El Senado de Argentina será el escenario de dos audiencias públicas en siete días para la designación de dos jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), a fin de completar la nómina de cinco miembros establecida por ley.
Este miércoles, Ariel Oscar Lijo se presentó ante la la Comisión de Acuerdos del Senado para defender el pliego de su postulación presentado en marzo por el gobierno de Javier Milei. El miércoles 28 de agosto será el turno de Manuel José García-Mansilla, el otro elegido del presidente para ocupar el máximo órgano judicial.
La nominación de Lijo, juez federal de los tribunales de Comodoro Py, en Buenos Aires, abrió otra grieta al interior de la gestión libertaria, en medio de las tensiones entre sus principales dirigentes. Si bien cuenta con el apoyo del mandatario, la vicepresidenta Victoria Villarruel ha expresado su desacuerdo con la postulación poniendo en duda la "honestidad" de Lijo.
"Le agradezco al presidente de la Nación por haberme nominado, es el máximo desafío que puede aspirar un abogado", dijo Ariel Lijo al inicio de su presentación.
La Comisión de Acuerdos del Senado recibió 34 impugnaciones a la candidatura del juez federal Lijo. "En 20 años no recibí una sola sanción del Consejo de la Magistratura, nunca, ni una sola sanción", se defendió. Y aseguró que cumple "con todos los requisitos" que establece la Constitución para acceder al cargo.
Ambas nominaciones permitirán restablecer el número de ministros del máximo tribunal de Justicia a cinco miembros, actualmente con cuatro, pero cerca de quedar con tres tras la renuncia de Juan Carlos Maqueda, que cumplirá 75 años, edad máxima permitida, el 29 de diciembre próximo.
Una elección controversial
"No creo que haya sido la mejor elección y simplemente ha sido una candidatura controversial. Todos hubiéramos querido tener un candidato que nos enorgullezca, que va a poder desenvolver la más alta judicatura con la suficiente rectitud, honestidad y sabiduría posible; y no es este el caso", dijo este martes la número dos del Ejecutivo.
Las declaraciones de Villarruel se dieron un día antes de la presentación de Lijo ante el Senado para defender su pliego, en un acto del Colegio de Abogados de Buenos Aires, reportó La Nación.
Allí, la vicepresidenta también hizo mención a una cuestión de género, ya que tras la salida de Elena Highton de Nolasco en 2021 no quedan mujeres en la Corte, aunque aclaró que no lo hacía desde un punto de vista feminista.
"Por empezar, está reemplazando la banca de una mujer y hay mujeres brillantes dentro del ámbito del derecho, con lo cual me hubiera gustado que la candidata fuera una mujer; y lo digo desde quien no es feminista, sino que está pensando en una situación de simple justicia", manifestó.
Según Villarruel, quien también es abogada, la candidatura de Lijo que promueve Milei es "controversial": "Ha partido mucho a la sociedad su candidatura, entre los que están a favor y en contra. Es un juez controversial que no contaría con los pergaminos necesarios para ser juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación".
Juez polémico
El juez Lijo lleva 20 años como titular del Juzgado Federal Nº 4 de Comodoro Py, estrados que desde el kirchnerismo bautizaron irónicamente "Comodoro Pro", por sus presuntos vínculos con la fuerza política del expresidente Mauricio Macri.
Lijo ha tenido a su cargo la causa por enriquecimiento ilícito contra Amado Boudou, el exvicepresidente de Cristina Fernández de Kirchner que fue condenado y detenido por ese proceso.
También llevó adelante la investigación contra Mauricio Macri por la denuncia del Correo Argentino por un acuerdo "abusivo", realizado durante su presidencia, por la deuda que la empresa de su familia mantenía con el Estado. Macri nunca fue citado a declarar.
Asimismo, Lijo tuvo en su despacho el expediente por el encubrimiento del atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), aunque fue apartado en 2017 por pedido de la querella.
Pero el expediente que despierta el rechazo de Villarruel es el que investiga el asesinato del extitular de la Confederación General del Trabajo (CGT), José Ignacio Rucci, en 1973. Eran tiempos de extrema violencia política en Argentina. El dirigente sindical fue baleado en un atentado de Montoneros, el grupo armado peronista de izquierda que había sido clave para lograr el regreso al país de Juan Domingo Perón, el líder del movimiento, luego de casi dos décadas de dictadura, exilio y proscripción.
Villarruel, hija y sobrina de militares, es una de las referentes de los grupos que exigen justicia para las víctimas del "terrorismo" político de aquella época, que en su mayoría pertenecían a las Fuerzas Armadas. En 2012, Lijo determinó que la causa por el crimen de Rucci no se trataba de un crimen de lesa humanidad, por lo que no quedaba sujeto a la cláusula de la imprescriptibilidad.
"No me gustó cómo actuó en la causa Rucci", dijo Villarruel sobre Lijo en marzo, en una entrevista. Y agregó que el juez elegido por Milei "facilitó que (la causa) esté en un limbo eterno".
Los candidatos necesitan el respaldo de dos tercios del Senado para ser nombrados por el Poder Ejecutivo como integrantes del máximo tribunal de Justicia del país.
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