La polémica propuesta del alcalde de Lima que lo vincula al "populismo punitivo" de Bukele

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, agitó recientemente el clima político en Perú con su propuesta de que las Fuerzas Armadas patrullen las calles "a fin de luchar de manera frontal contra la delincuencia" junto a la Policía Nacional y el Serenazgo Municipal. La iniciativa fue criticada por organizaciones de derechos humanos, que criticaron que el Ejército no está preparado para esa función.

En una misiva enviada al ministro de Defensa, Jorge Chávez, el burgomaestre conservador admitió que últimamente la delincuencia en Lima Metropolitana "se ha incrementado exponencialmente", un hecho que se refleja en "los altos índices de victimización y el incremento de la percepción de inseguridad".

Ante esto, solicitó a Chávez "disponer las acciones legales y operativas necesarias para que las Fuerzas Armadas se integren al patrullaje con la Policía Nacional del Perú y de los serenazgos distritales, contribuyendo en la labor preventiva, disuasiva y represiva contra la delincuencia en Lima Metropolitana".

Una petición que fue respondida cuatro días después, el viernes 21 de abril, cuando el titular de Defensa se mostró en desacuerdo. "El tema de las Fuerzas Armadas no es una solución al tema de solucionar la inseguridad ciudadana", declaró ante la prensa local.

Previamente, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, había considerado como "muy respetable" la sugerencia de López Aliaga, pero indicó que lo primordial es reformar la Policía.

"Nosotros lo que tenemos que hacer es consolidar la reforma del Ministerio del Interior y la Policía Nacional para tener una policía más profesional, más capacitada, más cercana a la ciudadanía", afirmó Otárola.

El nexo con Bukele

Así como otros políticos latinoamericanos que han alabado las controversiales medidas aplicadas en El Salvador por el mandatario Nayib Bukele, el alcalde de Lima abogó por militarizar las calles de la capital peruana para seguir este modelo.

"Tenemos que coordinar ya con el Ministerio de Defensa para tener militares en las calles, porque el tema está desmadrado. Se está saliendo de control, creo que tenemos que pasar a una fase dos, como se ha hecho en otros países, como El Salvador, donde Bukele sacó al Ejército", dijo.

"Lima necesita ya presencia militar. Hay zonas donde ya está descontrolado todo este tema", añadió. 

No es la primera vez que López Aliaga, integrante del Opus Dei, destaca en público el modelo actual salvadoreño. "El plan Bukele ha hecho un milagro en El Salvador", afirmó en agosto de 2022.

"Estamos en contacto con su equipo de seguridad y queremos implementar algo similar", agregó en ese momento.

Críticas a la propuesta

Consultada por este medio, la directora de Amnistía Internacional Perú, Marina Navarro, expresó que la organización observa con "preocupación" esta propuesta.

"Las Fuerzas Armadas de Perú tienen la función de defender la soberanía del Estado, para enfrentar a un enemigo, no para patrullar las calles. Quien tiene la formación e inteligencia para combatir la delincuencia y la criminalidad es la Policía", señaló.

En sintonía con Otárola, la experta abogó por "reforzar las labores de la Policía, así como las condiciones en la que está trabajando, como los insumos que tiene para poder combatir la delincuencia y la criminalidad".

En una entrevista con el diario local El Comercio, con motivo de sus primeros 100 días en el cargo, López Aliaga mantuvo su posición, pero aclaró que posiblemente "no se explicó bien".

Preguntado específicamente sobre el patrullaje de militares en las calles, la autoridad edil argumentó que esa no es su idea. "El tema es que hagan la labor de protección de bienes estratégicos", expresó.

"Esa carta es el inicio de un diálogo", contestó López Aliaga sobre la misiva enviada al ministro de Defensa, en medio del rechazo tácito que ha generado en el Gobierno peruano.

Sobre el "plan Bukele"

El pasado jueves, la Policía Nacional Civil de El Salvador informó que en la víspera no se registró ningún homicidio en todo el territorio nacional, en un hecho que se ha vuelto recurrente en el país centroamericano.

De hecho, el pasado 21 de abril, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, celebró 350 días sin asesinatos durante la gestión de Bukele.

"Nuestras políticas de seguridad están enfocadas en salvaguardar la vida, el bien más preciado de los salvadoreños. No hay duda de que vamos en la ruta correcta", remarcó en un tuit.

No obstante, diversos organismos de derechos humanos han denunciado una serie de violaciones por parte del Ejecutivo de Bukele, particularmente desde la aplicación del régimen de excepción el 26 de marzo de 2022.

En ese entonces, el jefe de Estado pidió al Parlamento que aprobara el estado de excepción para responder a una escalada de violencia, en una nación que históricamente ha sido victimizada por el accionar de pandillas.

El pasado jueves, la organización no gubernamental Cristosal publicó un hilo en Twitter sobre los datos negativos un año después del régimen de excepción, en el cual consigna 4.723 violaciones de derechos y 111 muertes al interior de los penales, entre otros.

"Es difícil evaluar una política que no se conoce, que es oscura, poco transparente, que no tiene indicadores sobre cómo medir la eficacia de las políticas", afirmó Abraham Ábrego, director de litigio estratégico de Cristosal.

Desde el gabinete salvadoreño sostienen que sus acciones han permitido reducir la inseguridad y los sondeos confirman que la mayoría de la población respalda la labor de Bukele.

Bukele, un crítico constante de la comunidad internacional, lanzó un reto hace poco a sus opositores para que difundan un plan de seguridad más eficaz. "Una vez lo muestren, nos cambiaremos a ese inmediatamente", tuiteó.

"No es un modelo a seguir"

Navarro aseguró que "en ningún caso nos parece un modelo a seguir" el de El Salvador, donde Amnistía Internacional contabiliza "miles de detenciones arbitrarias, violaciones al debido proceso, torturas, malos tratos, incluso personas que han muerto bajo la tutela del Estado".

Bukele ha insistido en que durante su mandato las pandillas han sido reducidas. Además, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública comunicó en su momento que 66.417 personas han sido detenidas por formar parte de este tipo de organizaciones delictivas.

Sin embargo, Ábrego subrayó a RT que "no es recomendable exportar este modelo, ya que este tipo de políticas más punitivas, que se basen en el ejercicio de un populismo punitivo, tiene mucha tendencia al uso militar del poder y a los abusos de los derechos humanos".

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En cambio, el especialista exhortó a las naciones vecinas a seguir "modelos de seguridad democráticos, generados en el sistema interamericano".

Puntualmente destacó el tratado marco de seguridad democrática del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), que incluye a Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y precisamente a El Salvador.

"Ese es el tipo de modelos a replicar a nivel de Centroamérica y no el modelo del populismo punitivo para violar derechos humanos", enfatizó Ábrego.