La Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca (OMB, por sus siglas en inglés) publicó este lunes un informe, en el que se pronuncia contra varias enmiendas al presupuesto militar de EE.UU. para el año fiscal 2024 (que comienza en octubre de 2023), impulsadas por congresistas.
Entre otros temas, se trata de la sección 1234 que estipula la prohibición de proporcionar a Rusia notificaciones de conformidad con el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, conocido también como START III o Nuevo START, en el que Moscú suspendió su participación en febrero.
"EE.UU., desde el 1 de junio, dejó de transmitir notificaciones del Nuevo START a la Federación de Rusia como contramedida legal a las continuas violaciones del tratado por parte de Rusia, la sección 1234 limitaría indebidamente la capacidad del Poder Ejecutivo de revertir tales contramedidas", reza el informe.
Asimismo, la OMB se opone a la sección 1662 que expandiría la política en materia de defensa antimisiles para desarrollar sistemas capaces de derribar misiles intercontinentales de China y Rusia.
"Implementar la política de la sección 1662 tendría un costo prohibitivo y no sería técnicamente ejecutable. Además, establecer una política de este tipo socavaría la disuasión estratégica estadounidense de la RPC [República Popular de China] y Rusia y anularía dos décadas de política en materia de defensa antimisiles bien establecida", se desprende del documento.
La lógica de la Administración Biden fue explicada por Dmitri Stefanóvich, analista del Instituto de Economía Mundial y Relaciones Internacionales de la Academia de Ciencias de Rusia, en un comentario a Kommersant. "En la administración de EE.UU. entienden: una fuerte intensificación de los esfuerzos para aumentar la defensa antimisiles estratégica provocará una reacción por parte de Rusia y China, cuya disuasión mutua se basa en la posibilidad de una represalia nuclear garantizada", detalló Stefanóvich.
"En caso de que se produzcan esos intentos, probablemente condenados al fracaso por razones puramente técnicas, seguramente Moscú y Pekín realicen esfuerzos adicionales para cubrir los riesgos en caso de éxitos repentinos en EE.UU.", añadió.
Otros puntos de discordia
Entre tanto, la Casa Blanca también expresó su descontento sobre la sección 1631 que requiere el establecimiento del programa 'Fuerza Mayor para Programas de Comando, Control y Comunicación Nuclear'. De acuerdo con la OMB, este programa "supondría una carga administrativa, rompería procesos existentes y lo que es más importante, retrasaría los esfuerzos de modernización y mejora en curso".
Además de los aspectos de disuasión estratégica y nuclear, existen otras cuestiones a las que se opone la OMB. En particular, se pronunció en contra de creación de Guardia Nacional Espacial, alentando al Congreso a "no crear una nueva burocracia con implicaciones y gastos persistentes y de largo alcance". En cambio, se propone combinar eficazmente la Fuerza Espacial existente en el marco de la Ley de Gestión del Personal de la Fuerza Espacial (SFPMA, por sus siglas en inglés) y permitir el servicio a tiempo parcial en la Fuerza Espacial "sin sobrecarga adicional y burocracia de un componente separado".
En cuanto a la construcción naval, la Administración Biden expresó su desagrado por que el Congreso no autorice su solicitud completa, proporcionando 600 millones de dólares menos de lo que necesitaba la administración. Se opuso también a la reducción de fondos de 1.500 millones de dólares en reemplazo de submarinos, así como a la financiación adicional no solicitada de 750 millones de dólares en el próximo buque de guerra anfibio del tipo San Antonio porque el plan de la construcción naval no requiere este tipo de buque militar hasta el año fiscal 2025.
Otros puntos de discrepancia entre la Casa Blanca y el Congreso radican en la cuestión de la asistencia financiera a Ucrania y de la reconstrucción de Afganistán. La OMB se pronunció en contra de establecer un inspector general que supervise los enormes paquetes de ayuda militar y económica que Washington envía a Ucrania, así como expandir la autoridad del inspector general especial para la reconstrucción de Afganistán, calificándolo de "innecesario y sin precedentes". Según la Administración Biden, ya existen todos los recursos necesarios para supervisar la ayuda y garantizar la responsabilidad.
Entre otras cosas, la Casa Blanca también se opuso a las secciones que extienden las prohibiciones de utilizar los fondos para transferir a los prisioneros de Guantánamo (Cuba) a EE.UU. o a cualquier otro país, así como construir o modificar instalaciones para albergarlos. "Estas disposiciones interferirían la capacidad del presidente para determinar el destino apropiado de los prisioneros de Guantánamo y tomar decisiones importantes de política exterior y de seguridad nacional en relación con la conveniencia y las circunstancias de transferir a los prisioneros a la custodia o el control efectivo de otros países", explica el informe.