Las elecciones presidenciales en Venezuela dejaron como ganador al actual presidente, Nicolás Maduro, tal como lo anunció el Consejo Nacional Electoral (CNE). Sin embargo, algunos países han decidido desconocer el escrutinio y atribuir el triunfo comicial al opositor Edmundo González Urrutia.
El primero fue Perú, en palabras de su canciller Javier González-Olaechea, que consideró a González Urrutia como el verdadero triunfador de los comicios. En diálogo con la prensa local, señaló el martes que una vez termine el mandato de Maduro, pasaría a ser un Gobierno 'de facto'.
"Esta posición es compartida por numerosos países, Gobiernos y organismos internacionales", aseguró González-Olaechea, aunque en ese momento Perú era el único en expresarlo públicamente.
El jueves, el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, publicó en su cuenta de X que los datos "demuestran abrumadoramente la voluntad del pueblo venezolano", aunque hacía alusión al recuento de una página web creada por la oposición, sin validez legal para certificar los sufragios.
"El candidato de la oposición democrática Edmundo González obtuvo la mayor cantidad de votos en las elecciones del domingo. Los venezolanos han votado y sus votos deben contar", manifestó Blinken.
Mientras que este viernes, primero Argentina, luego Uruguay, Ecuador, Costa Rica, Panamá se unieron a esta tendencia e informaron que González Urrutia es el presidente electo de Venezuela.
Por su parte, Guatemala desconoció el resultado electoral, al considerar que "no contó "con las garantías correspondientes" y no respetó "la voluntad popular expresada por el pueblo venezolano en las urnas", pero se abstuvo de respaldar directamente a González Urrutia.
El viernes, no obstante, la Cancillería argentina matizó la postura de la titular de Exteriores, Diana Mondino, y afirmó que seguía "con extrema atención y preocupación" los acontecimientos en Venezuela, con el propósito de pronunciarse "en forma definitiva", sin el reconocimiento expreso del excandidato opositor como ganador de los comicios.
¿'Guaidó 2.0'?
En enero de 2019, el diputado opositor Juan Guaidó se autojuramentó en una plaza como "presidente interino" de Venezuela, desconociendo la victoria de Maduro en 2018.
Inmediatamente más de medio centenar de naciones, con EE.UU. y la Unión Europea a la cabeza, lo reconocieron y avalaron la instauración de una especie de Gobierno paralelo.
No obstante, el supuesto interinato de Guaidó –marcado por actos de corrupción y usurpación de funciones– fue perdiendo reconocimiento incluso dentro de sus propias filas hasta que, en abril de 2023, se mudó a la ciudad de Miami, donde reside actualmente.
El lunes, luego de ser proclamado por el CNE, Maduro denominó esta nueva estrategia como una "una especie de Guaidó 2.0".
"No es la primera vez que enfrentamos lo que hoy estamos enfrentando. Se está intentando imponer en Venezuela un golpe de Estado, nuevamente, de carácter fascista y contrarrevolucionario", subrayó Maduro.
¿Condenado al fracaso?
Este viernes la Cancillería de Venezuela denunció que el Gobierno de EE.UU. está al frente del intento de un golpe de Estado, a través de la promoción de "una agenda violenta en contra del pueblo venezolano y sus instituciones".
Caracas calificó de "perversa maniobra" de Washington el empleo de "la mentira y la manipulación", a través de "grandes poderes de la comunicación global" y redes sociales, con la finalidad de "generar una narrativa falsa, que desemboque en violencia callejera".
La oposición radical, por su parte, insiste en poner en duda el cómputo de votos y atribuye la victoria a su candidato. Su estrategia ha sido la creación de una página web, sin validez oficial, para asegurar que ganaron los comicios.
El argumento ha sido secundado por algunos gobiernos, como el de Uruguay. "Surge con total contundencia que el candidato Edmundo González Urrutia fue el candidato a la Presidencia que recibió la mayoría de votos", reza un comunicado de la cancillería uruguaya, a pesar de que ese registro no es vinculante.
Entretanto, Brasil, México y Colombia llamaron al CNE a divulgar "públicamente los datos desglosados por mesa de votación", al tiempo que optaron por dirimir esta controversia "por la vía institucional".