Diversos organismos internacionales, incluida la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), han criticado con vehemencia la represión en Perú y puntualmente lo sucedido en la ciudad de Ayacucho (provincia de Huamanga) en diciembre de 2022, en el marco de las protestas contra el Gobierno de Dina Boluarte. Y este viernes se han develado nuevos documentos sobre la actuación de la fuerza pública.
El medio La Encerrona reveló unos documentos secretos de la Segunda Brigada de Infantería Wari, que fue desplegada en la ciudad para controlar las manifestaciones, en los cuales el Ejército reconoce que no estaba preparado para abordar las movilizaciones.
En el reporte, el teniente coronel Carlos Núñez, quien estuvo a cargo de una patrulla en Ayacucho, señaló que la Segunda Brigada de Infantería Wari no disponía de equipo contra motines o disturbios civiles, por lo cual tuvieron que usar fusiles.
Hasta 200 fusiles de guerra que "no [estaban] diseñados para hacer frente de manera eficiente a manifestantes violentos que agredieron a las fuerzas del orden con piedras, avellanas dirigidas, bombas molotov y otros", según refirió Núñez.
Entre el 15 y el 16 de diciembre del año anterior, 10 civiles perdieron la vida por impactos de arma de fuego. De esta decena, algunos ni siquiera participaban de la protesta, que incluyó un intento de tomar el aeropuerto Alfredo Mendívil Duarte.
En su texto, Núñez también indicó que los militares no tenían "un sistema de comunicaciones que facilite el comando y control oportuno y eficiente de la fuerza en todos sus niveles". Usaron sus teléfonos móviles personales, pero no funcionaron porque hay un penal que tiene un sistema de bloqueo, ubicado cerca del aeropuerto.
Estas dificultades provocaron que los efectivos "tuvieran que tomar decisiones individuales sobre el uso gradual de la fuerza".
Como "lección aprendida" tras el suceso, el mayor Alexander Córdova, encargado de la patrulla número tres, aseveró que los jefes de patrulla "en todo momento deben de tener el control de su patrulla y así evitar exceso o uso de su armamento hacia la población manifestante".
"La patrulla debe contar con equipos antimotines y armas no letales para salvaguardar la vida de la población", concluyó el técnico de primera Alberto Bravo, jefe de la patrulla número 16.
El caso de Ayacucho
En un informe, la CIDH observó que "la respuesta de las fuerzas estatales no fue uniforme en todo el territorio nacional y que hubo graves episodios de uso excesivo de la fuerza, en particular en los escenarios donde intervinieron las fuerzas militares, como ocurrió en Ayacucho".
"La Comisión también condena enérgicamente el uso indiscriminado de la fuerza mediante armas de fuego contra población inerme por parte de agentes del Estado peruano", añadió el organismo.
Mencionó que, según las autopsias que fueron avaladas por la Fiscalía, "todas las personas murieron por disparos letales de armas de fuego dirigidos a tórax, abdomen y cabeza".
"Hechos que, al ser perpetrados por agentes del Estado, podrían constituir ejecuciones extrajudiciales, extremos que deben ser investigados por fiscalías especializadas en derechos humanos", enfatizó la CIDH.
Posición oficial
Hasta ahora ni las Fuerzas Armadas ni el Gobierno se han pronunciado sobre esta nueva revelación de lo ocurrido en Ayacucho. No obstante, en otras ocasiones han repudiado la denominación de "ejecuciones extrajudiciales".
"Rechazamos la existencia de ejecuciones extrajudiciales y la clasificación de masacre, aunque se mencione de forma condicional", respondió la presidenta Dina Boluarte a principios de mayo ante la publicación del informe de la CIDH.