El Senado de Argentina comenzó este miércoles la sesión para debatir la Ley Bases, uno de los proyectos fundamentales del presidente Javier Milei, en un clima de extrema tensión política, incertidumbre por los resultados, protestas en las calles y un escándalo de última hora.
Al comienzo del debate, la ley tiene garantizado el voto de 36 de los 72 senadores que integran la Cámara Alta, pero necesita por lo menos uno más para que el Gobierno se asegure una victoria y evada el riesgo de empate. La oposición, en tanto, confía en que ya cuenta con 36 votos en contra.
Las negociaciones por cada uno de los votos han sido frenéticas y cambian el panorama minuto a minuto. La víspera, por ejemplo, los senadores José María Carambia y Natalia Gadano convocaron a no dar cuórum, lo que puso en riesgo la sesión.
Más tarde, los senadores Martín Lousteau y Maximiliano Abad garantizaron su presencia en el recinto, lo que terminó con las especulaciones de si habría o no debate.
Las dudas giraron entonces hacia un posible empate, lo que abre un complejo escenario porque, en una situación normal, le tocaría desempatar a la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien a su vez también es presidenta del Senado. Esto significa que el oficialismo lograría la aprobación de la Ley.
Sin embargo, esta noche el presidente viajará a Italia para participar en la Cumbre del G7, por lo que a partir de ese momento Villarruel tendrá que ejercer como presidenta del país, lo que impide su participación en el debate en el Senado.
¿Desempate?
De hecho, se especula con que la oposición estirará al máximo la discusión parlamentaria para que, en cuanto parta Milei, Villarruel ya no pueda estar en el recinto y su lugar como presidenta del Senado sea ocupado de manera provisoria por el senador oficialista Bartolomé Abdala.
El problema para el Gobierno es que, a diferencia de Villarruel, en caso de empate, la oposición ya advirtió que Abdala no podría definir porque no puede ejercer dos votos (uno como senador y otro como presidente del Senado).
Así, la Ley Bases volvería a fracasar, como lo ha hecho desde que fue presentada por Milei hace 6 meses, cuando asumió la Presidencia.
Por otra parte, aunque el Gobierno lograra la aprobación de la Ley, ni siquiera es el paso final, ya que, como sufrió cambios, tendría que volver para su discusión en la Cámara de Diputados, en donde ya había sido avalada a finales de abril.
A lo largo de estos 6 meses, el proyecto cambió radicalmente, ya que al principio fue bautizado como "Ley ómnibus" porque contenía 664 artículos que modificaban por completo el funcionamiento del país en materia económica, laboral, administrativa, energética y social.
Ahora, en cambio, después de múltiples recortes y modificaciones, ya solo cuenta con 232 artículos, pero sigue siendo impugnada, en particular, en los artículos que le delegan facultades especiales al presidente, que conceden inéditos privilegios impositivos a las empresas extranjeras y que privatizan compañías como Aerolíneas Argentinas.
Controversias
Mientras la sesión se realiza puertas adentro del Congreso, afuera se llevan a cabo masivas protestas convocadas por partidos de oposición, organizaciones sindicales, universitarias, de derechos humanos y múltiples colectivos.
De hecho, desde anoche ya hubo vigilias de manifestantes que piden a los senadores que voten en contra.
A la presión social se han sumado los escándalos. El lunes, por ejemplo, circuló un comunicado que supuestamente habían firmado 10 gobernadores de la coalición Juntos por el Cambio, que es aliada de Milei, pero un rato después varios gobernadores se deslindaron del pronunciamiento y aclararon que solo era un borrador.
En la tarde del martes estalló otra polémica, ya que se confirmó que el Gobierno propuso formalmente a la senadora Lucila Crexell, de la coalición Juntos por el Cambio, para que ocupe el cargo de embajadora en la Unesco, que tiene sede en París, con un salario cercano a los 15.000 dólares mensuales.
Pero Crexell sigue ocupando su curul, por lo que su voto será fundamental en la sesión de este miércoles, y esto motivó que la oposición denunciara que el Gobierno estaba comprando votos.
En medio del escándalo, la senadora reconoció que votará a favor de la Ley Bases, pero garantizó que lo hará convencida y no porque el Gobierno le haya ofrecido un cargo diplomático tan relevante.