El próximo domingo 21 de abril los ecuatorianos volverán a las urnas —apenas seis meses después de las presidenciales anticipadas— para votar en una consulta popular y referéndum promovido por el mandatario, Daniel Noboa.
Los ciudadanos deberán responder "sí" o "no" a cinco preguntas de referéndum que plantean reformas a la Constitución, y seis de la consulta popular.
En las preguntas del referéndum, se pide la opinión de los ecuatorianos sobre el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas en las funciones de la Policía Nacional para combatir el crimen organizado; la posibilidad de que el Estado ecuatoriano reconozca el arbitraje internacional como método para solucionar controversias en materia de inversión contractuales o comerciales; así como realizar enmiendas para el contrato de trabajo a plazo fijo y por horas, cuando se celebre por primera vez entre el mismo empleador y trabajador.
En tanto, en lo que respecta a la Consulta Popular, los votantes deberán manifestar si están de acuerdo con que las Fuerzas Armadas realicen controles permanentes en las rutas para el ingreso a los centros de rehabilitación social, que se incrementen las penas en varios delitos, con que las personas privadas de la libertad cumplan la totalidad de su condena dentro de las cárceles al ser sentenciados por determinadas acusaciones.
También se les consulta si aprueban o no que se tipifique el delito de tenencia o porte de armas que son de uso de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional, con que las armas o accesorios que fueron instrumentos u objeto material de un delito puedan destinarse al uso inmediato de la fuerza pública y con que el Estado proceda a ser el propietario de los bienes de origen ilícito o injustificado.
Violencia
Cuando faltan pocos días para este proceso, en el país continúan los hechos de violencia, pese al decreto de estado de excepción y la declaratoria de un conflicto armado interno, que ha permitido la actuación de las Fuerzas Armadas contra diversas organizaciones del crimen organizado, definidas por el Ejecutivo como "terroristas".
Durante el asueto de Semana Santa, en la nación andina se registraron al menos tres masacres. El viernes 29 de marzo, unos 20 individuos fuertemente armados secuestraron a 11 personas (seis adultos y cinco niños) en Puerto López, Manabí y cinco de ellos (todos adultos) fueron asesinados; la acción, según las autoridades, fue un "error" de las organizaciones criminales, que habrían confundido a las víctimas con integrantes de una banda rival.
La noche de ese mismo día, en Manta, también Manabí, cuatro personas murieron por otro ataque, entre ellas se encontraba un militar en servicio activo. Mientras que el sábado, otra agresión se saldó con ocho muertos y 10 heridos en el sur de Guayaquil.
Estos hechos continuaron y la noche del lunes, también en Manta, tres personas fueron asesinadas y una resultó herida luego de un nuevo ataque armado.
Previamente, la noche del miércoles 27 de marzo hubo un motín en el Centro de Rehabilitación Social Masculino Guayas No. 4, que dejó un saldo de tres reos muertos y seis heridos.
Tres días antes de esto, se registró el asesinato de Brigitte García, alcaldesa de San Vicente, en Manabí —la burgomaestre más joven de Ecuador, de 27 años—; así como el de su director de Comunicación, Jairo Meza.
Respecto a los últimos hechos de violencia, durante una visita el martes a Manta, la ministra de Gobierno y del Interior, Mónica Palencia, dijo en declaraciones a la prensa: "No podría decir que hay una causa única. En un primer momento se nos informó que hay peleas entre bandas por control de espacio. También hay una respuesta al Gobierno nacional porque curiosamente no se mata de a uno. Hay una necesidad, y quiero decir esto con cautela, de boicotear la consulta popular donde el pueblo ecuatoriano tiene claro un respaldo a las fuerzas del orden".
Asimismo, el pasado lunes, desde la cárcel de Turi, en la provincia de Azuay, Noboa aprovechó para hablar de la consulta popular y comentó que los grupos delictivos están en contra de este proceso.
"Nos quedan tres semanas para una consulta, en la cual, ya públicamente los grupos terroristas han dicho que están totalmente en contra. Están en contra de la extradición, están en contra de que haya presencia militar en las cárceles", dijo, citado por Primicias.
Al siguiente día y en consonancia, el secretario de Comunicación de la Presidencia, Roberto Izurieta, señaló que la delincuencia organizada no quiere la consulta popular.
"La gran mayoría de las preguntas de la consulta popular afecta a la delincuencia organizada. El propósito general de este proceso es establecer los mecanismos permanentes para no seguir en este círculo de decretos de emergencia y volver a lo mismo", mencionó, en entrevista con Teleamazonas.
Campaña
La campaña por la consulta popular y el referéndum, según lo establecido por el Consejo Nacional Electoral (CNE), es desde el 7 al 18 de abril. No obstante, el mandatario ha aprovechado algunos actos públicos para pedir que voten a favor.
Por ejemplo, lo hizo el pasado 11 de marzo durante un acto de la Policía Nacional, donde comentó: "Es momento de proteger lo que hemos ganado, requerimos reformas urgentes que nos permitan blindar nuestra seguridad, endurecer penas a delitos como el terrorismo y el narcotráfico, y además debemos promover el empleo y crear oportunidades para ofrecer un mejor futuro a nuestros jóvenes. Este proceso solamente puede continuar, solamente puede sostenerse si le damos a la Policía y a las Fuerzas Armadas el respaldo claro y firme que estamos planteando en la consulta popular".
A mediados de marzo, organizaciones sociales, políticas y sindicales de Ecuador dieron a conocer la conformación del 'Frente Nacional por el No a la Consulta Popular'. Entre otros, lo integran el indigenista Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik, el Partido Comunista del Ecuador (PCE), el Movimiento Guevarista, Unidad Popular, la Unión General de Trabajadores del Ecuador (UGTE), la Unión Nacional de Educadores (UNE), el Comité Popular 15 de Noviembre, el colectivo Yasunidos y la Coordinadora por la Paz, la Soberanía, la Integración y la No Injerencia.
"Es una consulta innecesaria, inoficiosa y que no va a resolver los problemas y necesidades del pueblo ecuatoriano, como salud, educación y empleo", dijo José Villavicencio, presidente de la UGTE, entonces.
A principios de marzo, el Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó la calificación de 10 organizaciones políticas y sociales para hacer campaña por el sí y el no en la consulta popular y referéndum.
Pachakutik fue la única calificada para promover el "no" en todas las interrogantes; mientras que otros movimientos fueron aprobados para impulsar el "no" en algunas de las preguntas, ya que la mayoría de ellos se oponen las cuestiones relacionadas con darle la posibilidad al Estado de reconocer arbitrajes internacionales para solucionar controversias sobre inversión, contractuales o comerciales; y la que tiene que ver con la instauración del trabajo por horas.
"Impulsaremos al 'no' en las preguntas del arbitraje y el trabajo por horas [...] Estamos por la seguridad, la soberanía y el empleo digno", aseguró Andrés Quishpe, presidente de la UNE Nacional, cuando se dio a conocer el Frente por el No.
Entretanto, Villavicencio mencionó que "en el fondo, el Gobierno lo que busca es romper el candado constitucional del artículo 327 de la Constitución", donde "se prohíbe el trabajo por horas, la precarización, la intermediación y la tercerización laboral".
Desde el izquierdista movimiento Revolución Ciudadana (RC), que lidera el expresidente Rafael Correa (2007-2017), emitieron un comunicado el miércoles, en el que también señalan que la consulta popular "es innecesaria".
De acuerdo con la agrupación política, los temas que se abordan en ese proceso electoral se podrían tratar de "inmediato" en la Asamblea Nacional y a "costo cero"; señalando que "es inmoral gastar 62 millones de dólares en la situación actual" del país.
"Incluso nuestra bancada presentó dichas reformas legales en materia de seguridad y el pleno no las trató [...] Lo que propone Daniel Noboa es un derroche de dinero para lanzar su campaña anticipada (por las presidenciales de 2025) y pagada por los ciudadanos", reclamó el movimiento.
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