El senador colombiano Iván Cepeda informó este viernes que denunciará ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes del Congreso al fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, para que se indague si el alto funcionario pudo incurrir en hechos punibles.
Cepeda alertó que Barbosa ha dicho públicamente que no va a permitir que pase en el Congreso el proyecto de ley que establece los fundamentos para el sometimiento a la justicia de estructuras criminales. Estos dichos, según el senador, podrían perjudicar "la autonomía e independencia del debate legislativo".
Para el congresista, Barbosa habría "faltado a la verdad" al decir "que no fueron recogidas sus recomendaciones al proyecto", cuando la mayoría de sus propuestas quedaron incorporadas en el articulado. "Lo anterior, podría afectar posibles procesos de sujeción con estructuras criminales, tendientes a la consecución de la paz", agregó Cepeda.
El senador también hizo eco de información publicada en medios de comunicación sobre supuestos encuentros de Barbosa con partidos políticos, lo que a su juicio indicaría que el fiscal "tendría aspiraciones electorales".
"En consecuencia, podría estar haciendo uso del cargo con dichos propósitos políticos y electorales", añadió Cepeda.
Diferencias de Barbosa con 'la paz total' de Petro
Barbosa, quien ha dicho que es "un Fiscal de proposiciones" y "no de oposición" al Gobierno de Gustavo Petro, ha cuestionado reiteradamente sus políticas sobre el proyecto de 'paz total'. Para el alto funcionario, su postura obedece simplemente a que se rige con base en la institucionalidad, la Constitución y las leyes.
"El problema no es de paz, porque más amigo de la paz que el fiscal general en este momento no ha habido. Hemos suspendido órdenes de captura del ELN (Ejército de Liberación Nacional) y de las disidencias", recordó Barbosa días atrás. Sin embargo, dijo que "desde el pasado 31 de diciembre se tomaron decisiones que atentaron contra la institucionalidad colombiana", en referencia a la medida de cese al fuego que decretó Petro para dialogar con organizaciones criminales.
Estas diferencias con el Ejecutivo han creado un ambiente de tensión en Colombia con respecto a un tema transversal para la política social y económica del país, que es lograr el fin del complejo conflicto armado interno a través del diálogo.
El fiscal se ha manifestado en contra del proyecto ley de sometimiento de las bandas criminales, que ya fue radicado en el Congreso, y sobre la suspensión de las órdenes de captura en contra de líderes del Clan del Golfo en el marco de los diálogos de paz que adelanta el Ejecutivo.
Además, ha cuestionado a la Presidencia al indicar que en Colombia hay separación de poderes y que su despacho pertenece a la rama judicial, motivo por el que la dependencia que encabeza no puede convertirse en una oficina del Gobierno que debe obedecer las órdenes del Palacio de Nariño.
Petro, por su parte, ha reiterado que la postura de su Gobierno es lograr que el proceso de paz se realice a través de la construcción de un camino pacífico, y así evitar más derramamiento de sangre en un país con más de medio siglo en guerra, que solo ha beneficiado al narcotráfico y ha afectado a millones de familias por la violencia letal que propagan los grupos delictivos.
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