El presidente colombiano, Gustavo Petro, comentó en sus redes las cifras ofrecidas por Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que sitúa a Colombia como el país con la más alta cifra de mortalidad infantil del total de 38 miembros de ese organismo.
"Esta es la peor estadística de Colombia en la OCDE. La ausencia de un sistema preventivo en salud produce el que seamos el país con la mayor tasa de mortalidad infantil de la OCDE", afirmó el mandatario en su cuenta de la plataforma X.
Según el registro de la OCDE, la nación suramericana tiene la tasa de mortalidad más alta con 16,5 por cada 1.000 nacimientos vivos, mientras que la más baja pertenece a Japón, con 1,7.
De la región, México se encuentra en segundo lugar, con 12,7; seguido de Costa Rica, con 9,6, en el tercer puesto. En la lista aparece Chile, con 5,9; EE.UU., con 5,4 y Canadá, con 4,5.
Ante esta cifra, Petro considera que su proyecto de reforma de salud –aprobado en la Cámara de Representantes y que espera discutirse próximamente en el Senado– busca construir precisamente ese modelo preventivo.
Los número colombianos
En cuanto a las cifras que maneja el país suramericano, el boletín epidemiológico del Instituto Nacional de Salud (INS) de la segunda semana de enero de 2024 recoge que hubo "22 muertes probables en menores de cinco años". De este número de muertes de enfermedades prevenibles, 14 fueron por infección respiratoria aguda; cuatro por diarrea aguda y cuatro por desnutrición aguda
En el boletín de la semana 52 de 2023, del 24 al 30 de diciembre, se detalla que 599 muertes de este tipo fueron confirmadas y que 197 están en estudio. Estos datos arrojan una tasa de mortalidad de 7,48 casos por cada 100.000 menores de cinco años.
En el balance de la última semana de diciembre, se observa que el departamento de La Guajira tiene el mayor número de muertes confirmadas de menores de cinco años, con 115 fallecidos, mientras que el Chocó se ubica en segundo lugar con 80.
El caso no resuelto de La Guajira
A pesar de los esfuerzos del Gobierno de Petro por declarar un estado de emergencia en La Guajira –con miras a atender la crisis humanitaria que existe en ese territorio y que afecta principalmente a las mujeres embarazadas y a los niños– en diciembre pasado la Corte Constitucional (CC) dejó sin efecto un decreto presidencial que apuntaba a la protección de esas poblaciones vulnerables.
Con esta decisión, la CC ya ha derogado más de 10 iniciativas del Ejecutivo diseñadas para atender la emergencia humanitaria que se presenta desde hace años en el departamento de La Guajira, al extremo nororiental del país, región sumida en pobreza extrema y el abandono estatal donde tres de cada cien niños están desnutridos, según el INS.
Las acciones que buscaba impulsar Petro en esa entidad estaban contenidas en el decreto 1085, consignado el pasado 2 de julio. Allí se priorizaban 11 sectores para enfrentar la crisis, mitigar los efectos de los fenómenos climáticos extremos y atender la situación institucional.
Entre otros argumentos, el mandatario mencionó la necesidad de regularizar el abasto de agua potable en la región, caracterizada por un clima desértico, y en donde todavía persisten focos de enfermedades asociadas a condiciones de precariedad.