La inseguridad y la violencia han aumentado en Chiapas de forma alarmante. Así se desprende del informe 'Chiapas: un desastre, entre la violencia criminal y la complicidad del Estado', publicado por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba).
En el documento se sostiene que el punto de quiebre tuvo lugar en julio de 2021, cuando en la capital del estado, Tuxtla Gutiérrez, comenzaron los "reacomodos" y "disputas" entre grupos del crimen organizado.
En aquel momento, el Cártel de Sinaloa se lanzó a enfrentar al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que, poco a poco, iba ganando terreno en varias regiones de una entidad federativa considerada de alto valor estratégico.
Tiroteos, bloqueos y desabasto
Chiapas es un estado muy codiciado. No solo sirve como tránsito para la cocaína proveniente de Centro y Suramérica, es también una ruta clave para los migrantes y un territorio pletórico de recursos naturales, entre ellos, hidrocarburos, minerales y agua dulce.
De acuerdo con el Frayba, a partir de esta guerra entre cárteles, Chiapas se ha vuelto una entidad federativa cada vez más insufrible: han aumentado el narcotráfico, el consumo de drogas, los homicidios, los feminicidios y las desapariciones.
Chiapas sirve como tránsito para la cocaína proveniente de Centro y Suramérica, es una ruta clave para los migrantes y un territorio pletórico de recursos naturales.
Las autoridades, mientras tanto, en vez de combatir la ola de inseguridad y violencia, se han convertido en parte del problema: el Frayba denuncia que se ha consolidado una alianza perversa entre Gobierno, empresas y grupos criminales.
"Regiones con toques de queda impuestos, agresiones armadas constantes a comunidades enteras; se aumentó la presencia de grupos criminales y, se fortaleció, la tríada Gobierno, empresas y delincuencia organizada", relata el informe.
En entrevista, Dora Roblero, directora del Frayba, comenta que, aunque esta y varias organizaciones de defensa de los derechos humanos han solicitado al Gobierno federal que atienda la situación de inseguridad y violencia, hasta el momento no han obtenido respuesta.
"El presidente Andrés Manuel López Obrador no solamente ha sido omiso, sino que incluso niega que exista violencia en el estado", lamenta.
Roblero, con una trayectoria de más de 15 años en el Frayba como defensora de los derechos humanos, alerta que, en la actualidad, los caminos para ingresar a varios de los municipios de Chiapas están bajo el control de los grupos de la delincuencia organizada.
"Los pueblos de Frontera Comalapa y Chicomuselo se encuentran bloqueados en este momento, en medio de amenazas de enfrentamientos entre organizaciones criminales".
No es la primera vez que la disputa entre cárteles de la droga propicia el bloqueo de caminos y, junto con ello, el desabasto de productos de primera necesidad.
Los caminos para ingresar a varios de los municipios de Chiapas están bajo el control de los grupos de la delincuencia organizada.
Apenas en noviembre pasado, integrantes del Cártel de Sinaloa cerraron la carretera Panamericana, a la altura del municipio de Chamic, así como el camino del lado de la sierra de Motozintla.
Los bloqueos provocaron que el pueblo de Frontera Comalapa, bajo control del Cártel Jalisco Nueva Generación, se quedara sin suministro de víveres y combustible.
Fueron varios días de un escenario de guerra en una entidad en donde no existían enfrentamientos entre organizaciones criminales.
Hubo tiroteos y automóviles incendiados hasta que el Ejército mexicano intervino y levantó los bloqueos, por el momento.
Roblero asegura que la violencia, a contrapelo de la narrativa oficialista, no está "focalizada", sino cada vez más "generalizada" en Chiapas.
"Las comunidades de la región fronteriza, como Paso Hondo y Chamic, son de las más afectadas. Hacia el lado de Tapachula, pueblos como La Grandeza, Siltepec y Motozintla, son objeto de hostigamiento criminal".
La región de Los Altos de Chiapas, por su parte, tampoco se ha salvado de la disputa entre cárteles del narcotráfico.
En junio de 2022, en un mercado de la zona norte de San Cristóbal de las Casas, tuvo lugar un tiroteo con armas de alto calibre durante más de cuatro horas.
Y no ha sido el único. Volvió a ocurrir el 24 de octubre del año pasado en el mismo mercado. De acuerdo con testimonios, esa noche se escucharon por lo menos 20 detonaciones de armas de fuego, desatando el pánico y la búsqueda de refugio.
Vivir en la zozobra
A la persecución desde el Estado y el hostigamiento de grupos empresariales, ahora se suma el terror de grupos criminales que, a sus anchas, imponen su ley, denuncian integrantes de organizaciones no gubernamentales y movimientos sociales.
Juany, quien forma parte del Movimiento de Mujeres en Defensa de la Tierra y el Territorio, vive en el municipio de Palenque, donde se asienta una de las zonas arqueológicas más importantes de la región. Sus apellidos, prefiere mantenerlos bajo reserva por razones de seguridad.
Asegura que la vida ha cambiado de manera radical para los lugareños. En la actualidad, relata, los habitantes de Palenque procuran no salir de sus casas durante la noche por miedo, ya no solo de ser asaltados por delincuentes, sino víctimas fatales de una bala perdida.
La mujer cuenta que se trata de una situación inédita en su comunidad. "Hasta hace unos años, sí, es cierto, había alguno que otro robo, pero era muy esporádico. Ahora no se puede ni salir a practicar un deporte con libertad. De repente hay ejecutados y ni siquiera hay detenidos".
Reclutamiento de jóvenes
Los jóvenes se cuentan entre las principales víctimas de esta guerra sin cuartel. De acuerdo con Juany, ante la falta de oportunidades, muchos de ellos toman la decisión de pasar a formar parte de la delincuencia organizada.
Los habitantes de Palenque procuran no salir de sus casas durante la noche por miedo.
El Cártel de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación han logrado reclutarlos, ofreciéndoles una remuneración que se ha vuelto prácticamente imposible de conseguir en el ámbito legal de la economía.
El narcotráfico no ha sido la única 'ventana de oportunidad', algunos jóvenes han optado por sumarse a las filas de las mafias dedicadas a extorsionar, secuestrar y matar personas por encargo.
Una de las bandas delincuenciales más populares es la de Los Motonetos, que en un primer momento, convocó a jóvenes de entre 13 y 17 años que, montados en motocicletas, comenzaron a operar en San Cristóbal de las Casas y comunidades aledañas.
Los jóvenes han optado por sumarse a las filas de las mafias dedicadas a extorsionar, secuestrar y matar personas por encargo.
Los Motonetos se han dedicado a sembrar un clima de terror que, hasta hace unos años, parecía imposible de concebir en una de las joyas turísticas más preciadas del sureste mexicano.
En la actualidad, tan pronto los habitantes de San Cristóbal de las Casas se percatan de la presencia de una motocicleta con un encapuchado a bordo, se resguardan de inmediato: saben que no es un buen augurio.
El consumo de drogas, por su parte, ha venido aumentando de forma preocupante. La edad de mayor consumo fluctúa entre los 16 y 20 años, de acuerdo con estimaciones del Centro de Integración Juvenil de Tuxtla Gutiérrez.
En entrevista, Poulette Hernández, coordinadora del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa A.C., comenta que los Gobiernos estatal y federal se han dedicado a minimizar los problemas de la inseguridad y la violencia.
Asegura que quienes forman parte de la asociación, localizada en el municipio de Tonalá, han sido testigos, a partir de las denuncias de las comunidades, de cómo los cárteles se han venido haciendo de un mayor control sobre el territorio.
Hernández comenta que, cuando desaparece algún joven, se levantan las alertas para acelerar el proceso de búsqueda; sin embargo, las autoridades finalmente argumentan que la razón es que la persona "se fue con su pareja o su amante".
"Son puras 'cortinas de humo'. El incremento de la violencia, las desapariciones y el desplazamiento forzado son fenómenos que el propio Estado mexicano ha propiciado y se ha encargado de invisibilizar", sentencia la activista.
2024, un año electoral plagado de violencia
Desde los diferentes niveles de Gobierno se niegan a aceptar que Chiapas sea víctima de una crisis de inseguridad y violencia; aseguran que los datos de homicidios están muy por debajo en comparación con otros estados de la República.
Sin embargo, mientras la entidad se alista a elegir gobernador este año, persiste el temor entre la población no solo de un incremento en el número de homicidios, sino también de su alto poder de infiltración en el campo de la política.
Aun cuando oficialmente todavía no arranca el proceso electoral, la violencia no da tregua. Hace unos días, el aspirante a la alcaldía de Suchiate por el Frente Amplio por México, David Rey González Moreno, fue asesinado a balazos.
En definitiva, la gobernabilidad de la entidad se ha vuelto cada vez más compleja. En la confrontación entre el Cártel de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación, incluso están involucradas agrupaciones delictivas de otros países.
El Cártel Jalisco Nueva Generación mantiene una alianza de facto con Los Huistas, una organización delincuencial surgida en Guatemala y cuyo líder, Eugenio Darío Molina López, es buscado por el Departamento de Estado norteamericano.
Gobernar Chiapas es hoy un desafío mayor en comparación con 2018, cuando el presidente López Obrador tomó posesión. Y es que, aunque el mandatario prometió "progreso con justicia", la inseguridad y la violencia han terminado por nublar su aspiración de hacer realidad la paz social.
El lanzamiento de programas sociales, la construcción de megaproyectos como el Tren Maya y el despliegue de miles de elementos de la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa, no han sido suficientes.
De acuerdo con el Frayba, a 30 años del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), la conflictividad social se agrava: en tiempos de la denominada 'Cuarta Transformación', la 'remilitarización' ha traído consigo masacres, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas.
Con todo y la instalación de más de 15 cuarteles militares y el despliegue de más de 8.000 efectivos de las corporaciones castrenses y de seguridad, el Gobierno mexicano ha sido incapaz de socavar el poder de los grupos del crimen organizado en un territorio que alguna vez fue considerado un paraíso.
Con la mira puesta en poner un alto a la violencia, desde la sociedad se han venido articulando diversos grupos de 'autodefensas', entre ellos, el 'Ejército Civil del Pueblo Indígena de Pantelhó', creado en julio del año pasado.
Los integrantes de estas guardias comunitarias aseguran que el Gobierno mexicano los abandonó a su suerte, toda vez que hizo a un lado su responsabilidad de garantizar la seguridad de los ciudadanos.
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