El atentado registrado el sábado en la provincia de Pataz, departamento de La Libertad, al norte del Perú, donde murieron al menos nueve personas, ha generado un aluvión de críticas al Ejecutivo que preside Dina Boluarte, inclusive, de la máxima autoridad local.
"Me duele decirlo, pero hay que expresarlo: que no contamos con presidenta de la República, que no contamos con ministro del Interior y esas son las consecuencias, gente asesinada por la inercia del Gobierno central", declaró el alcalde de Pataz, Aldo Carlos Mariños.
Entrevistado el domingo en el programa 'Pasos Perdidos' que transmite el local Canal N, aseveró que tanto Boluarte como el ministro del Interior, Víctor Torres, son "cómplices de un desgobierno que no está haciendo nada por salvar a la patria".
"Esto es responsabilidad del Gobierno central, del ministro del Interior, son cómplices por su inercia, por su incapacidad (...) no hay autoridades desde el Gobierno central con políticas claras contra este flagelo: han ingresado bandas criminales terroristas a dañar la imagen que tenía la provincia de Pataz", añadió.
Torres afirmó que la zona ya está custodiada por un contingente de 180 efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y 50 miembros del Grupo Especial contra el Crimen Organizado (Grecco) para enfrentar a la minería ilegal y a las organizaciones criminales implicadas.
"Vamos a intensificar las acciones que sean necesarias para que los criminales caigan. No vamos a parar hasta conseguir nuestro objetivo", subrayó el controvertido funcionario. Y, en ese sentido, han comunicado la detención de siete personas que formarían parte de una banda criminal denominada 'La Gota del Norte'.
Y a mediodía de este lunes, Torres anunció la creación de un comité multisectorial para abordar la problemática de la minería ilegal, con la participación del Ministerio de Energía y Minas, la Fiscalía de la Nación, la Superintendencia Nacional de Migraciones, el Poder Judicial y los gobiernos regionales y locales.
Menos soberanía
El presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Alfonso Bustamante, manifestó que el país andino ha llegado a un "estado de violencia en el que vemos pérdida de soberanía".
Esta jornada en 'Ampliación de Noticias', de la emisora RPP, mencionó el caso de una reserva natural en la región de Madre de Dios. "Allí rige la ley de la selva, lamentablemente el Estado peruano ha perdido soberanía en estos lugares", sostuvo.
Bustamante indicó que en Perú, nación minera, hay un "sector hiper regulado" que "convive con una minería informal que tiene menos requisitos", lo que propicia la actividad ilegal.
"Hay asesinatos todos los días en la minería informal", aseguró Bustamante sin brindar mayores detalles. "Ilegales se apoderan de territorios a la fuerza, con violencia, con asesinatos", denunció.
Posturas congresales
Este lunes la bancada de Fuerza Popular en el Congreso de la República fustigó la "inacción" gubernamental y exhortó a priorizar el fortalecimiento de la actividad minera artesanal.
"Invocamos al Gobierno a no solo intervenir en ese aspecto, sino a abordar la problemática de fondo: la minería ilegal, aquella que depreda nuestros recursos naturales, ahuyenta la inversión privada y cobra vidas de la manera más violenta", señaló.
Mientras que el presidente del Parlamento, Alejandro Soto Reyes, instó en X al Ejecutivo a "cumplir con las medidas anunciadas para acabar con estas organizaciones criminales que ponen en peligro la vida de los peruanos y afectan nuestra economía".
Por su parte, su antecesor en el cargo, el legislador José Williams Zapata, lo calificó como un "gravísimo hecho". También en la red social llamó a "cortar rápido y que no se repita este hecho", en el cual estaría vinculado la organización criminal 'Tren de Aragua'.