El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, prometió el martes 2 de agosto que continuará presionando a Estados Unidos para que deje de perseguir al fundador del portal WikiLeaks, Julian Assange.
"Esto ha durado demasiado", afirmó el líder australiano en referencia al prolongado arresto de Assange en el Reino Unido, donde está luchando contra su extradición a EE.UU. "Seguimos muy firmes en nuestra opinión y en nuestras manifestaciones ante el Gobierno estadounidense y continuaremos haciéndolo", agregó el político, citado por ABC News.
A finales de julio, el secretario de Estado del país norteamericano, Antony Blinken, estuvo en Australia y rechazó la petición de Albanese de suspender el caso del ciberactivista. Señaló que el autor de varias revelaciones mediáticas de los crímenes de guerra estadounidenses había sido acusado de una conducta criminal muy grave y de exponer a serios riesgos a las personas mencionadas en los documentos filtrados.
La declaración de Blinken era "consistente con la postura estadounidense", que el primer ministro australiano había escuchado antes. Sin embargo, Canberra no abandonará el tema en sus futuras conversaciones con sus pares norteamericanos, declaró Albanese ante los periodistas.
Assange, ciudadano australiano, se encuentra actualmente recluido en la prisión de Belmarsh, en Londres, al tiempo que los jueces de distintas instancias evalúan sus recursos contra la extradición a EE.UU., donde enfrenta 17 cargos en virtud de la Ley de Espionaje y una posible sentencia de prisión de 175 años.
Los cargos contra Assange se derivan de las publicaciones de material clasificado obtenido a través de varios informantes, incluidos documentos del Pentágono que arrojan luz sobre los crímenes de guerra cometidos en Irak y Afganistán y las polémicas prácticas de influencia en las elecciones extranjeras, de escuchas y vigilancia secreta contra los políticos de los países aliados.
La Ley de Espionaje nunca antes se había utilizado para enjuiciar a alguien que publicó materiales clasificados, pero no los robó ni transfirió en disposición de un país enemigo. Assange y sus partidarios argumentan que la publicación de estos materiales por WikiLeaks está protegida por la Primera Enmienda a la Constitución de EE.UU., que protege la libertad de expresión.