El presidente de Argentina, Javier Milei, tendrá 'superpoderes' durante un año para decretar todo tipo de medidas. Una decena de empresas estatales serán privatizadas. El derecho de huelga estará limitado y los empleadores podrán despedir con mayor flexibilidad a los trabajadores. Gran parte de la población no podrá acceder a una jubilación.
Estos son algunos de los puntos de la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos que aprobó este martes la Cámara de Diputados y que generó una polémica inmediata por el impacto que tendrá en la sociedad del país sudamericano.
Luego de una sesión maratónica que comenzó el lunes al mediodía, los diputados oficialistas y sus aliados votaron a favor de la Ley, en lo general y en lo particular. Ahora, el proyecto pasará para su análisis en el Senado, que deberá ratificarlo o rechazarlo.
Los diputados también aprobaron el paquete de reformas fiscales que promueve el oficialismo, y que incluye la restitución del Impuesto a las Ganancias para los trabajadores en relación de dependencia.
Ese tributo había sido parcialmente eliminado a fines del año pasado, cuando el exministro de Economía y candidato presidencial Sergio Massa elevó el piso salarial a partir del cuál los salarios de los trabajadores son alcanzados. La medida fue incluso votada posteriormente en la cámara baja por el entonces diputado Javier Milei, que calificó el impuesto como "aberrante".
La votación de este apartado logró 132 votos positivos y 113 negativos. Casi un millón de trabajadores podría volver a pagar impuesto a las Ganancias si el Senado sanciona la normativa.
Se aprobaron también cambios en el régimen de monotributo, el impuesto que pagan los trabajadores autónomos, como comerciantes o empleadas domésticas. A propuesta del Gobierno, se elevaron así las escalas que se abonan mensualmente a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), y que permite hacer aportes jubilatorios y para obra social (cobertura médica).
Como contrapartida, la Cámara de Diputados avaló la reforma a los bienes personales, que establece una fuerte reducción en este tributo que abonan los más ricos. El mínimo no imponible subiría de 11 millones de pesos (12.546 dólares) a 100 millones de pesos (114.059 dólares), informó La Nación.
El primer capítulo de la Ley Bases es uno de los más controvertidos, ya que declara la emergencia pública y delega en el presidente facultades absolutas en las materias administrativa, económica, financiera y energética, lo que significa que Milei podrá tomar todo tipo de medidas en esas áreas durante un año, sin necesidad de pasar por el aval del Congreso.
Por eso, la prensa local bautizó esta reforma, que consta de apenas tres párrafos, como el proyecto de "los superpoderes".
Patrimonio en venta
El segundo capítulo propone una reforma del Estado que, al igual que ocurrió en la década de los 90, autoriza la privatización total o parcial de empresas públicas estratégicas como Aerolíneas Argentinas, Agua y Saneamientos Argentinos, Energía Argentina, Radio y Televisión Argentina y Ferrocarriles Argentinos.
Otras empresas estatales afectadas son Corredores Viales (concesionaria de rutas, autopistas y autovías nacionales), Intercargo (servicios de asistencia en tierra a aerolíneas), Belgrano Cargas (trenes de carga), Nucleoléctrica Argentina (opera las centrales nucleares de Argentina) y Yacimientos Carboníferos Río Turbio (productora de energía).
Como parte de la negociación parlamentaria, el Gobierno aceptó excluir de la lista al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), el instituto científico más importante del país y uno de los más prestigiados a nivel mundial; y el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa), que han sido objeto de ataques por parte de Milei.
También fueron sacadas de la lista de "privatizables" la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, el Ente Nacional de Comunicaciones, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, la Comisión Nacional de Valores y la Unidad de Información Financiera, entre otras.
¿Derechos?
Las y los trabajadores representan uno de los sectores más afectados por una reforma que facilita despidos, favorece la precarización y beneficia sobre todo a los empleadores, y que fue aprobada justo en vísperas del 1 de mayo, fecha en la que en todo el mundo se conmemora el Día Internacional de las y los Trabajadores.
Por ejemplo, el periodo de prueba que debe cumplir un trabajador antes de que el empleador lo contrate aumenta de tres meses a un año. Al término de ese plazo, los jefes o patrones pueden despedirlo sin indemnización alguna.
Además, un empleador que tiene hasta un máximo de cinco trabajadores no tendrá la obligación de reconocer la relación de dependencia con ellos, lo que permitirá que no pague los aportes patronales que abarcan jubilaciones y seguro médico, entre otros derechos.
Por otra parte, los empleadores que decidan registrar a los trabajadores que han mantenido durante años en relación irregular, no recibirán sanciones por haber evadido los aportes de esos empleados.
Otro artículo reemplaza las indemnizaciones laborales por un "fondo de cese" que es financiado por cada trabajador, lo que implica que serán ellos, y no los empleadores, quienes abonarán sus propias liquidaciones, cuando eventualmente sean despedidos.
En el caso de los trabajadores estatales, se les descontarán de su salario las horas cuando realicen huelgas, lo que limita este derecho constitucional.
Jubilaciones
La Ley Bases aumenta la edad de jubilación de las mujeres de 60 a 65 años y elimina el sistema conocido como "moratoria previsional" que permitía que las personas que no alcanzaron los 30 años de aportes también pudieran jubilarse.
El problema es que la tasa de empleo informal o no registrado en Argentina es de casi el 50 %, lo que implica que la mitad de las y los trabajadores nunca suma los aportes necesarios para garantizar una jubilación que, con esta reforma, de plano queda eliminada.
Más cambios
La soberanía energética también está en juego, porque la producción de hidrocarburos por parte de la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF, estatizada en los 90 y reestatizada en 2012) deja de ser considerada "de interés nacional" y ya no será prioritaria para el abastecimiento interno, por lo que se podrá exportar sin límites y con precios desregulados.
Parte de la oposición logró incluir en el paquete de reformas fiscales el impuesto a las tabacaleras, un artículo que era resistido por el oficialismo y cuya discusión estaba teñida por versiones de 'lobby' empresarial.
El resultado fue muy ajustado: 82 votos afirmativos, 77 votos negativos y 69 abstenciones.
En caso de que el Senado apruebe la iniciativa, la tabacalera Sarandí, que domina el 33 % de mercado y que se beneficiaba por ofrecer cigarrillos a menor precio producto de las ventajas impositivas de las que gozaba por un fallo judicial, volverá a pagar la alícuota del 73 % de los impuestos internos al tabaco (actualmente paga el 70 %).
Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!