impedirte salir del país, meterte preso de 18 a 36 meses, para empezar. No necesitan condenarte para apresarte. Han invertido totalmente el derecho".
Hace un mes, el Ministerio Público informó que 27 personas habían recibido sentencia y 22 tenían prisión preventiva por presuntos actos vandálicos. Los que recibieron condena deberán cumplir penas superiores a tres años y deberán pagar reparaciones de 50.000 soles (unos 13.000 dólares).
Afirma que desde el Legislativo se han aprobado 36 modificaciones a la Constitución, por lo que el órgano, a su juicio, se "ha convertido en una constituyente de los sectores opresores".
¿Hacia dónde va el movimiento popular?
"Me niego a ser adivino, pero lo que sí sé es que este movimiento es sostenible, lo puedo probar, estoy convencido. ¿Por qué? Porque no depende de ningún partido, ni de derecha ni de izquierda, adopta sus direcciones por su propia voluntad, tiene su propia base económica", afirma.
Béjar dice que quienes protestan, más allá de pedir la presencia estatal en las zonas rurales, hacen planteamientos macropolíticos y exigen tener un presidente. "Es un salto enorme desde el punto de vista de la conciencia".
Al referirse a las movilizaciones de 2020, tras la destitución del presidente Martín Vizcarra y la asunción de Manuel Merino, que renunció en medio de la presión popular, asevera que la mayor diferencia es que aquellas eran urbanas y que estas son "más profundas y más rurales que urbanas".
Al ser consultado sobre si el movimiento podría devenir en propuesta política, Béjar responde con la certeza de que así será: "Para quien conoce la historia de Perú, esto no es ninguna novedad. Esto lo hemos tenido desde que llegaron los castellanos. Revolución tras revolución tras revolución".
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