El Gobierno de Paraguay convocó este martes al embajador argentino en ese país, Oscar Domingo Peppo, luego de que responsabilizara a las autoridades de Asunción del aumento de tensiones en el marco del conflicto por la hidrovía Paraná-Paraguay. El Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país citó al diplomático de Buenos Aires a una reunión a celebrarse este jueves 14 de septiembre.
El lunes, en declaraciones a Radio Dos, Peppo señaló que "el gobierno paraguayo se está pasando de la raya", y lo responsabilizó por las tensiones que se iniciaron la semana pasada, luego de que la Prefectura Naval Argentina retuvo un convoy de 10 barcazas que llevaban combustible hacia Asunción, en reclamo del pago de peaje.
"El conflicto va escalando y no por voluntad argentina, sino por voluntad de Paraguay, que tomó medidas unilaterales que nada tienen que ver con lo que se venía trabajando", manifestó Peppo.
El funcionario se refirió puntualmente a una embarcación retenida en la localidad de Zárate, sobre el río Paraná. "Planteaban que Argentina retuvo la barcaza y que no querían pagar lo que corresponde por tributos. Ellos querían pagar algo como fianza y no de peaje, eso cambió el trámite, y la cosa se embarró", dijo.
"Es justo"
"El tratado dice que los países no pueden cobrar impuesto sobre el río, pero sí tasas retributivas por el servicio que se preste sobre el mismo, y Argentina vuelca cerca de 25 millones de dólares a la hidrovía, es justo que pague quien más lo utiliza y eso son los paraguayos", justificó Peppo.
Paraguay aduce que la Casa Rosada, al querer cobrar peaje fluvial, incumple los tratados suscritos por el Mercosur en materia de libre tránsito comercial. En un comunicado emitido el domingo, Asunción, con el apoyo de los Gobiernos de Uruguay, Brasil y Bolivia, rechazó la medida argentina por considerarla "unilateral" y "arbitraria".
El canciller de Paraguay, Rubén Ramírez Lezcano, y la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, se reunieron el lunes con la secretaria de Energía de Argentina, Flavia Royon, y el presidente de la Administración General de Puertos, José Beni, entre otros funcionarios, a fin de lograr un acuerdo.
En la misma jornada, la Prefectura argentina liberó la barcaza transportadora de combustible, perteneciente a la empresa Mercurio Group SA, luego del pago de 27.000 dólares en concepto de peaje y 1.477 dólares por costas e intereses.
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