La Operación Valkiria V emprendida el lunes por la Policía Nacional del Perú (PNP) e integrantes del Ministerio Público destapó una presunta red criminal encabezada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y una serie de acusaciones cruzadas entre figuras del Estado.
Horas después de que comenzara el operativo, que incluyó allanamientos a sedes de la Fiscalía, Benavides se pronunció sin responder sobre las acusaciones de presunta organización criminal y tráfico de influencias. En cambio, anunció una denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte y el titular del Consejo de Ministros, Alberto Otárola.
La respuesta se dio el mismo día: en un mensaje a la nación, la mandataria condenó "tal deleznable maniobra política". Tanto ella como Otárola están señalados por presunto homicidio calificado y lesiones graves a causa de las decenas de muertes en pasadas protestas antigubernamentales.
Pedido de "valeriana"
En la noche del lunes, en una entrevista, Otárola aseveró que la fiscal de la Nación tuvo una "respuesta equivocada y apresurada", dado que hace poco amplió la investigación en su contra por ocho meses.
"Espero que la doctora Benavides haya tomado un poco de valeriana, porque la hemos visto muy activa desde la madrugada", afirmó al programa 'Nunca es tarde' que transmite la emisora local RPP.
Otárola se refirió a las reuniones que sostuvo Benavides con su entorno más cercano, antes de tomar la decisión de finalizar la designación de la fiscal Marita Barreto del cargo de coordinadora del equipo especial contra la corrupción en el poder.
Barreto fue quien lideró las pesquisas de la Operación Valkiria V. Ante esto, Otárola calificó como "intento burdo de desviar la atención" la medida tomada por la fiscal de la Nación. "Vamos a defendernos con la Constitución y la ley en la mano", avisó.
La "pelea interna"
El abogado de la jefa de Estado, Joseph Campos, reconoció que la denuncia constitucional los tomó por sorpresa e indicó que el accionar de la fiscal de la Nación "deteriora la institucionalidad democrática".
"Lo he dicho en otras ocasiones y espero que no se entienda como una vulgaridad, para nosotros es una batalla de gringos, una pelea interna en el Ministerio Público", declaró este martes a TVPerú Noticias.
Entrevistado en 'Noticias Mañana', Campos reiteró que la denuncia contra Boluarte "no tiene mayor sustento" y reprobó los acontecimientos recientes. "No hay que establecer mantos de impunidad", comentó en referencia al desenvolvimiento de Benavides.
Críticas constantes
No solo el Gobierno de Boluarte ha fustigado lo sucedido. Desde el Congreso de la República, algunos de sus miembros ya tomaron acciones, tanto para que haya un adelanto de elecciones, como denuncias contra Benavides.
El parlamentario Jaime Quito presentó un documento en el cual invocó a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) a suspender a Benavides de su cargo para empezar un proceso de destitución.
La JNJ aclaró que se encuentra en "sesión permanente evaluando las acciones que le competen en el marco de la Constitución y la ley".
Por su parte, el legislador Guido Bellido introdujo un oficio para que la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso cite de urgencia a Benavides para "explicar su presunta vinculación con una organización criminal que operaría en la Fiscalía de la Nación y de la que sería cabecilla".
Posturas
Este martes el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, uno de los implicados por este caso denominado 'La fiscal y su cúpula del poder', descartó una posible renuncia.
Una serie de mensajes han develado que, aparentemente, Benavides a través de sus allegados, ofrecía absoluciones a congresistas imputados a cambio de sus votos para alcanzar ciertos objetivos. Y uno de esos sería la elección de Gutiérrez como defensor del Pueblo.
"La investigación comete un error (...) eso no es verdad", expresó en conferencia de prensa flanqueado por personal de la Defensoría. "Jamás le he pedido nada a esas personas, menos que intercedan por mí ante un proceso válido, legítimo del Congreso de la República", dijo.
Entretanto, el sindicato de trabajadores de la institución demandó su salida del puesto. "Alzamos nuestra voz para manifestar nuestro absoluto rechazo frente a una situación que consideramos insostenible", señaló.
"Exigimos al señor Josué Gutiérrez Cóndor que se aparte del cargo de defensor del Pueblo y se someta a una investigación que, con las debidas garantías, establezca las responsabilidades a que hubiera lugar", añadió.
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