Sindicatos docentes y organizaciones de varios sectores volvieron este jueves a las calles de Jujuy para manifestar en contra de la reforma constitucional de esa provincia argentina, fronteriza con Chile y Bolivia, y en rechazo por las tres personas detenidas por protestar el miércoles en la ciudad de Humahuaca.
Esta vez, las organizaciones Multisectorial e Intergremial convocaron un paro de 24 horas ante la situación que atraviesa la región. El conflicto, que comenzó hace semanas con protestas para reclamar mejores condiciones salariales, sindicales y sociales, se agravó mucho más por la brutal represión y la aprobación de una reforma de la Carta Magna provincial en junio.
"Exigimos que cese la persecución de los compañeros en lucha. Arriba los derechos, abajo la reforma", dice el lema de la consulta, según reporta la agencia Télam.
Una Constitución polémica
El descontento popular escaló hace semanas con la reforma constitucional impulsada por el gobernador conservador Gerardo Morales, que establece la "prohibición de cortes de calles y cortes de rutas" y de "toda otra perturbación al derecho a la libre circulación de las personas y la ocupación indebida de edificios públicos" en la provincia.
Se trata de una nueva Constitución, aprobada en apenas un mes, que no fue consultada a la ciudadanía, que ignora la voz de los pueblos indígenas de la zona y criminaliza el derecho a la protesta, de acuerdo a organismos de derechos humanos.
Pese al texto, las manifestaciones no han cesado, lo que ha llevado a las autoridades a reprimirlas con firmeza, con un saldo de más de un centenar de heridos y varios detenidos.
"Brutalidad y estigmatización"
Según el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), el miércoles hubo allanamientos en las casas de 22 personas que protestaron en la ciudad de Humahuaca contra la reforma, con un saldo de tres detenidos, dos trabajadores municipales y un estudiante, acusados de "sedición".
La movilización también denuncia "las detenciones y encausamientos, la estigmatización de la actividad sindical, la brutalidad de la represión que apuntó con letalidad a los manifestantes y por una reforma constitucional viciada aprobada a espalda de los intereses colectivos y violatoria de derechos".
La reforma constitucional desató una ola de manifestaciones sociales por considerar que le quitaba derechos a la población.
Crítica nacional e internacional
La represión policial a esas propuestas ha sido muy criticada por el gobierno de Alberto Fernández, que pidió que sea declarada inconstitucional, y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que manifestó su preocupación por el "uso excesivo de la fuerza" por parte de las fuerzas de seguridad.
Como respuesta al clima de tensión social que se vive en Jujuy, el gobernador provincial Gerardo Morales anunció la derogación de dos artículos de la reformada Constitución local, en referencia a la propiedad y explotación de las tierras.
Sin embargo, ratificó su defensa de la represión como política central contra las movilizaciones. "Manifestarse es un derecho constitucional, pero cuando cortan una ruta ya cometen un delito", expresó el político, quien ahora también aspira a la vicepresidencia del país en llave con Horacio Rodríguez Larreta, actual jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y precandidato presidencial del conservador Juntos por el Cambio (JxC)