La Junta Nacional de Justicia de Perú (JNJ) abrió este martes un "procedimiento disciplinario inmediato" a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en el marco de las acusaciones en su contra por orquestar una presunta red criminal en el interior de la institución, que habría influenciado ilícitamente en decisiones clave del Congreso de la República.
Según explicó la JNJ en un breve comunicado, este tipo de procesos se llevan a cabo "en casos en los que existe evidencia suficiente de una conducta notoriamente irregular, o en la comisión de una falta disciplinaria muy grave detectada en el momento en que se está ejecutando".
La decisión judicial ocurre tras la investigación emprendida este lunes por la Policía Nacional del Perú e integrantes del Ministerio Público. Dentro de la denominada Operación Valkiria V se llevaron a cabo allanamientos a sedes de la Fiscalía y la detención de Jaime Villanueva, principal asesor de Benavides. Otro de sus asesores, Miguel Ángel Girao Isidro, y el coordinador parlamentario Abel Hurtado Espinoza también estarían implicados.
En medio de las indagaciones y el escándalo, la Junta de Fiscales Supremos, máximo órgano del Ministerio Público del Perú, solicitó la dimisión de Benavides "a fin de no afectar la investigación" que realiza la institución, recoge el diario El Comercio. La alta funcionaria, quien también es investigada por tráfico de influencias, afronta varios otros pedidos de salida desde distintos sectores de la política nacional.
No obstante, la fiscal general manifestó que no renunciaría y calificó los hechos como un ataque en su contra. Al mismo tiempo, anunció la presentación de una denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte y el titular del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, por las muertes ocurridas durante las protestas en el país entre diciembre de 2022 y marzo de 2023.
Los fiscales supremos no pueden obligarla a dejar sus cargos. Sin embargo, tal como explica El Comercio, la JNJ sí puede suspender e incluso destituir a Benavides como fiscal suprema, y en consecuencia como fiscal de la Nación. La legislación peruana establece que para ello se requiere que exista evidencia grave sobre una falta disciplinaria grave que sea sancionable con una destitución.