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Tensión máxima en Colombia por la polémica elección de la nueva fiscal general

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Después de tres intentos fallidos, la alta Corte vuelve a deliberar sobre quién estará al frente del Ministerio Público, en medio de un fuerte operativo policial.
Tensión máxima en Colombia por la polémica elección de la nueva fiscal general

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Colombia realizará este jueves una nueva ronda de votaciones con miras a designar a la próxima fiscal general, luego de tres intentos fallidos que han generado incertidumbre y tensiones en el país suramericano.

Le corresponde a los magistrados de la Sala Plena del máximo tribunal votar y llegar a un consenso sobre la nueva titular del Ministerio Público, que actualmente está dirigido de manera interina por Martha Mancera.

En esta jornada, las autoridades han anunciado un operativo policial con 1.800 uniformados para resguardar las inmediaciones del Palacio de Justicia, en Bogotá, donde se encuentra la Corte Suprema, debido a que en la votación anterior hubo un plantón en esa área y eventos aislados de alteración del orden, que incluyeron el bloqueo de la salida del personal que trabaja en ese edificio.

A la par del reforzamiento de las medidas de seguridad en los alrededores del máximo tribunal, los medios locales han recogido imágenes de algunos manifestantes que han comenzado a llegar a la Plaza de Bolívar, en el centro histórico de la capital colombiana.

¿Qué se espera para hoy?

El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, José Daniel Gualdrón, informó que se hicieron operativos y labores de inteligencia para prevenir cualquier incidente que afecte a los magistrados.

Los 1.800 funcionarios estarán desplegados entre posibles sitios de concentración como la Plaza de Bolívar, el Parque Nacional y el entorno de la Fiscalía.

Además, habrá cierres viales y brigadas motorizadas y aéreas para atender cualquier emergencia.

¿Qué podría ocurrir?

De no lograrse consenso, se prevé que se fije para el 6 de marzo la nueva jornada de votación. No obstante, según el coordinador de la Mesa Permanente por la Paz y la Justicia en Cali, José Freddy Restrepo García, la elección debería ocurrir este jueves porque se habría vencido el plazo para hacerlo, tras la presentación de la terna por parte del presidente, Gustavo Petro, recoge Las Dos Orillas.

Restrepo García confía en que no haya votos en blanco porque existiría la obligación de escoger a la nueva titular del Ministerio Público.

Las opiniones sobre la premura con la que debería hacerse la votación son variadas. Desde algunos sectores consideran que este tipo de procesos llevan tiempo, por lo que no encuentran irregular que la elección se haya postergado, según La Silla Vacía.

El caso de 'Pacho Malo'

El mismo día que se espera el nuevo nombre de la titular de la Fiscalía, se conoció que el ente acusador capturó en Medellín a Francisco Javier Martínez Ardila, alias de 'Pacho Malo', quien era el coordinador del CTI de Buenaventura.

A Martínez Ardila se le señala de presuntamente cometer el delito de concierto para delinquir y de estar involucrado en redes de contrabando entre Buenaventura, la capital antioqueña y Bogotá.

Al respecto, el mandatario escribió en X que le parece un "buen paso" que el organismo acusador "comience el desmonte de la red narcotraficante que controla varias de sus secciones".

El jefe de Estado protagonizó el año pasado una controversia con Mancera, quien aseveró que desde la Casa de Nariño, sede del Gobierno, se estaba protegiendo a narcotraficantes, al cuestionar la ley de 'paz total' y las conversaciones con los grupos armados impulsadas por Petro.

El presidente colombiano, en una interacción a través de sus redes, hizo referencia a un artículo publicado por el periodista Daniel Coronell donde se afirmaba que Mancera y otros funcionarios del Ministerio Público tenían conocimiento que desde el puerto de Buenaventura (Valle del Cauca) se enviaban cargamentos de cocaína al exterior.

Según la investigación del periodista, el director del CTI de la Fiscalía de Buenaventura, que fue capturado, habría sido encubierto por la vicefiscal en sus presuntas actividades de tráfico de drogas.

Una nueva fiscal "sin vinculación con el crimen"

Petro ha denunciado en varias oportunidades la existencia de un plan para deponerlo, a través de instituciones como la Fiscalía al frente de su extitular Francisco Barbosa, con la finalidad de impedir que se posesione la nueva autoridad el ente acusador que pueda investigar el organismo desde adentro.

Al referirse al tema desde Alemania, donde estuvo la semana pasada, Petro afirmó que era fundamental que "las personas propuestas no estén vinculadas al crimen".

"La integridad de los órganos de investigación es crucial para evitar que el país se vea sumido en la violencia", agregó.

Los intentos anteriores

En agosto pasado, el presidente colombiano presentó a la CSJ una terna con los nombres de las candidatas que postulaba para ocupar el cargo. Sin embargo, en septiembre hizo una modificación e introdujo una nueva lista en la que se encuentran las juristas Ángela María Buitrago Ruiz, Amelia Pérez Parra y Luz Adriana Camargo Garzón.

En la pasada votación del 8 de febrero, ninguna de las tres aspirantes logró conseguir el mínimo de votos de los magistrados, que por ley serían 16 de los 23 juristas que eligen en la Corte, es decir, la mayoría calificada.

Según el cronograma oficial de la Corte Suprema, correspondía elegir a la nueva fiscal general el 7 de diciembre de 2023. Sin embargo, no hubo quórum, por lo que se reprogramó para el 25 de enero, cuando no se lograron los 16 votos necesarios para una de las postuladas.

Tras las rondas de votaciones, que no arrojaron el nombre de la nueva fiscal general, las presiones nacionales —cristalizadas en una movilización el 8 de febrero— e internacionales llegaron a un punto máximo.

Organismos internacionales como la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina para los Derechos Humanos de Naciones Unidas manifestaron su preocupación por el retraso y pidieron que se eligiera a la nueva titular del ente acusador lo más pronto posible, lo que fue considerado por algunos dirigente opositores como una intromisión en los asuntos internos del país.

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