Venezuela sigue a la espera de que el Gobierno del Reino Unido se pronuncie con respecto a la entrega de sus reservas de oro retenidas desde hace años en el Banco de Inglaterra, recursos que no han sido entregados a las autoridades venezolanas debido a la decisión de Londres de reconocer al falso gobierno interino que encabezó hasta diciembre de 2022 el exdiputado y opositor radical Juan Guaidó.
Con respecto a este conflicto, el viceministro de Políticas Antibloqueo de Venezuela, William Castillo, comentó que durante la audiencia de este martes se dio a conocer una carta enviada por el Gobierno británico a la jueza Sara Cockerill, quien lleva el caso en la Corte de Apelaciones, en la que se indica que la posición de "su majestad" respecto al reconocimiento a Guaidó ya no es la misma que en marzo 2020.
En este contexto, el funcionario venezolano se preguntó cuál será el próximo paso de la Justicia del Reino Unido.
"¿Qué pasará ahora? La jueza Cockerill debe decidir si sigue aceptando a un grupo de delincuentes denominado 'BCV ad hoc', nombrado por Guaidó como parte del juicio. ¿Vendrá una etapa más de delirio en este absurdo jurídico y criminal contra Venezuela? Esta historia continuará", expresó Castillo.
El viceministro, que también es miembro de la delegación del Gobierno para el diálogo en México con la facción extremista de oposición 'Plataforma Unitaria' —que promovió el bloqueo y la retención de los recursos del Estado venezolano en el extranjero—, resaltó que Cockerill siempre ha actuado con base en "la doctrina de una sola voz ('one voice'), que expresa que en materia de política exterior el imperio británico sólo puede tener una postura y es la que fije el Gobierno".
En ese sentido, desde febrero de 2019 y en los años siguientes, el reino británico mantuvo, por orden de la fallecida reina Isabel II, el reconocimiento a Guaidó como supuesto "presidente interino", al considerar que la disuelta Asamblea Nacional de 2015, que culminó su ciclo oficial en 2020 y que fue la instancia que nombró al exdiputado como "presidente interino", sería la última institución "electa democráticamente" en el país suramericano.
Londres, ahora en manos del rey Carlos III, mantiene la postura de Isabel II, de que los comicios presidenciales realizados en Venezuela en 2018 y que ganó Nicolás Maduro, "no se llevaron a cabo de acuerdo con los estándares democráticos internacionales". En consecuencia, el Reino Unido "sigue sin aceptar la legitimidad de la administración" del presidente venezolano.
¿Que ha dicho Londres tras la salida de Guaidó?
El pasado 30 de diciembre de 2022, un grupo de exdiputados que formaron parte de la Asamblea Nacional de 2015, instancia que fue declarada en desacato al orden constitucional por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) en 2016 y que implicó la nulidad de todos sus actos, decidió poner fin a la supuesta presidencia de Guaidó y disolvió su "gobierno interino".
Los exdiputados opositores, que son buscados por la Justicia venezolana por usurpar cargos públicos y atribuirse funciones de una institución del Estado, también decidieron que la falsa presidencia interina quedaría a cargo de otra prófuga: la exdiputada Dinorah Figuera, quien reside actualmente en España y ahora realiza gestiones para apropiarse de los recursos de Caracas en el extranjero, como los bienes de la refinería Citgo, la filial de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) en EE.UU.
Sobre esa designación de la facción extremista opositora —que actúa contra los intereses de Venezuela—, el Reino Unido consideró que ese acto de "la Asamblea Nacional de Venezuela de 2015" se produjo a través del "voto democrático" y que la disolución "del cargo de presidente interino constitucional que ocupaba Juan Guaidó", quedaba sin efecto a partir del 5 de enero de 2023.
En este caso, Londres si decidió respetar "el resultado" de esa "votación", tomar nota de que ese supuesto órgano extendería "su mandato por un año más" y afirmó que seguían considerando "a la Asamblea Nacional elegida en 2015 como la última Asamblea Nacional elegida democráticamente en Venezuela", a pesar que desde 2021 se encuentra en funciones un nuevo Parlamento que fue electo a través del voto, en un proceso democrático que contó con el aval internacional.
Además, el Reino Unido insiste en no reconocer la legitimidad del Gobierno de Maduro, una postura que resulta contradictoria porque en términos legales su delegación diplomática instalada en Caracas funciona tras avalar el mandato del jefe de Estado venezolano, como lo hizo en 2018 el entonces embajador Andrew Soper, quien presentó oficialmente sus cartas credenciales "al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, durante una ceremonia en el Palacio de Miraflores", para ocupar el cargo hasta marzo de 2021.
Sin embargo, la ambigua posición de Londres, que ahora tiene como su representante en Caracas a la encargada de negocios, Becks Buckingham, sostiene que siguen "trabajando" con sus "socios internacionales" para "alentar a todas las partes involucradas a hacer todo lo necesario para lograr el retorno a la democracia en Venezuela y celebrar elecciones presidenciales libres y justas en 2024, de conformidad con los estándares democráticos internacionales".
"El restablecimiento de las instituciones y prácticas democráticas en Venezuela es fundamental y contribuirá a poner fin a las múltiples crisis que aquejan al pueblo venezolano", dijo en enero pasado el ministro británico para las Américas y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores, Mancomunidad y Desarrollo, David Rutley, en una declaración escrita sobre la postura británica sobre Venezuela.
¿Cuál fue la última decisión de la Justicia británica?
La Justicia británica falló, en julio de 2022, a favor de una supuesta 'directiva ad hoc' del Banco Central de Venezuela (BCV) que nombró Guaidó, lo que se tradujo en una negativa contra el Estado venezolano para tener acceso a las 32 toneladas de oro que permanecen retenidas en el Banco de Inglaterra a través del mecanismo de sanciones aplicados contra el país suramericano.
La decisión fue tomada por la jueza Cockerill, quien luego de un juicio de cuatro días, que culminó el 18 de julio de 2022, determinó que no consideraba válidas las resoluciones del TSJ que declararon nula la designación de la falsa junta directiva del BCV de Guaidó, debido a que en el Reino Unido no hay base legal para hacerlo.
Sin embargo, Cockerill tampoco autorizó al equipo de Guaidó, quien se autoproclamó inconstitucionalmente como "presidente encargado" en 2019, a acceder a las reservas de oro, a pesar de que consideró válida la falsa junta directiva que designó el opositor porque era reconocido por el Gobierno británico como supuesto mandatario legítimo.
Tras conocerse el fallo de la jueza Cockerill, Venezuela calificó el hecho como una "decisión insólita" que creaba un peligroso precedente que dejaba preocupado al mercado internacional, porque en cualquier momento el Reino Unido podría apoderarse de recursos de otros Estados sin mayor problema.
La vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, dijo que la decisión del tribunal británico estaba "sometida, subordinada, amordazada, a las decisiones de la corona británica", que era "destemplada" y se daba sin ningún "tipo de control judicial" sobre la base de la mentira de Guaidó, para realizar una "apropiación ilegítima del patrimonio de los venezolanos".
"El tribunal, en lugar de corregir esa situación, apeló a una anacrónica doctrina llamada 'de una sola voz', donde el tribunal británico no puede cambiar las decisiones destempladas de la corona británica", dijo Rodríguez, quien recordó que las reservas de oro venezolano fueron colocadas en el Banco de Inglaterra, a modo de custodia, por el Banco Central de Venezuela (BCV), por lo tanto, es esa institución la única que puede administrar las reservas internacionales del país.
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