Fuego cruzado en Perú: denuncian al fiscal de la Nación que enfrenta a Boluarte

En el gabinete alertan de un "acoso sistemático" luego de las medidas tomadas, en el marco de las investigaciones contra la mandataria peruana.

El fiscal de la Nación interino de Perú, Juan Carlos Villena, fue denunciado constitucionalmente ante el Congreso de la República en respuesta a la demanda que él presentó contra la presidenta Dina Boluarte, informaron este jueves medios locales.

El ciudadano Jhon Carlos López Goicochea, quien según reportes tiene vínculos con personas cercanas al Gobierno, introdujo su medida ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales por presunta infracción de la Constitución y vulneración dolosa al código procesal penal.

"El fiscal de la Nación en plena inobservancia dolosa de la función principal de defensor de la legalidad de los preceptos constitucionales, formula denuncia constitucional a la presidenta por un delito común, contraviniendo en el espíritu del precepto constitucional", alega López.

El lunes anterior, Villena entabló una denuncia constitucional contra Boluarte por presunto cohecho pasivo impropio en agravio del Estado, traducido como soborno, por el caso Rolex que incluye "préstamos" de lujosos relojes y joyas por parte de un gobernador regional.

Sumado a esto, el miércoles la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Parlamento aprobó por mayoría un proyecto de ley que resta competencias al Ministerio Público.

"El dictamen devuelve la investigación preliminar a la PNP [Policía Nacional del Perú], como era antes y como es en todos los países civilizados del mundo: la Policía investiga y la Fiscalía procesa a los delincuentes", dijo el congresista impulsor de la medida, el fujimorista Fernando Rospigliosi.

Críticas constantes

El domingo pasado, el jefe del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, acusó una "persecución judicial" contra la jefa de Estado. Una línea que han continuado en el gabinete.

La mañana de este jueves la ministra de Vivienda, Hania Pérez de Cuéllar, aseguró que desde el Ejecutivo han "salido a defender el Estado de derecho, a defender el artículo 117 de la Constitución".

Dicha norma establece que un mandatario en Perú solo puede ser acusado durante su gestión bajo cuatro causales y no contempla corrupción. Una discusión que ha encendido los debates y provocado, inclusive, una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional.

"Hay una campaña sistemática de desestabilización", afirmó Pérez en el programa 'La Rotativa del Aire', de la emisora local RPP. Sorprendidos, los conductores le preguntaron a quién aludía, a lo que la ministra respondió: "Me refiero a la Fiscalía".

Por su parte, el ministro de Educación, Morgan Quero, quien ya había advertido de un "golpe blando" recientemente, insistió en su posición. "Ha habido un acoso sistemático en las últimas semanas", dijo a periodistas desde la región de Piura.

"La investigación a cualquier funcionario debe proceder, pero en el caso de la presidenta constitucional y de cualquier presidente de la República, se tiene que hacer sin menoscabo de su investidura", manifestó Quero.

Quero, quien fue jefe del gabinete de asesores de Boluarte, mencionó las diferentes denuncias, "a veces sin corroborar" que han introducido contra la mandataria, "detenciones arbitrarias por parte de la Fiscalía" y un allanamiento "que ha ido más allá de lo que corresponde a la alta investidura de la presidenta".

El pasado 10 de mayo, fue detenido el hermano de la jefa de Estado, Nicanor Boluarte, señalado de liderar una presunta organización criminal. Mientras que en marzo pasado, fiscales y policías entraron por la fuerza a la vivienda de la exvicepresidenta en el distrito de Surquillo (Lima), por el 'Rolexgate'.

Villena, quien tiene un perfil bajo, no se ha pronunciado al respecto. Sin embargo, este jueves el Ministerio Público anunció que el fiscal se reunirá el 3 de junio con el ministro del Interior, Juan Santiváñez, y dejó un mensaje.

"El Ministerio Público reitera su compromiso de prevenir y perseguir el delito, a la vez que reafirma su disposición de mantener estrecha coordinación con las instituciones que conforman el sistema de administración de justicia en beneficio de la ciudadanía", escribió en X.

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