La polémica en torno a los últimos comicios presidenciales en Guatemala, cuyo balotaje se celebró el 20 de agosto pasado, dándole el triunfo a Bernardo Arévalo, del Movimiento Semilla, no cesa. Este lunes arrancó un "paro nacional indefinido", convocado por la asociación comunitaria indígena 48 Cantones de Totonicapán y otras organizaciones civiles y estudiantiles, que buscan defender esa victoria.
Con esta medida de protesta, que incluye manifestaciones en las calles del país, piden la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras; el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público (MP), Rafael Curruchiche; y el juez Fredy Orellana, señalados de querer entorpecer la decisión popular, con un proceso abierto en contra de Semilla.
Las acciones, señalan las agrupaciones, se dan luego de no obtener respuesta alguna sobre las cartas entregadas el pasado 18 de septiembre ante el Congreso de la República, la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público, mediante las cuales solicitaron justamente las renuncias de Porras, Curruchiche y Orellana.
Los manifestantes los acusan de estar llevando a cabo "acciones arbitrarias" que atentan contra "la democracia y autonomía" del pueblo guatemalteco.
Protestas
Un grupo de personas se concentró en las afueras de la sede central del Ministerio Público en Ciudad de Guatemala. "Fuera golpistas" es una de las consignas.
También, hasta poco antes del mediodía de este lunes, permanecían bloqueados al menos 17 puntos en carreteras que conectan al territorio guatemalteco, informó la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial).
Los bloqueos se realizan en 10 de los 22 departamentos del país centroamericano. Concretamente en Chimaltenango, Quiché, Sololá, Totonicapán, Santa Rosa, Chiquimula, Alta Verapaz, Quetzaltenango, San Marcos y en el Departamento de Guatemala.
Últimas acciones de la Fiscalía
Estas manifestaciones se dan luego de que el pasado viernes la Feci allanara nuevamente, y por quinta vez, la sede del Tribunal Supremo Electoral (TSE), tras una orden emitida por el juez Orellana.
Sobre esta diligencia, Curruchiche brindó unas declaraciones a la prensa un poco confusas. Dijo que, a diferencia de allanamientos anteriores, este operativo "no tiene relación con el partido político Semilla" y añadió que "no hay ninguna investigación contra ningún directivo" de la organización, la cual ha sufrido un embate por parte de la Fiscalía.
Señaló que la acción respondió a un caso que "está bajo reserva total". Sin embargo, en la misma intervención comentó que es la misma causa judicial del caso Semilla, pero que "esta fase (de la investigación) no tiene relación con el partido".
El TSE denunció que en el allanamiento, que se extendió por más de 18 horas, los fiscales del Ministerio Público secuestraron actas electorales que registraron la victoria de Arévalo.
"Se llevaron todas las cajas, con todos los resultados", mencionó la magistrada del TSE Blanca Alfaro, al indicar que los fiscales prometieron devolver las actas el próximo miércoles: "¿Para qué los van a devolver si ya salió de nosotros? No sabemos qué pueden hacer con ellos", agregó.
Las cajas sustraídas por los agentes del Ministerio Público contienen las actas 4 y 8 que validan los resultados de las dos vueltas presidenciales.
Previo a la sustracción de los documentos, los magistrados del TSE presentaron dos acciones de amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) en contra de Porras y Orellana. "Se ordena que no se secuestren esos documentos por el MP, ni se entreguen por el TSE al MP, las actas 4 y 8 que resguardan los resultados electorales de todas las elecciones generales realizadas, ello por virtud de ser documentos únicos de los cuales no hay otro registro ni duplicado y porque solamente corresponde al TSE, su debido resguardo", reza el texto de la denuncia.
"El silencio no es una opción"
Arévalo, por su parte, mediante un mensaje publicado en su cuenta en la red social X, dijo que Porras, Curruchiche y Orellana "están llevando a cabo un golpe de Estado".
"Es un golpe de Estado en curso, en el que se atenta contra el proceso electoral y contra la voluntad libremente manifestada por el pueblo durante este proceso", declaró.
En otra publicación, acompañado por la vicepresidenta electa, Karin Herrera, ambos llamaron a los guatemaltecos a manifestarse y hacer oír su voz.
"Es nuestro deber ciudadano manifestarnos en contra de este atentado contra el Estado de derecho y este intento de romper el orden constitucional (...) El silencio no es una opción", expresó Arévalo.
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