Este miércoles 5 de julio se cumple un mes del inicio de las protestas en la norteña provincia argentina de Jujuy contra la reforma constitucional impulsada por el Gobierno local, aprobada el 20 de junio. Pese al paso del tiempo y a la represión vivida las semanas anteriores, los reclamos sociales no se detienen, por lo que continúan los bloqueos en las vías, mientras los docentes ratificaron la huelga por tiempo indeterminado.
En las rutas de la provincia, los pueblos originarios mantienen 11 cierres, con liberación del tránsito durante algunos minutos. "Tenemos que ser constantes, estamos en la lucha para que la provincia se ponga en pie, no podemos detenernos, necesitamos vivir intensamente y ser felices", afirmó Robinson Suárez, vocero de la organización Tercer Malón por la Paz en la localidad turística de Purmamarca, ubicada a 65 kilómetros de la capital provincial, San Salvador de Jujuy.
Allí, en las dos rutas de acceso el tránsito está interrumpido y solamente se permite el paso de vehículos durante 30 minutos cada tres horas.
Suárez también invocó a la Pachamama (Madre Tierra) para recibir protección y que cuide el agua, las montañas y la tierra ante "empresarios que quieren destruir todo eso", ya que si los recursos naturales se contaminan, "no habrá vida para los indígenas ni para los jujeños", advirtió.
Además, entre los presentes realizaron un pedido conjunto "a los creadores de la vida" en el que defendieron los reclamos de los docentes. "Que nuestro pueblo logre voltear esa reforma [constitucional] y volvamos a vivir con respeto, donde las voces de los maestros sean escuchadas como al resto de los sectores", señalaron.
Paro y huelga de hambre
Los docentes agrupados en la Asociación de Educadores Provinciales (ADEP) rechazaron la propuesta de aumento salarial realizada por el Gobierno de Jujuy, ya que consideraron insuficiente la oferta para elevar el sueldo básico a 72.000 pesos (unos 279 dólares). Por eso, decidieron mantener el paro por tiempo indefinido y el plantón frente al Ministerio de Educación, en San Salvador de Jujuy, donde también realizan una huelga de hambre.
Otro punto sobre el que los docentes expresaron su rechazo fue ante la amenaza de descontar del sueldo los días no trabajados por el paro. "Si hubieran tenido una actitud decorosa de solucionar el conflicto a través del diálogo, no hubieran puesto la amenaza de descontar los días porque eso ha caído muy mal en los colegas. La amenaza está de más, este mes de paro, protestas y huelga le está diciendo al Gobierno basta de autoritarismo y atropellos", afirmó a la prensa local el vocero de ADEP, Gabriel Jáuregui.
"El miércoles se cumple un mes de protestas, los colegas no les tienen miedo a los descuentos, pero creo que el Gobierno debería replantearse porque ellos mismos dijeron que el relamo era justo y legítimo. Tenemos un paro por tiempo indeterminado con acatamiento importante y que se va a seguir sosteniendo", continuó.
Además, advirtió que mientras no haya ninguna novedad sobre los reclamos realizados por el sindicato seguirán las protestas, al menos hasta el 13 de julio, cuando se realice una reunión paritaria convocada por el Ejecutivo provincial.
Preocupación nacional e internacional
La reforma constitucional desató una ola de manifestaciones sociales en su contra por considerar que le quitaba derechos a la población. Las protestas tuvieron como respuesta la represión de las fuerzas de seguridad provinciales, que recibió críticas de parte del Gobierno nacional argentino y también de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En medio de la escalada de tensión, el presidente Alberto Fernández afirmó que los hechos de represión en Jujuy "son inadmisibles" en la "vida democrática" del país.
"A tal punto ha llegado el conflicto generado por el Gobierno [de Jujuy], que por primera vez en mucho tiempo algo acaecido en nuestro país ha provocado la alerta y condena de organismos internacionales defensores de los derechos humanos", dijo el mandatario, en referencia a comunicados emitidos por las Naciones Unidas (ONU), Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch (HRW).
Por su parte, la CIDH manifestó su preocupación ante la posibilidad de que las fuerzas de seguridad cometieran "uso excesivo de la fuerza" para reprimir las protestas. En ese sentido, detalló que "en medio de manifestaciones de pueblos indígenas y sindicatos" los efectivos se habrían excedido al utilizar "gases lacrimógenos y balas de goma, para disolver cortes de rutas no violentos y que respetaban el derecho de paso en autopistas federales".
Como respuesta al clima de tensión social que se vive en Jujuy, el gobernador provincial Gerardo Morales anunció la derogación de dos artículos de la reformada Constitución local, en referencia a la propiedad y explotación de las tierras. Sin embargo, ratificó su defensa de la represión como política central contra las movilizaciones. "Manifestarse es un derecho constitucional, pero cuando cortan una ruta ya cometen un delito", expresó.