El vocero presidencial de Argentina, Manuel Adorni, aseguró este jueves que "un paro a base de pedrazos, extorsión y amenazas, no es un paro" y consideró que el actual Gobierno "tuvo más paros que leyes hasta ahora".
"Juegan con el miedo de la gente y los empresarios a través del amedrentamiento", comentó en rueda de prensa.
El movimiento obrero organizado realiza este jueves un paro nacional de 24 horas contra el ajuste del Gobierno de Javier Milei. Los principales gremios paralizan la actividad en todo el país con la mirada puesta en el Senado por el tratamiento de la ley Bases, una iniciativa del oficialismo que avanza sobre los derechos laborales.
Adorni consideró que "no tiene nada que ver el paro de hoy con el debate sobre la reforma laboral de la ley Bases". "Es un paro netamente político e inentendible", añadió el portavoz quien, sin embargo, puntualizó que "el diálogo estará abierto con el sindicalismo".
También reiteró que "el salario es la contrapartida del trabajo" y que quien se adhirió al paro "no recibirá el pago por el día laboral".
En sus redes sociales, el presidente ironizó sobre el asunto. "Nota de color. ¿Saben cómo se dice Faraón en hebreo? Les cuento: Paro. A buen entendedor pocas palabras bastan. Viva la libertad carajo", escribió.
Una situación crítica
La huelga de este jueves es la segunda medida de fuerza de este tenor contra la administración libertaria, y fue convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT), la central sindical más importante y representativa del país.
Pero la ley Bases no es el único motivo que ha impulsado en los últimos días protestas, cortes de calles, marchas masivas como la del 1 de mayo y asambleas en todos los sectores.
La pérdida del poder adquisitivo de los salarios y las jubilaciones es otro factor determinante para la huelga. Aunque la retracción del consumo contuvo la suba de la inflación en los últimos meses, la tasa mensual sigue siendo alta -por encima del 10 %- y el acumulado interanual fue de 287,9 % en marzo.
En los sectores más desfavorecidos la situación es crítica. Los comedores comunitarios denuncian que el Gobierno ha dejado de enviar alimentos, mientras la pobreza ya supera el 50 %, según estimaciones privadas.
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