Las Fuerzas Armadas de Ecuador continuarán "manteniendo el control y el orden en todo el territorio nacional luego de finalizado el estado de excepción", de conformidad con el decreto que promulgó el presidente Daniel Noboa relativo a la existencia de "un conflicto armado interno", informó el Ministerio de Defensa ecuatoriano en un comunicado difundido este lunes en su cuenta de X.
"Las Fuerzas Armadas, respaldadas por la ciudadanía con más del 90 % de credibilidad, mantendrán su presencia a lo largo y ancho del territorio nacional con acciones contundentes para devolver la paz y seguridad al Estado ecuatoriano. Así también continuarán los controles en los Centros de Privación de Libertad al ser estos declarados como zonas de seguridad", se lee en el texto.
Entre otros argumentos se señala que durante el régimen de excepción, las fuerzas castrenses realizaron "más de 272.000 operaciones" destinadas a "golpear a las estructuras terroristas", que se tradujeron en la incautación de "armas, municiones y explosivos", así como más de siete toneladas de sustancias ilícitas y "140.300 galones de combustible", al tiempo que "se detuvo a varios sujetos miembros de organizaciones narcoterroristas".
"El Ministerio de Defensa Nacional, además de apoyar la labor que realizan las Fuerzas Armadas, respalda firmemente la lucha que el Gobierno nacional ha emprendido para recuperar la paz, el control y el orden en beneficio de todos los ecuatorianos", concluye el documento.
Conflicto armado persistente
Previamente, la Presidencia de la República publicó un comunicado en el que Noboa reconoce, mediante Decreto Ejecutivo Nº 218, "la persistencia de un conflicto armado interno a cargo de grupos armados organizados", en virtud de lo cual se dispusieron un conjunto de medidas, que permiten la permanencia de la fuerza pública en las calles.
Así, las Fuerzas Armadas deberán "ejecutar operaciones militares para prevenir y erradicar la actividad de grupos armados organizados" en Ecuador, militares y policías tendrán que "continuar con el despliegue operacional y táctico requerido para neutralizar los ataques armados, amenazas o riesgos orquestados por el crimen organizado, grupos armados organizados o terroristas".
Del mismo modo se establece que los centros de privación de libertad funcionarán como "zonas de seguridad", lo que implica que la seguridad y el control del orden en esos recintos correrá por cuenta de efectivos militares.