La violencia que se ha recrudecido en varias ciudades colombianas, en medio de los enfrentamientos de bloques de las disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y la fuerza pública, tiene como telón de fondo un fenómeno persistente: el narcotráfico.
Esta semana, el presidente colombiano, Gustavo Petro, pidió al Ejército culminar la "ofensiva total" contra las llamadas disidencias de 'Iván Mordisco', con las que suspendió el diálogo debido a incumplimientos del cese al fuego, levantado en marzo pasado en los departamentos del Cauca, Valle del Cauca y Nariño.
En las últimas semanas se han registrado una serie de atentados con explosivos que han dejado por lo menos dos muertos y varios heridos en las cercanías de estaciones policiales, que se encuentran principalmente en zonas rurales del Cauca, bastión del llamado 'Estado Mayor Central' (EMC), y Valle del Cauca. Con estas acciones hostiles de contexto, la población civil se ha visto atrapada en el fuego cruzado entre los grupos armados y el Ejército.
Narcotráfico y población civil
En entrevista con RT, el defensor de los derechos humanos y licenciado en Filosofía, Andrés Camilo Rodríguez, afirmó que el país suramericano "desde hace varios años no vivía hechos de violencia de tal magnitud".
Rodríguez considera que entre las tareas importantes, se encuentra el "combatir mediante una nueva política de drogas a las estructuras dedicadas al narcotráfico".
"Este fenómeno del narcotráfico es uno de los que estimula la sostenibilidad de la guerra, más allá de que paralelamente se generen diálogos de paz", dice el experto.
El presidente colombiano se ha referido en reiteradas oportunidades al sometimiento de la población civil, por parte del EMC, para continuar con el negocio del tráfico de estupefacientes, y como reacción a las operaciones militares en la zona.
Por ello, el analista consultado sostiene que en la medida en que no se supere ese flagelo, "mediante una política de drogas integral, moderna, pensada en justicia y derechos", será "muy difícil que estas regiones superen los escenarios de violencia".
La vía del diálogo
Si bien la ruptura en el cese bilateral con el EMC "generó una respuesta bélica" por parte del grupo armado, además del rechazo a esa reacción, "debe existir una exigencia a las disidencias para que generen hechos de confianza y muestras de voluntad de paz", afirma Rodríguez. Si esto no ocurre, "será muy difícil transitar a la consolidación de los diálogos con esa estructura armada y avanzar en el proyecto de paz total".
Rodríguez manifiesta que es "importante hacer un llamado a reactivar la negociación" y llegar a "compromisos claros sobre el cese de la violencia, especialmente en las regiones y territorios apartados en Colombia".
De no ocurrir esto, señala el también columnista, le corresponde al Gobierno "tomar medidas oportunas, eficientes" con la finalidad de "confrontar, mitigar y superar" los hechos de violencia.
La población civil, la más golpeada
Los ataques contra la fuerza pública causan víctimas en "familias, sociedad civil y comunidades históricamente vulneradas en los territorios", dice Rodríguez.
El analista también considera que deben buscarse "métodos, rutas y estrategias" para "mitigar progresivamente y eliminar los escenarios de conflicto armado y de violencia" en las regiones afectadas por los enfrentamientos y acciones hostiles.
Asimismo, el defensor de los derechos humanos sostiene que el Gobierno debe generar un "despliegue estratégico de su institucionalidad" para "generar acciones" que busquen "garantizar los derechos, en perspectiva del cuidado de la vida en las comunidades".
Finalmente, Rodríguez afirma que debe aumentarse el relacionamiento y los niveles de cooperación internacional "para poder desarrollar un conjunto de escenarios de veeduría, de acompañamiento y de seguimiento a los procesos de implementación de los ceses bilaterales".